La economía se encuentra definitivamente ante una nueva etapa macro desde 2011, y las tendencias de crecimiento y empleo son claramente distintas a las dominantes en el período 2003-2010. Como antecedentes, a partir de la crisis de 2001, una serie de medidas como la fuerte devaluación del peso, la pesificación asimétrica, la pesificación de los contratos de empresas de servicios públicos y el congelamiento de tarifas, y el default de la deuda pública fueron dando forma a una nueva organización económica. Un tipo de cambio muy depreciado y la sorprendente suba del precio de las commodities permitieron una recuperación de la producción y del crecimiento, si bien las exportaciones crecieron por el tirón de la demanda externa, particularmente desde Asia-Pacífico.
En estos años, la tasa de crecimiento de la economía se ubicó en el 9% promedio anual. Desde 2007 se observó una mayor consolidación del mercado interno como objetivo de la política económica. El consumo interno, la suba de salarios alimentando la inflación y la mayor emisión monetaria del BCRA, fueron señales claras.
Se reabrió el canje de deuda pública en 2010, con los holdouts sin incorporarse. Se incrementaron las alícuotas de retenciones a las exportaciones y se introdujeron de manera extendida restricciones a las exportaciones de algunos bienes primarios y agroindustriales (ROE's). Se fueron consolidando los tipos de cambio múltiples (oficial, granos, carnes, petróleo y un paralelo blue” o con baja brecha cambiaria).
La intervención estatal en la economía fue creciente. Con respecto al ciclo económico, el PIB cayó en 2009, por efecto de la Gran Recesión en EE.UU. y el contagio a la Unión Europea, pero se retomó el alto crecimiento en 2010 y 2011. Pero los mercados de dinero y el sistema de precios comenzaron a mostrar algunas señales de desequilibrio de manera permanente.
La nueva economía
Desde fines de 2011 se observó un notorio cambio en la forma de intervención estatal. Desde entonces, el grado de intervención del Estado en materia productiva y regulatoria de la economía fue creciente.
A esto se sumó una tendencia al autarquismo comercial global, con un eje más centrado en la UNASUR. Se destacaron medidas como las expropiaciones o el cepo cambiario. Una economía más centrada en el Estado quedó reflejada en el tamaño del sector público, dado que llegó al 49% del PIB en 2012 en su medición consolidada Nación-provincias- municipios. Por otra parte, el BCRA, la Anses y otros organismos oficiales (Banco Nación, AFIP, Lotería Nacional) han intensificado el financiamiento del déficit del Tesoro Nacional. La mayoría de las provincias registran déficit fiscal.
Una mayor incertidumbre macroeconómica, con una renovada crisis de la Unión Europea, generó subas del tipo de cambio informal desde fines de 2011. Desde mayo de 2012 se introdujo el cepo cambiario, prohibiendo la compra de divisas por parte de particulares como forma de atesoramiento o como medio de pago de operaciones, por ejemplo, inmobiliarias. El cepo se extendió en la práctica a la demanda de divisas para turismo internacional.
El cepo no soluciona una de los motivos de implementación, que es el déficit comercial energético, pero busca asegurar divisas para estas importaciones. Además, a las restricciones a las exportaciones (ROE's + más retenciones) se sumaron las importaciones con crecientes cupos y licencias no automáticas para limitar la salida de divisas. Asimismo, se prohibió el giro de utilidades al exterior a las multinacionales.
Por otra parte, la brecha cambiaria con el dólar blue o paralelo, de un piso de 60%, con un tipo de cambio oficial apreciado, más la inflación y la suba de costos salariales, de insumos e impositivos, han conjugado un problema de competitividad serio para las exportaciones. La mayor presión tributaria fue sostenida por una alta presencia de la AFIP a nivel de fiscalización, y por el aumento de impuestos (desde el punto de vista del sistema federal y provincial).
Se mantuvo el esquema de subsidios a la energía y al transporte metropolitano. Con respecto a la inflación, se ha optado por el control y anuncios de congelamiento de precios, dejando de ser el dólar el ancla inflacionaria, como lo había sido hasta 2010. Las políticas monetaria, fiscal y de ingresos siguen siendo expansivas. Los mercados de dinero y el sistema de precios profundizaron los desequilibrios, y algunos mercados de bienes y servicios mostraron problemas estructurales de oferta, derivados de la política económica (trigo, carnes, petróleo y gas).
Impactos en el empleo privado
En suma, desde 2012 la economía se encuentra ante un ritmo de bajo crecimiento, y desde 2013, con un incipiente proceso de problemas de rentabilidad en varios sectores productivos, que puede afectar el nivel de empleo privado. Con un empleo informal del orden del 35% (según el Ministerio de Trabajo), y con niveles de pobreza máximos del orden de 26,9%, según el Observatorio de la Deuda social de la UCA (medido con una Canasta Básica Total no Oficial), la situación social requiere de mayor atención.
En los últimos años, el Estado se mostró como compensador del empleo al incorporar trabajadores y realizar transferencias sociales. Con todo, en caso de aumentar el desempleo privado, el Estado posiblemente tenga problemas para absorber más trabajo (como lo viene haciendo de manera neta desde hace dos años), dados sus actuales problemas de financiamiento.
