(Columna de Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Ecolatina y Juan Pablo Paladino, subgerente de economía de Ecolatina)
No es novedad que la política fiscal ha sido, en la última década, una herramienta central de un plan económico de corte netamente expansivo, cuyo objetivo último fue el apuntalamiento del consumo. Veamos. En los últimos diez años, el gasto público nacional ha incrementado su participación en el PIB en 14 puntos porcentuales.
Esto no ha sido sólo producto del vertiginoso crecimiento de los subsidios, que aportaron 4 puntos: los gastos sociales (6 puntos) y de capital (2 puntos) también ganaron relevancia. Ahora bien, ¿cómo es que se financió las más brusca expansión de las erogaciones de nuestros 200 años de historia? Sin dudas, la mayor parte (8,5 puntos) fue gracias al también acelerado aumento de la presión tributaria y, en segundo orden, la evaporación del superávit fiscal (4 puntos) y la utilización de stocks (AFJP) operaron como fuentes de financiamiento.
Pero fueron apareciendo límites a la capacidad de obtener mayores recursos genuinos, tanto presentes (presión tributaria) como pasados (stocks) o futuros (endeudamiento). Entonces, la expansión fiscal se cimentó sobre el Banco Central: al margen de los US$ 24.000 millones utilizados para pagos de deuda externa, la autoridad monetaria aportó ?reforma de la Carta Orgánica mediante? financiamiento en pesos por 2,6% del PIB (promedio anual) desde 2010. Tamaña utilización de recursos ?más de tres veces la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo? terminó por consumir los límites “legales”: a fin de año se habrían agotado los márgenes de Adelantos Transitorios (originales y extraordinarios). En 2014, de no mediar una nueva modificación de la Carta Orgánica, serán las utilidades (infladas por el dólar oficial y paralelo) la principal fuente de financiamiento del BCRA al Tesoro.
Pero el “techo” de la política fiscal no es sólo legal. Recurrir a la emisión monetaria es de por sí una muestra de los límites del esquema económico, ya que brinda la sensación de mayores márgenes de maniobra que, en realidad, no son tales. Por un lado, financian un gasto destinado a compensar la mayor inflación que la propia monetización alimenta. Por otra parte, los pesos volcados por el sector público (6 de cada 10 en 2012) tensionan el mercado cambiario, impactando sobre la actividad y, por ende, resintiendo la recaudación.
Desgraciadamente, el uso (y abuso) de esta herramienta, que ya mostró tener límites en el pasado, no suele tener consecuencias virtuosas. Antes que el ajuste “programado” (reducción de gastos) o “de mercado” (licuación por devaluación), el Gobierno podría ampliar su restricción presupuestaria con endeudamiento externo, justificando el giro discursivo en la necesidad de financiamiento de gastos de capital.
Pero los límites externos también se están volviendo operativos. Por caso, el acceso al financiamiento en el mercado de capitales a tasas razonables luce cada vez más difícil en el corto plazo. El litigio con los holdouts no augura un final auspicioso, y si lo hace (la Corte Suprema de los Estados Unidos debe aceptar el caso y revertir totalmente el fallo) el desenlace se conocería promediando 2015. En el ínterin, el Club de París, los juicios en el CIADI y la controversia en torno a la expropiación del paquete accionario de YPF, permanecerán todavía irresueltos, dificultando un eventual acceso a los mercados.
Por otra parte, el viento de cola externo soplará con menos fuerza en adelante. No esperamos un set de tasas de interés internacionales y precio de la soja como en 2001 (4,75% y 150 U$S por tonelada): en el mejor de los casos la oleaginosa promediaría los niveles actuales y las tasas dejarían de ser nulas. Para peor, la futura mayor debilidad (relativa) de las commodities podría no aplicarse para los energéticos, dados los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, de manera que son los términos de intercambio los que podrían sufrir en adelante. El debilitamiento de este motor (se mantuvieron 60% por encima del promedio histórico en el último lustro) traería menor crecimiento económico, que no podrá ser compensado con políticas anticíclicas por los límites internos antes mencionados.
En síntesis, la política económica expansiva ha sorteado muchos limitantes en los últimos años, pero las restricciones actuales (externas e internas) se están volviendo operativas. Esto no implica que el Gobierno vaya a gastar menos, pero sí que los push fiscales serán cada vez más acotados y efímeros, y que el sector público no tendrá los márgenes del pasado para acompañar o revertir los ciclos. Lo más preocupante es que la pérdida de poder político del oficialismo seguirá operando a favor del cortoplacismo y, en la frenética búsqueda de caja, las cuestiones estructurales volverán a postergarse.
