(Columna de Silvana Melitsko, economista de la Fundación Pensar)
Hay consenso en que durante la última década se ha logrado una distribución más igualitaria del ingreso. Y el término “igualitaria” resulta más preciso que “equitativa”, en la medida en que el primer atributo tiene por correlato observable el achicamiento de la brecha de ingresos entre ricos y pobres. En tanto, el segundo calificativo apela a una noción de “equidad” o “justicia distributiva” que no es ajena a juicios de valor.
Un criterio de equidad podría ser el de “igual remuneración” a “igual mérito”, donde el mérito puede expresarse en términos de talento, esfuerzo y aptitud, por citar algunos ejemplos que prevalecen en sociedades modernas.
La educación cumple un papel fundamental para alcanzar la meta de una sociedad más equitativa, en tanto ofrece la posibilidad de progresar en base al mérito. Y en la medida en que niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su entorno socio-económico, la educación promueve también la igualdad de oportunidades y se transforma en un vehículo de movilidad social. Parte de la igualación de ingresos que tuvo lugar durante el transcurso de la última década estuvo asociada al mercado de trabajo y, en particular, a la disminución de la brecha salarial entre individuos con diferentes credenciales educativas. Mientras que en 2003 un trabajador con título universitario ganaba 60% más que otro que sólo había terminado el secundario, en 2012 esta brecha se había reducido al 40%.
En la misma línea, un trabajo elaborado por la Fundación Pensar muestra que en 2003 alrededor del 20% de la desigualdad de los ingresos laborales horarios era explicada por diferencias en el nivel educativo alcanzado por distintos grupos de individuos. En 2012, estas mismas diferencias pasaban a explicar sólo el 12% de la desigualdad. Hay que destacar que ambos procesos (la disminución de la desigualdad y los cambios en su composición) van por carriles diferentes: si la desigualdad entre grupos con distinto nivel educativo aumenta pero al interior de cada grupo las diferencias disminuyen, el efecto neto podría ser un nivel de desigualdad menor en términos absolutos pero con mayor peso de la educación como factor explicativo.
Si la educación pierde peso como determinante de los ingresos laborales, también deja de ser un vehículo importante de movilidad social, y más allá de que la distribución se torne más igualitaria puede ser percibida como menos equitativa.
Las universidades
La educación superior no sólo ha perdido relevancia a lo largo de la última década para explicar diferencias en el ingreso laboral, sino que además se ha estancado la demanda de graduados del sector privado. A diferencia de lo ocurrido durante la primera mitad del ciclo kirchnerista, en los últimos cuatro años el sector público ha pasado a ser el principal generador de empleo universitario.
Según información procesada a partir de la EPH, alrededor del 80% de los puestos de trabajo creados entre el último trimestre de 2008 y el último de 2012 fueron absorbidos por el sector público. Más aún, en el período 2010- 2012 el número de incorporaciones de este sector superó la creación neta de puestos de trabajo, lo cual indicaría que el sector público le “quitó” empleo universitario al sector privado.
Más allá del costo económico asociado al estancamiento del empleo privado y los obvios problemas de sustentabilidad que conlleva, esta tendencia podría tener aspectos positivos si las incorporaciones se hubieran traducido en mejoras institucionales o de gestión pública. Por el contrario, lo que se observa es un deterioro paulatino en la calidad tanto del diseño como de la implementación de políticas, y un descenso más marcado aun en materia de calidad institucional. Parte de la explicación se encuentra en el proceso de cooptación del aparato estatal desde el partido gobernante. Se ha promovido la creación de puestos de trabajo que se reparten con un criterio de afiliación política antes que de mérito, y las empresas estatizadas se convirtieron en coto de caza para jóvenes universitarios afines al Gobierno.
Es sintomático también el caso del Banco Central, que en el transcurso de los últimos años ha duplicado su personal al tiempo que se eliminaron los mecanismos de selección meritocráticos. La falta de rumbo en materia macroeconómica y el sesgo errático y crecientemente intervencionista de la política económica desincentiva la iniciativa privada, cerrando el círculo que hace que los graduados universitarios dependan cada vez más del sector público para incorporarse al mercado laboral.
Este esquema es consistente con el proyecto político impulsado por el Gobierno, pero resulta insostenible a menos que la sociedad esté dispuesta a sacrificar posibilidades de progreso individual y colectivo en aras de un modelo que ha perdido su capacidad de generar crecimiento con equidad.
