(Columna del economista Silvio Guaita)
El 12 de marzo Cristina Kirchner presentó el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: Argentina Innovadora 2020” con el objeto de impulsar la innovación tecnológica inclusiva y sustentable. Uno de los puntos resaltados por la Presidenta fue que actualmente el 75% de la inversión en investigación y desarrollo (I&D) la realiza el sector público mientras que solamente el restante 25% es obra del sector privado. Esto nos diferencia de los países desarrollados, donde la relación es inversa. Por lo tanto, la clave del desarrollo en esta área sería que los empresarios, aparentemente reacios a invertir, aumenten los gastos en I & D.
Independientemente de si los gastos realizados por el Estado en innovación y desarrollo se encuentran en un nivel adecuado y/o orientados hacia las ramas adecuadas (aquellas que permiten un mayor crecimiento y desarrollo de la estructura productiva nacional por sobre la internacional), el punto a resaltar es que, el Estado, sus funcionarios, centros de investigación y empresas públicas, no pueden desentenderse de la promoción y coordinación de los procesos de innovación científica y tecnológica necesarios. Incluso, muy probablemente, la participación e intromisión del Estado en estas áreas deba aumentar.
En primer lugar, el sector privado (tanto argentino como extranjero) busca siempre maximizar ganancias y no maximizar el crecimiento de la industria y la innovación tecnológica nacional. Por lo tanto, no necesariamente un aumento de la inversión en I&D por parte del sector privado conducirá al objetivo deseado.
En segundo lugar, se deduce que es necesario que el Estado construya un sistema de incentivos (créditos, subsidios y desgravaciones impositivas, entre otros) dentro de los límites permitidos por los acuerdos internacionales a los que la Argentina adhiere para promover el 'compre nacional' no sólo de productos finales fabricados localmente sino también de tecnología desarrollada dentro de las fronteras.
En tercer lugar, dado el legado de la política económica de la última dictadura militar y de la década de los '90, sumado a la tendencia mundial de extranjerización de las economías de los países menos desarrollados, la capacidad del sector privado nacional de llevar adelante procesos de innovación científico-tecnológica con un alto componente nacional se redujo estrepitosamente. Dado que las empresas más importantes del entramado productivo se encuentran en manos extranjeras o son filiales de empresas con casa matriz en países avanzados, improbablemente puedan tomar decisiones sobre tecnología que terminen beneficiando a la producción local. Por otro lado, las empresas más pequeñas, controladas por empresarios locales, no tienen la dimensión productiva ni financiera suficiente para encarar un programa de innovación científico-tecnológica a gran escala.
Las ventajas
En este contexto, el papel de las grandes empresas estatales (INVAP, Aerolíneas Argentinas, Fabricaciones Militares o la recientemente recuperada YPF) se vuelve fundamental. La capacidad de generar eslabonamientos productivos hacia adelante y hacia atrás, garantizando al mismo tiempo la demanda a través del poder de compra estatal en sectores estratégicos como el de energía (YPF en hidrocarburos y la Comisión Nacional de Energía Atómica, que depende del Poder Ejecutivo, que domina todo el proceso de extracción, conversión y enriquecimiento de uranio) no puede ser ignorada.
Dichas empresas u organismos tienen diversas ventajas por sobre el resto de las empresas de carácter nacional: cuentan con la dimensión productiva necesaria para llevar adelante proyectos de inversión científica de gran envergadura; tienen potencial de crecimiento sustituyendo importaciones; pueden acceder a financiamiento estatal a bajo costo y siempre pueden ser financiadas (en pesos, por lo menos) por el Estado; poseen la envergadura suficiente para competir con empresas multinacionales extranjeras y disponen del tiempo necesario para realizar proyectos de inversión que no necesariamente buscan maximizar ganancias hoy sino ampliar la estructura productiva en el mediano y largo plazos.
Los riesgos
Por otro lado, dichas empresas no están carentes de desventajas a la hora de liderar procesos de innovación tecnológica. Desventajas que no pueden adjudicarse a un gobierno particular o a un período, sino que se encuentran latentes en todo tiempo y lugar. En primer lugar, una mala administración o problemas de corrupción dentro de las mismas pueden estimular ideas contrarias a la intervención estatal en la economía. En otras palabras, lo que comúnmente algunos denominan como la “ineficiencias de las empresas públicas” puede llevar a la conclusión de que la participación estatal en la economía siempre conducirá al fracaso.
En segundo lugar, la necesidad política de obtener resultados a corto plazo puede chocar con las necesidades de política económica de obtener no sólo resultados positivos en el corto sino también en el largo plazo. Es decir, la persecución de objetivos políticos puede impedir la construcción de una política económica duradera que recién dará frutos en futuras administraciones.
El rol del Estado
Más allá de estas desventajas, que deberán ser superadas en caso de presentarse, como sostiene el economista coreano Ha-Joon Chang, todo proceso de crecimiento y desarrollo (desde el observado en el sudeste asiático hasta los de Estados Unidos o Inglaterra, entre otros) tienen una alta participación estatal, aunque los países más avanzados busquen hacernos creer lo contrario. El papel del Estado dirigiendo un proceso de innovación científico-tecnológico no puede ser considerado como algo coyuntural o de corta duración sino como algo estructural y duradero. Durante el mismo, el papel de las empresas públicas y centros de investigación deben tener un rol central, además de contar con la voluntad política para articularlos correctamente y lograr la meta deseada. Es decir, para lograr el crecimiento y desarrollo de la producción y tecnología argentina de forma sustentable y de manera inclusiva.
