La decisión del Gobierno de enviar un proyecto al Congreso para emitir bonos con los cuales se podrán blanquear dólares contradice todo el discurso reciente del Gobierno en la materia. Con esta iniciativa queda atrás el mensaje pesificador, la lucha frontal contra la evasión y los intentos por relativizar la importancia del mercado marginal del dólar.
El Gobierno se vio obligado a actuar porque algunos procesos se aceleraron. El dólar paralelo superó los diez pesos y la brecha alcanzó al 100%mucho antes de lo pronosticado por la mayoría de los economistas. Lo que se suponía que podía ocurrir para fin de año o cerca de las elecciones sucedió varios meses antes. También en el mundo de los negocios se suponía que no se tomarían medidas económicas relevantes hasta las elecciones.
Pero la lógica política indicaba otro camino, porque ningún Gobierno se queda de brazos cruzados si observa que crece el malhumor social con relación a la economía en un año electoral. Que el Gobierno acierte con las medidas que se requieren para cambiar ese escenario, es otra cuestión.
El Gobierno no habla de determinados problemas o los niega, pero luego actúa dejando en claro que los reconoce. Así ocurre con la inflación ?de lo contrario no aceptaría acuerdos salariales superiores al 20% ni haría acuerdos de precios? y lo mismo se observa ahora con el mercado cambiario marginal. Claramente, el Gobierno está preocupado y abandona sus convicciones para lograr una mayor oferta de dólares.
Claro que lo hace con una iniciativa que es éticamente reprobable y políticamente difícil de sostener. No es justo que sean premiados los que tuvieron conductas ilegales mientras que los argentinos que respetan la ley y juegan con las reglas enfrentan una fuerte presión fiscal. Cualquier ciudadano que se atrase con el pago de sus impuestos es rápidamente intimado por los organismos de recaudación. Pero quienes evadieron impuestos y fugaron dinero del país tendrán tres meses ?desde que se sancione la ley?, o posiblemente más, para decidir qué hacen. Los premios y castigos se aplican erróneamente, es una mala señal que surge del Estado y no contribuye a generar una cultura que tenga como eje el cumplimiento de la ley.
Los defensores de la propuesta consideran que lo importante son los resultados. Si finalmente se logra reactivar la economía y se genera empleo, la medida se justifica porque la mayoría de la población se termina beneficiando de algo que inicialmente es una ventaja para quienes evadieron. Esta es la defensa de la iniciativa en clave progresista.
Pero puede haber también apoyo a la propuesta desde posiciones muy liberales que justifiquen que siempre debe seducirse a los dueños del capital porque fueron maltratados por sucesivos gobiernos y que eso los llevó a tener actitudes defensivas al margen de la ley.
Desde el punto de vista práctico, esta iniciativa ?en caso de no ir acompañada de otras que generen más confianza en los inversores? tendrá poco efecto y el Gobierno pagará un costo político por ella.
