(Columna de Luciana Díaz Frers y Walter Agosto, directora e investigador asociado, respectivamente, del Programa de Política Fiscal de CIPPEC)
A principio de junio se aprobó la Ley 26.860, más conocida como ley de “blanqueo” de capitales, norma que comenzó a operar en julio. Esta ley busca repatriar moneda extranjera. Es decir, intenta neutralizar el efecto que la política monetaria expansiva, con inflación mayor a la internacional y tasa de interés real negativa, genera sobre las expectativas de devaluación. Ello conduce a que los ahorristas intenten proteger el valor de sus activos pasándose al dólar en un contexto de pérdida de reservas. Claro, no es sólo una cuestión cultural.
Con esta ley se trata, entonces, de crear condiciones beneficiosas para repatriar una parte de la abrumadora fuga de capitales que durante muchos años ocurrió en la economía argentina y que, según los datos del Gobierno, ascendía a fines de 2012 a U$S 160.000 millones. A esa cifra se deben adicionar los U$S 40.000 millones que los residentes argentinos guardan “debajo del colchón”. El “blanqueo” abre la oportunidad, por tres meses en principio, aunque prorrogable, de poner a circular esos dólares otra vez. Se busca de esta manera atraer recursos para financiar la obra pública, que se desaceleró en 2010 y nuevamente en 2012.
Se apunta, además, a restablecer la dinámica del mercado inmobiliario y de la construcción, prácticamente paralizados desde la implantación de las restricciones al mercado cambiario. La construcción representa el 5% de la demanda agregada. Si, tal como estima el Gobierno sobre la base del blanqueo de 2009, la medida lograra repatriar US$ 4.000 millones y todos se volcaran al sector de construcción, esto implicaría 26% de recursos adicionales para el sector, o un monto equivalente a 1,3% del PIB.
No obstante, en lo que va del mes, entraron sólo US$ 10 millones en CEDIN y otros US$ 10 millones en BAADE. Es decir, sólo 0,5% de la cifra inicialmente estimada por el Gobierno. Sin embargo, es necesario esperar hacia el final del período, que es típicamente cuando se concretan estas operaciones. Pero las expectativas del mercado no son tan optimistas como las oficiales. Y la posibilidad de prórroga podría dilatar las decisiones.
Las críticas
El costado más criticable de la medida es que debilita la moral tributaria: de mínima, premia a los que no declararon sus tenencias y evadieron impuestos como Ganancias y Bienes Personales, entre otros. Es decir, resulta muy inequitativo para los contribuyentes que tienen sus impuestos al día, y aun con aquellos que, encontrándose en mora, deben recurrir a un mecanismo más gravoso para regularizar su situación. Así, la ley da un duro golpe a la conducta tributaria y erosiona en el futuro inmediato las capacidades de fiscalización de la administración tributaria nacional y de las jurisdicciones provinciales y municipales.
También es importante el hecho de que se omite la participación en el debate de los gobiernos subnacionales, que resignan la parte que les hubiese correspondido por la coparticipación de impuestos tales como Ganancias e IVA, entre los más importantes. Así, el Poder Ejecutivo Nacional utilizará fondos para la inversión pública que eludieron a las provincias al no ingresar a través de impuestos nacionales coparticipables o impuestos provinciales, como Ingresos Brutos.
Otro aspecto negativo es que el “blanqueo” pulveriza la idea de la pesificación y da inicio a una nueva etapa de “endeudamiento” en moneda extranjera y a corto plazo, lo cual empeora el perfil de vencimientos de deuda del sector público.
Además, al no poner un límite al monto por el que se puede endeudar el Estado por este concepto, se exime del artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que la Ley de Presupuesto o una ley que autorice expresamente una operación de crédito de este tipo establezcan el monto máximo autorizado para la operación.
Para lograr cabalmente el objetivo del Gobierno, queda pendiente resolver otras cuestiones de fondo, tales como la desconfianza en la moneda local y la inexistencia de instrumentos en pesos con rendimientos reales positivos. Si bien la medida muestra la ingeniosa creatividad del Gobierno para sostener por un tiempo algunos de los desequilibrios que provocó la combinación de políticas fiscales y monetarias expansivas junto con una política cambiaria represiva, dista de resolver los problemas prioritarios de la economía argentina.
