El fuerte temporal que castigó a las ciudades de Buenos Aires y La Plata desplazó por unos días a los grandes temas económicos. En la furia de las inundaciones bajó el dólar "blue", y también el temor a un fallo adverso de la Cámara de Apelaciones neoyorquina en el juicio de los fondos buitres, se debilitó. El mercado cambiario y financiero se mostró más calmo, y el público puso su atención en los fenómenos urgentes.
Los debates económicos giraron principalmente alrededor de dos temas: por un lado, el costo que dejó la inundación para familias y empresas. Algunos cálculos ligeros que circularon mencionaban un costo total de por lo menos $ 8.000 millones para los damnificados. Aunque sólo en el correr de los días se sabrá la dimensión real de las pérdidas.
Un informe de CAME, a su vez, cuantificó que sólo los comercios de Ciudad de Buenos Aires y La Plata perderían como mínimo $530,4 millones, computando tanto las pérdidas de mercaderías, mobiliarios y equipos así como la caída en la facturación por los días de cierre que tendrán hasta tanto los empresarios reacondiciones sus locales. El costo podría ser mayor en la medida que se demore la retirada de las aguas y no vuelva el suministro de energía eléctrica.
El segundo tema en el que participaron también arquitectos, ingenieros, políticos y economistas es cómo hacer congeniar el deseo de ganancias del mercado con el equilibrio en el medio ambiente. Seguramente ese será un punto de debate en las semanas y meses que vienen. O, al menos, debería de serlo. Es que si algo mostró la Argentina en esta tragedia, es que no sólo faltan regulaciones, sino que abundan normativas que desatienden el tema ambiental, sobre todo en lo vinculado a edificaciones, espacios verdes, pulmones de manzanas, pavimentos, etcétera.
A eso se agrega la indiferencia de los políticos en atender esas cuestiones. Por ejemplo, no se entiende que la Ciudad de Buenos Aires, que el año pasado vivió cinco inundaciones, siga postergando obras y ejecutando de su presupuesto sólo lo mínimo indispensable para realizar la infraestructura que ayude a evitar este tipo de catástrofes. Un dato que circuló por estos días es que de los $230 millones asignados el año pasado por la Ciudad a obras para evitar inundaciones, solo se presupuestaron $12 millones, una cifra ínfima si se tiene en cuenta que las pérdidas en cada una de esas cinco inundaciones superaron con creces ese monto.
El problema no es el gobierno local, porque lo que sucede en Buenos Aires se repite en muchas otras ciudades del país, sino un sistema económico político vigente en toda la Argentina que, por ahora, no le asigna importancia a encontrar un equilibrio entre la economía y el medio ambiente. Pero la naturaleza viene golpeando la puerta hace tiempo y en algún momento habría que atenderla.
