(Columna de Daniel Artana, economista jefe de FIEL)
El cambio en varios miembros de Gabinete Nacional fue seguido de una negociación con Repsol para cerrar el litigio originado en la expropiación de una parte del capital accionario de YPF que tenía la empresa española. Sumado a la decisión de pagar los litigios perdidos en el CIADI, estos cambios se han interpretado como un acercamiento del Gobierno a posiciones más moderadas que podrían destrabar el funcionamiento de la economía en los próximos dos años. También el Gobierno ha sugerido que pretende acordar la evolución de salarios y precios de modo tal de asegurar un sendero menos traumático en materia inflacionaria. Y también se percibe una estrategia de comunicación diferente. Y en el frente monetario se acentuó el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial al mismo tiempo que se habría intervenido, vía operaciones con bonos, para reducir la brecha cambiaria con el dólar paralelo.
Sin embargo, un repaso rápido de los problemas de la macroeconomía argentina muestra que los cambios han sido insuficientes. La economía padece de un problema fiscal (el déficit genuino de la Nación y las provincias apunta a 5% del PIB este año) que, en su mayoría, se financia con emisión monetaria y uso de reservas internacionales. La primera es uno de los factores que explica la alta inflación argentina y el segundo es, por definición , transitorio. Esto ha quedado en evidencia al observar la caída de reservas en el transcurso del año a un ritmo de alrededor de US$ 1.000 millones al mes. Además hay problemas notorios de precios relativos, entre ellos, atraso cambiario cuya corrección requiere que en el futuro los costos laborales aumenten mucho menos que el tipo de cambio oficial. Y los subsidios a la energía y transporte, que han sido uno de los factores que explican el deterioro notable en las cuentas externas del sector.
Atender estos problemas requiere de la “pata” ortodoxa de cualquier programa de estabilización, que debe incluir una mejora apreciable en las cuentas fiscales de modo de reducir la dependencia del Tesoro del financiamiento del Banco Central.
En este frente, los anuncios han sido hasta ahora cosméticos. Por ejemplo, se ha enviado al Congreso una propuesta para aumentar a 50% nominal (100% efectivo) el impuesto a los automotores cuyo precio supere a los $210.000 a salida de fábrica. En el rango de precios de $170.000 a $210.000, el impuesto sería 30% nominal. El impacto de esta medida sobre la recaudación no parece importante porque ante tamaño aumento en la presión fiscal es de esperar que se reduzcan las ventas y que otras se desplacen hacia vehículos de menor valor. También es acotado el supuesto ahorro de divisas, dado el alto componente de partes importadas de los automotores fabricados en el país. Además, se pone un freno a un sector que explicó buena parte de la recuperación de la actividad industrial del corriente año.
Asimismo, la aparente decisión de lograr mayor ingreso de divisas asociada a proyectos de infraestructura o a inversiones en el sector petrolero depende, además de la decisión favorable de los inversores y prestamistas, del grado de avance de las obras. No parece prudente apostar a frenar la sangría de reservas únicamente por medio de estas nuevas formas de financiamiento. También se ha especulado con la posibilidad de vender bonos en dólares del sistema previsional (serían unos US$ 7.000 millones). Desde el punto de vista de los futuros jubilados, es una mala decisión desprenderse de activos en moneda extranjera en momentos de atraso cambiario. Pero es una forma menos visible e indirecta de colocar deuda pública externa.
La eventual normalización con el Club de París mediante un pago en cuotas requiere de una normalización en las relaciones con el FMI, que sería quien evaluaría la solvencia del país. Ello también llevaría varios meses.
En el corto plazo, la reacción de la autoridad monetaria ha sido acelerar el ritmo de depreciación del dólar oficial y acotar la brecha cambiaria vendiendo bonos en moneda extranjera. Hasta que no se normalice el ritmo de depreciación nominal del peso (entendiendo por tal a una devaluación consistente con la tasa de interés en pesos que desmotive la retención de dólares de los productores y el adelantamiento de importaciones) es difícil que se pueda frenar la pérdida de reservas.
De hecho, a pesar de los anuncios y decisiones adoptadas por el nuevo equipo de Gobierno, el Banco Central no pudo detener la reducción de sus activos en moneda extranjera. La caída en las reservas brutas de los US$ 43.000 millones logrados a finales del año 2012 a menos de US$ 32.000 millones ha sido muy importante. Debe recordarse que las reservas del Banco Central (netas) se ubican en algo menos de US$ 22.000 millones porque la autoridad monetaria tiene pasivos en moneda extranjera con otros bancos centrales y porque parte de las reservas brutas pertenecen a las entidades financieras. Además, no todas las reservas netas son líquidas, ya que incluyen la parte que se tiene en oro y en Derechos Especiales de Giro (DEG's). Para pagos de deuda o importar se requieren dólares líquidos. La estrategia del Gobierno parece ser sacrificar reservas hasta que maduren los ingresos de divisas asociados a las inversiones en petróleo y gas y se puedan recibir nuevos préstamos para obras de infraestructura.
Por las razones apuntadas anteriormente, el “timing” y el “quantum” de los dólares frescos que entrarían al país no es claro.
En el mismo sentido, el acuerdo de precios y salarios choca con los reclamos sindicales, luego de un año 2013 en el cual los ingresos de los trabajadores crecieron poco y nada en términos reales. Aceptar una pauta de aumento inferior a la inflación proyectada de 25% requiere de un programa monetario y fiscal creíble que brinde ciertas garantías de que la inflación bajará. Por ello, destrabaría las cosas que se avance en la pata ortodoxa del programa, pero esto requiere que por primera vez en muchos años se utilice capital político para atender problemas económicos.
