Los límites de la caja fiscal

Más desafíos, pero menos recursos

10 de abril, 2013

El Tesoro logró captar $107.374 millones en Lecap con tasas de hasta 50%

(Columna de Rodrigo Alvarez Litre, economista y socio y director de la Consultora Analytica)

La evolución de la caja fiscal es central no sólo para inyectar recursos en un año con elecciones clave para el oficialismo, sino también para sostener el delicado equilibrio macroeconómico. Sin ahorro y con la recaudación creciendo a un ritmo moderado, la aceleración del gasto público que prevemos para los meses anteriores a las elecciones puede terminar disparando el ritmo de la emisión monetaria.

En un sentido, el Gobierno comienza a mostrar preocupación. Es intensa la presión para que los exportadores del agro liquiden su stocks y, fundamentalmente, la nueva cosecha gruesa (entre abril y mayo). En este caso puntual la necesidad es doble pues aportan los cada vez más valiosos dólares y recaudación vía retenciones. Además, lanzó una moratoria de deudas impositivas que busca lograr un estímulo recaudatorio adicional. El kirchnerismo sólo apeló a este clásico instrumento de épocas de vacas flacas en 2009, cuando la crisis internacional calaba hondo en la macro argentina.

Es claro que se inicia una fase distinta, en la cual el signo de los tiempos será administrar la escasez. De hecho, ya en 2012 se abandonó una de sus banderas más emblemáticas del modelo: el superávit. Con gastos creciendo al 29% y recursos al 27%, el déficit primario alcanzó 0,2% del PIB y casi 2,5% si se incluyen los intereses de la deuda. Hay que remontarse a 1996 para encontrar un rojo en ambos conceptos.

En los primeros meses del año las restricciones se mantienen. La recaudación creció 26% en el acumulado hasta marzo, un dato magro para las expectativas de gasto del Gobierno en 2013. Por su parte, el gasto primario de enero (último dato disponible) subió 25,4%, apenas por debajo de los ingresos, lo que pone en evidencia que por ahora existen límites. Si bien en los próximos meses se espera una aceleración en el ritmo de crecimiento de los recursos, ¿podrá el Gobierno mantener esta disciplina con el correr de los meses, cuando la presión política y la necesidad de resultados concretos aumenten?

Las prioridades

Es claro que seguirá priorizando la inversión en gasto social, como lo viene haciendo en los últimos años, pero deberá, además, acelerar el ritmo de expansión de la obra pública. El gasto social (salarios y seguridad social) creció 36% el año pasado mientras que la inversión sólo lo hizo 15,5%. La tragedia de Once y las recientes inundaciones en la Capital y Buenos Aires vuelven a poner en el centro de la escena la situación de la infraestructura.

El crecimiento a tasas chinas de los 2000 sobrecargó al extremo una estructura de servicios básicos a todas luces insuficiente. El Estado Nacional parece tener los reflejos para comenzar a dar respuesta a estas demandas. Luego de la tragedia rescindió concesiones y comenzó a destinar abultados recursos en las líneas Mitre y Sarmiento para ubicar el servicio dentro de parámetros aceptables. Pero el déficit es mucho más estructural.

El problema de fondo tiene que ver con recursos y con el tiempo. No se puede revertir una década de inversión insuficiente en infraestructura sin un shock de capital. El Gobierno es consciente de esa necesidad, pero no está actuando con la fuerza que debería. La reforma del mercado de capitales es un paso en la dirección correcta para que los ahorros en pesos se puedan canalizar al gasto en infraestructura. Pero el desarrollo de los instrumentos adecuados, así como el cambio cultural necesario, no se logran de un día para el otro.

Por el contrario, es un proceso de maduración lento que rendirá sus frutos en varios años. Seguir recurriendo a los ingresos corrientes para financiar este tipo de obras ha probado ser una fuente de capital insuficiente y muy volátil. Frente a este dilema, es tiempo de que se revise seriamente la cerrazón ideológica que impide recurrir al crédito externo para financiar obra pública.

El costo del capital es bajísimo en esta coyuntura internacional y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Las ultraendeudadas economías desarrolladas se volverían insolventes si aumentaran sus propias tasas de interés. El fondeo barato llegó para quedarse. De hecho, muy probablemente no debería ser necesario considerar esta fuente de fondeo si el Gobierno hubiera administrado en forma más eficiente la pesada mochila de los subsidios públicos que representan alrededor de 4,5% del PIB. Este sólo concepto es equivalente a una vez y media toda la inversión pública.

En 2012 la “sintonía fina” perdió rápidamente fuerza en este frente. Es el problema del huevo y la gallina: como no se realizaron inversiones en tiempo y forma, algunas partidas resultan muy difíciles de recortar dada las falencias estructurales en la que se encuentran sectores como el de la energía y el de transporte de pasajeros. Muchos dirán que tarifas baratas para el transporte y la energía son parte de la ecuación de competitividad, pero no hay transporte más caro que el que no llega ni energía más cara que la que se importa.

Sin dudas, el tema merece un análisis profundo. En este contexto, todos los caminos tienen sus costos. Trasladar el ajuste de subsidios al sector privado implica restar poder de consumo a las familias. Puede y debe hacerse en forma selectiva para minimizar el impacto, pero el avance en este frente no luce claro en un año con elecciones. Continuar dependiendo exclusivamente de la recaudación para financiar nuevas inversiones termina siendo insuficiente e inestable. En el mejor de los casos sirve para evitar profundizar el deterioro, pero no alcanza para revertir el déficit.

Por último, acelerar en demasía el gasto sin su contraparte de ingresos termina presionando el equilibrio monetario. El desafío del Gobierno es seguir estimulando el gasto social y potenciar la inversión pública. La sociedad lo demanda más que nunca. Pero la magnitud del desafío invita a utilizar todos los instrumentos disponibles y no sólo a profundizar algunos. Es tiempo de revisar las políticas con más sentido práctico, porque la coyuntura ofrece muchas más oportunidades que riesgos.