(Columna de José Anchorena, director de Desarrollo Económico de la Fundación Pensar)
Néstor Kirchner dijo, al asumir, que quería transformar a la Argentina en un país normal. Si con esto quiso decir encauzar al país en una senda de desarrollo sin grandes sobresaltos, el kirchnerismo fracasó.
En lo que concierne a lo económico, la inflación promedio mayor al 20% en siete años consecutivos, el descontrol tarifario y de subsidios, el congelamiento de precios, el cepo cambiario, la brecha con el dólar paralelo mayor al 75%, la devaluación nominal permanente, la apreciación real permanente, la inexistencia del crédito inmobiliario, las altas tasas de interés nominal, el falseamiento de las estadísticas, la alta informalidad laboral, la necesidad para una empresa particular de exportar carne de cerdo para importar maquinaria y el blanqueamiento de ingresos de dudoso origen como la gran estrategia de reactivación muestran un estado de situación profundamente anormal.
En lo social, las dificultades para reducir drásticamente la pobreza en un marco de crecimiento (sobre todo en los últimos siete años), las condiciones y el riesgo de viaje en el transporte interurbano, el abandono de la escuela pública y el crecimiento de la miseria en las ciudades nos revelan una década desaprovechada.
En lo institucional, el mantenimiento de la emergencia económica después de varios años de pasada la crisis, el copamiento de los medios de comunicación por parte del Ejecutivo Nacional, el ataque público a individuos y empresas por parte del ente recaudador de impuestos y el intento de sojuzgar al poder judicial muestran una realidad completamente anormal.
Mientras tanto, la principal discusión en los programas de política de la televisión es sobre el precio de la papa. De un lado tenemos a la representante de los supermercados chinos, bajo amenaza militante, indicando que harán todo lo posible para acompañar los precios congelados de las grandes cadenas. Por otro, tenemos a la representante de los consumidores indicando que no fueron consultados en el congelamiento y que tienen toda clase de estadísticas indicando que no se cumple con lo que se dice.
Los miembros de la cadena de valor de los productos se tiran de los pelos: los productores primarios con los industrializadores, estos con los comercializadores, y estos con los consumidores. Ya lo dijo Kenneth Arrow: una economía no puede funcionar normalmente sin confianza entre sus actores.
En otro programa el conductor- economista muestra una botella de Sprite grande, otra chica, y discurre sobre la diferencia de precio entre ambas, luego un sachet de leche y una leche chocolatada, y así. El problema de la inflación es reducido a discutir cuánto cuesta hoy la papa y en dónde. Todos coinciden en que los monopolios tienen la culpa, pero nadie identifica a los monopolios. Muy pocos, en una discusión que se refiere a la inflación, mencionan al Banco Central, el encargado aquí y en todo el mundo de preservar el valor de la moneda.
Es en este contexto de país anormal, tanto en la realidad como en lo discursivo, que llega el congelamiento de 500 precios por parte de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. En vez de fijar el mismo precio en todas las cadenas, cada una lo fija a precios diferentes. El consumidor que quiere comprar al precio más barato debe recorrer los siete supermercados, salvo que no todos están en las mismas provincias.
Como ejemplo, si uno quiere comer pan con manteca y mermelada o dulce de leche al menor precio compra el pan de salvado Bimbo en Jumbo, la manteca en Carrefour y la mermelada en Wal-Mart. De esta forma se gastan $20,25; si se compra todo en el mismo supermercado el precio llega a $23,95, 18% más caro. Es que las listas no las armó el ente estatal sino que cada cadena armó su lista y la envió al Gobierno, en un permanente ejercicio de tercerización. Las listas tienen incalculables errores obvios, pero impropios de una agencia oficial, que cualquiera que se tome el trabajo puede verificar. Por ejemplo, Jumbo ofrece 150 gramos de salame Milán a $ 59,9 pesos cuando está claro que se refiere al kilo, salvo que lo congelen a un precio exorbitante o que sea una estrategia para no venderlo al precio acordado.
Todo esto no habla más que del principal problema de la política y la economía argentina: la incapacidad de gestión del principal actor económico del país, el Ejecutivo Nacional, el cual maneja el 35% de los ingresos y de la producción del país. La anormalidad real se relaciona con la anormalidad discursiva: sin esta última todos fijaríamos la atención en las reales causas de los problemas y el Gobierno no tendría manera de ocultar su ineficacia.
