(Columna de Martín Tetaz, economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) y del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS). Twitter: @martintetaz)
El restaurante está ubicado en el corazón de Gonett, a quince minutos del casco urbano de la ciudad de La Plata, en una zona cuya altura evitó que hicieran estragos las aguas. Aunque explota los fines de semana con familias de profesionales y comerciantes platenses que aprovechan el atractivo patio de juegos para descansar del trajín laboral y de su paternidad, el aspecto del sábado pasado fue desolador. Según sus dueños, la facturación de la semana de la catástrofe climática fue 50% inferior a la habitual y en la segunda semana cayó 30%.
El panorama se repite en la mayoría de los comercios gastronómicos y también en los que venden indumentaria que, probablemente siguiendo las predicciones de la Ley de Engel, sean los primeros rubros en los que los damnificados por las inundaciones recortarán sus gastos mientras buscan reponerse de las pérdidas materiales sufridas. Peor es la situación de los comercios que sufrieron directamente las inclemencias del tiempo, puesto que en muchos casos les demandará entre una y cuatro semanas poder reabrir sus puertas, una vez que hayan logrado reponer tanto las instalaciones como las mercaderías perdidas.
Es obvio que las pérdidas no son homogéneas, aunque el reciente pedido de Fedecámaras, reclamando subsidios de $ 50.000 para comercios o el cálculo de CAME, que estima un perjuicio de $ 33.632 por local afectado, dan una idea del daño que, en promedio, ha sufrido el sector. Puesto que se habla de 2.846 negocios afectados directamente (y de otros tantos indirectamente), se habrían perdido unos $ 238 millones.
Hasta aquí los comercios, pero la tormenta castigó hogares, dañó automóviles, inutilizó escuelas y hospitales e incluso ocasionó pérdidas millonarias en el zoológico de la Ciudad de las Diagonales, que deberá permanecer cerrado por tiempo indefinido hasta que puedan efectuarse las obras de acondicionamiento y sus autoridades decidan si repondrán o no los (hasta ahora) cinco animales muertos.
En el caso de los domicilios particulares, y a partir de la estimación del municipio, el diluvio dejó 135.037 afectados (casi el 20% de los 649.613 habitantes), es decir, 55.716 hogares perjudicados, aunque las pérdidas también son variables. Como antecedente, en febrero del 2010 la Justicia platense ordenó al municipio una indemnización a un vecino de la zona norte de la capital bonaerense que había sufrido daños en su propiedad estimados en $ 10.000, con motivo de una lluvia de 121 milímetros que dejó 70 centímetros de agua en su casa ocurrida en enero de 2002. Puesto que el índice del costo de la construcción que elabora la cámara de esa actividad se multiplicó por 12,47 desde entonces, aquellos $ 10.000 hoy serían $ 124.700.
Ahora bien, si bien es verdad que la mayor parte de las viviendas siniestradas tenían una capa de agua mayor a los 70 centímetros (llegando incluso a superar los 2 metros en muchos casos), aunque no todas tenían una calidad de construcción de las que prevalecen en ese barrio acomodado de La Plata, las investigaciones de José Emilio Baró Suarez y colegas de la Universidad Autónoma de México, demuestran que la función de pérdidas es cóncava (ergo, decreciente) en la altura del agua: creciendo fuertemente en el primer metro, pero haciéndolo de manera muy suave luego.
Es probable entonces que los $ 124.700 sean un límite superior y que el daño promedio de las construcciones esté en algún lugar entre ese número y los $ 50.000 que ofrece ad hoc el Banco Provincia a tasa subsidiada. Utilizando ese promedio de $ 87.350 por vivienda arribamos a unos $ 4.866 millones.
Respecto a los rodados, no hay estimaciones preliminares, pero si el porcentaje dañado es similar al de los hogares y estimamos en 20% de los 150.000 autos que circulan en la ciudad, estaríamos hablando de unos 30.000 vehículos con daños que, usando como parámetro el subsidio establecido en la ciudad de Buenos Aires, requerirían arreglos por unos $8.000 por unidad, totalizando $ 240 millones.
A estos valores hay que sumarles el lucro cesante de las horas de trabajo perdidas por el desastre. Con un salario promedio de $ 3.916 (último dato del Indec) en una ciudad básicamente administrativa y universitaria en la que se trabaja cinco días a la semana, cada jornada no laborable representa una pérdida de $ 195.8 por cada uno de los 313.000trabajadores del aglomerado Gran La Plata, lo que arroja $ 61 millones por día. Dado que perdieron casi totalmente los tres días de la semana pasada y el ausentismo de esta semana en algunas profesiones (como la docente, por ejemplo) ha llegado al 48%, el costo atribuible a la inundación sería de $ 337 millones. Hasta aquí tenemos $ 5.681 millones de pérdidas directas, pero además de lo materialse perdieron (oficialmente) 52 vidas y la población debió atravesar un estrés extraordinario, que hace que, por ejemplo, mientras escribo esta columna la gente no se anime a salir a las calles y entre en pánico con una simple lluvia de 20 milímetros.
La angustia se extiende a los que perdieron sus mascotas (se estiman en 25.000 los perros y gatos afectados).
Además habrá, muy probablemente, consecuencias sanitarias en el corto plazo, puesto que muchos estuvieron en contacto con agua contaminada o simplemente contrajeron alguna enfermedad de las vías respiratorias por estar bajo el agua por un período prolongado. También deberemos lamentar mayores tasas de abandono escolar y peor rendimiento de los alumnos puesto que se perdieron muchos días de clase y aún hoy los colegios que han reabierto tienen hasta el 60% de ausentismo.
En el antecedente de la sentencia que comentamos más atrás, el juez estimó que el daño moral tenía una magnitud similar al material, duplicando la indemnización. En rigor, deberíamos conducir un estudio de campo que con la metodología de choice based conjoint analysis permita elucidar cuanto está dispuesto a pagar exactamente un vecino para evitar el trago amargo de la inundación, pero siguiendo la línea judicial estaríamos en un costo total de la tragedia de $ 11.262 millones (casi 28 veces el costo de la obra que podría haberla evitado).
En síntesis, la mayoría de las estimaciones se basan en la metodología de los estudios tradicionales como el de Penning, Rowsell y Chatterton de 1977 para Inglaterra, o el de Jonkman del 2008 para Holanda, que se concentran en la evaluación de los daños materiales, pero el verdadero costo del siniestro, que hay que comparar con la inversión necesaria para evitarlo, debe concentrarse en el valor que tiene para las personas volver al statu quo previo a la tragedia, puesto que ese monto permitirá cubrir no sólo las pérdidas materiales, sino también el daño psicológico y moral asociado.
