(Columna de Gabriel R. Molteni y Gonzalo de León, economista jefe y analista económico, respectivamente, de la Cámara Argentina de Comercio)
La informalidad laboral es un importante fenómeno en buena parte del mundo, particularmente en los países en desarrollo ?las comparaciones internacionales muestran que el grado de formalidad aumenta conforme lo hace el nivel de producto por habitante de las naciones?. El empleo no registrado típicamente está asociado a la inestabilidad en el puesto, condiciones de seguridad e higiene precarias y menores retribuciones.
Sin embargo, la informalidad no es sólo un fenómeno de exclusión (personas que encuentran severas dificultades para insertarse en el mercado laboral formal, por ejemplo, porque cuentan con un nivel de formación muy bajo) sino también es, en algunos casos, un fenómeno de escape (permanecer en la informalidad es una decisión racional que surge de evaluar los costos y beneficios que proveería la regularización).
En cualquiera de las dos posibilidades, el hecho de que no se efectúen aportes y contribuciones genera un perjuicio para las arcas del Estado y afecta negativamente al sistema de jubilación. Adicionalmente, dificulta la asignación de subsidios ?ya que el Estado carece de una valiosa fuente de información al momento de estimar los ingresos y la riqueza de las familias que podrían ser beneficiarias de aquellos?.
La decisión
Por todo lo anterior, es una realidad que merece la atención de las autoridades, algo que parece verificarse en el reciente lanzamiento del Plan Integral de Combate al Trabajo no Registrado por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. En este marco, el Gobierno ha planteado iniciativas para atacar los niveles de informalidad y precariedad, que abarcan tanto el fortalecimiento de la fiscalización (mayor competencia y nuevos instrumentos legales) como la creación de un registro de empleadores infractores (como mecanismo de disuasión y sanción) y, finalmente, la implementación de incentivos a microempresarios (a través de un régimen especial que permita reducir la carga operativa).
Si bien estas iniciativas (mayor fiscalización e incentivos a pequeños empresarios) son claramente relevantes, es importante tener en cuenta las características de la informalidad en nuestro país no sólo para entender mejor el fenómeno sino también para poder implementar las políticas públicas más eficientes que logren disminuir la actual tasa de empleo no registrado del 34% en los mayores de 18 años, de acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares.
¿Qué se puede hacer?
Una condición macro necesaria para lograr avances importantes en la reducción del empleo no registrado consiste en mantener un alto crecimiento de la actividad económica, acompañado de un alto dinamismo en el mercado laboral ?con un marcado descenso en la tasa de desempleo?. Las altas tasas de crecimiento de la economía argentina permitieron bajar la del empleo informal del 48% en 2003 (cuarto trimestre) al 34% en 2012 (cuarto trimestre).
Sin embargo, 12 puntos porcentuales de esta baja tuvieron lugar entre 2003-2008, período de crecimiento a tasas chinas. En los últimos cuatro años sólo se logró reducir en dos puntos porcentuales. Asimismo, la importante baja entre 2003 y 2008 fue resultado de un mercado laboral muy dinámico con tasas de creación de empleo asalariado registrado en promedio del 9% anual para este período ?cuando para los últimos 4 años fue de sólo 1,78%?. En segundo lugar, no se puede tener éxito en reducir la informalidad en el mercado laboral sin combatir directamente la informalidad en la economía en sus formas más flagrantes.
Existen en el país auténticas redes de venta ilegal, de la que los puesteros y manteros ?que se agrupan en la vía pública y en las denominadas “ferias internadas o multipunto”? son sólo el exponente más visible. Detrás de ellos existe toda una cadena de intermediarios y fabricantes, que a menudo cuentan con empleados no registrados, en condiciones más cercanas a la de la esclavitud que a las de un empleo digno ?como lo han demostrado algunos allanamientos a este tipo de talleres?. Además, es importante tener en cuenta la heterogeneidad que existe en el mercado laboral argentino, lo que hace que el flagelo de la informalidad no afecte a todos por igual.
El análisis por grupos de edad revela que la informalidad laboral juvenil (hasta 24 años de edad) es sustancialmente mayor al promedio, alcanzando el 58,7%. También se observa que la incidencia es mayor entre las mujeres que entre los hombres y, distinguiendo por nivel educativo, se destaca que los más afectados por la informalidad son aquellos con menor nivel de educación ?cuya tasa llega al 61% para aquellos con primaria incompleta?.
Por otra parte, en lo que respecta al tamaño de los establecimientos, se observa que los que registran una mayor tasa de empleo informal son los más pequeños. En concreto, los últimos datos disponibles muestran que algo más del 70% de los trabajadores en establecimientos de hasta 5 personas son informales mientras que en aquellos establecimientos con más de 40 personas dicha tasa cae por debajo del 10%. Por este motivo, un régimen especial para las microempresas es clave para reducir la informalidad.
Sin embargo, sólo un régimen que facilite la registración y/o el pago de las obligaciones no será suficiente ?sobre todo teniendo como experiencia el régimen especial del servicio doméstico, donde aún existe casi el 85% de informalidad?.
Por sectores
Distinguiendo por sectores se destaca que, además del servicio doméstico, las mayores tasas de empleo no registrado se dan en la construcción, con 64,4 %; en el campo (no hay información confiable ya que la EPH se releva en áreas urbanas); y también en el sector de trabajadores independientes (cuenta propia) ?por lo que no se debería considerar sólo a los trabajadores en relación de dependencia?. Además, se distinguen también disparidades regionales, ya que la tasa de empleo no registrado en las provincias del NOA y NEA supera el 40%, muy por encima del promedio nacional. Por todo ello, puede afirmarse que existen diferentes vías ?complementarias y no excluyentes? mediante las cuales puede reducirse la informalidad laboral.
En primer lugar, es necesario retomar la senda de crecimiento sostenido con creación de empleo si se quiere realmente lograr bajas significativas en la informalidad.
En segundo lugar, el Gobierno debería adoptar como política de Estado el combate a la economía informal o ilegal en todas sus formas, con el objetivo de atacar toda la cadena de informalidad (desde la venta minorista hasta la producción y el empleo).
En tercer lugar, deberían adoptarse políticas focalizadas orientadas a los jóvenes, las mujeres y aquellos con niveles de educación más bajos ?ofreciendo capacitación para prepararlos para empleos más productivos-.
En cuarto lugar, además del régimen especial para microempresas, se debería poner énfasis en políticas que aumenten la productividad de las mismas ?ya sea a través de mayor inversión, acceso al crédito, innovación o la promoción de su inserción en cadenas nacionales, regionales o globales de valor?.
Por último, estas políticas también deberían enfocarse en aquellos sectores más afectados, y tener en cuenta las disparidades ?promoviendo incentivos también por regiones o provincias?.
En definitiva, para reducir la informalidad es deseable un accionar decidido en cada uno de los frentes necesarios, para los cuales puede resultar provechosa la cooperación entre las autoridades y el sector privado.
