(Columna de Silvana Melitsko, economista de la Fundación Pensar)
Es alta la expectativa generada por el cambio de Gabinete acerca del nuevo rumbo que tomará la política económica de ahora en más. Lamentablemente, se han reducido los márgenes de maniobra, y todo parece indicar que aunque los cambios vayan en la dirección correcta, su impacto será limitado y llegarán demasiado tarde para corregir los desajustes en el frente externo y fiscal que se profundizaron desde 2007.
En esta columna queremos centrarnos en las medidas esperadas, cuáles podrían ser los resultados, y discutir si serán suficientes para dinamizar la economía en el mediano y largo plazos. Una de las prioridades del equipo económico será, casi con certeza, revertir la caída de reservas. Hasta hace poco se manejaba la hipótesis del desdoblamiento cambiario, alternativa que en los últimos días habría sido descartada. Sigue vigente, sin embargo, la idea de reducir el déficit generado por la balanza de turismo y las compras con tarjeta en el exterior, que según fuentes privadas este año alcanzaría los US$ 10.000 millones.
El turismo, junto con el complejo automotriz, el sector energético y los rubros de componentes y productos electrónicos, generarán un déficit comercial de alrededor de US$ 33.000 millones para este año. Parece difícil evitar en el corto plazo la sangría de divisas por los tres últimos rubros que son, por otra parte, muy elásticos respecto al nivel de ingresos. Un impuesto a la importación de bienes de lujo, en particular automóviles de alta gama, sería más que bien venido por razones de equidad, pero insuficiente para mover el indicador en términos de divisas. El déficit energético es casi imposible de reducir sin afectar de manera significativa la producción, y las posibilidades de sustituir importaciones en el rubro electrónico son muy limitadas.
En condiciones tan restrictivas por el lado de la cuenta corriente, es probable que los esfuerzos se concentren en promover y facilitar el ingreso de divisas desde el exterior, ya sea cerrando acuerdos de inversión con firmas extranjeras en condiciones excepcionalmente ventajosas (esto es, extender el “acuerdo Chevron” a otros sectores como el de la minería) o dar por finalizado el tantas veces celebrado desendeudamiento externo.
En el frente interno, sería esperable iniciar el proceso de normalización del Indec con el lanzamiento del nuevo índice de precios al consumidor nacional. Se trataría de una iniciativa para lograr prestigio y credibilidad a un costo presumiblemente bajo (blindaje legal mediante) que transmitiría señales de compromiso con un cambio de rumbo. En cambio, el anuncio de un plan o estrategia antiinflacionaria parece menos plausible. En la retórica oficialista, sostenida por el actual equipo económico, predomina la idea que la inflación es, o bien un mal menor si la alternativa es la pérdida de puestos de trabajo, o bien una consecuencia inevitable de las tensiones que subyacen a “procesos de industrialización acelerados”.
También se insinúa la posibilidad de retomar la quita de subsidios al consumo energético, aunque se abre el interrogante de cuánto y a quiénes. Dado el énfasis puesto por el equipo económico en mejorar la distribución del ingreso y cuidar a los sectores vulnerables, es probable que se intente segmentar las tarifas del consumo residencial en función de la situación socioeconómica de los hogares. Lo ideal sería, en este sentido, cruzar la información disponible sobre nivel de ingresos con datos de propiedad de activos inmobiliarios o de otro tipo, aunque en términos prácticos la alternativa más fácil es mantener el subsidio a ciertos grupos (jubilados, receptores de planes sociales, etcétera) o segmentar por barrios.
El impacto de las medidas
Es posible que las medidas que se encaren de ahora en más vayan en la dirección correcta y arrojen resultados positivos aunque modestos en el corto plazo. Deberían servir, por lo menos, para evitar una crisis cambiaria o una escalada inflacionaria, aunque difícilmente tengan un impacto significativo sobre el nivel de actividad y la creación de empleo.
Por un lado, la magnitud de los desequilibrios generados por el retraso cambiario y tarifario, el desequilibrio del sector energético, la inflación sostenida y el déficit fiscal en expansión requieren un plan consistente que contemple medidas de mayor impacto que las que estarían en la agenda del nuevo gabinete. Más importante aún, con medidas enfocadas en la coyuntura difícilmente puedan resolverse problemas estructurales que vienen de larga data y que deberían haberse encarado cuando las condiciones de holgura externa y fiscal de los primeros años del actual Gobierno proporcionaban un marco ideal.
Dentro de los problemas a los cuales nos referimos se destaca la heterogeneidad de la estructura productiva de nuestro país y la grieta social que genera como contraparte. Mientras que algunos sectores están dominados por firmas altamente competitivas y dinámicas que producen con escalas y tecnologías cercanas a la frontera, en otros prevalece el cuentapropismo y el empleo informal en empresas y microemprendimientos de baja productividad. Para cerrar la brecha económica y social es necesario adoptar políticas de Estado de carácter profundo que quedarán, seguramente, para el próximo Gobierno.
