(Columna de Sebastián Scheimberg, economista, especialista en energía e investigador de la Fundación Pensar)
El debate económico de los últimos tiempos se ha estado centrando en el rol del Estado en la actividad económica. Esta es una discusión que trasciende los límites nacionales, y que parecería encontrar terreno fértil en períodos de desaceleración económica. Desde un punto de vista teórico, la intervención estatal tiene sentido en situaciones en las que el mercado falla en asignar correctamente los recursos como, por ejemplo, cuando existen externalidades (cuando los individuos no pueden apropiarse de todo el beneficio de su actividad o bien no se pueden repartir adecuadamente los costos), mercados en los que existan posiciones dominantes, fragilidad financiera, problemas de coordinación, estrategias de largo plazo, etcétera. La intervención estatal para contrarrestar las denominadas “fallas del mercado” en todos los casos señalados es recomendable.
Sin embargo, el Estado puede intervenir en forma inapropiada y, en este sentido, a las fallas del mercado se suman las del Estado. En la Argentina existe una larga historia de intervención proteccionista que ha buscado elegir algunos sectores, que no ha sido del todo exitosa. En general, la intervención ha eludido a las actividades más competitivas, como lo es el sector agroindustrial. Una excepción fue el esquema de subsidios a los biocombustibles, en donde se pueden exhibir logros significativos.
Si bien la existencia de un esquema de protección en la industria del biodiésel dio nacimiento a un modelo pujante, generador de inversión, recursos fiscales, empleo y divisas, también es cierto que el esquema de protección, típico de una industria infantil, debía evolucionar en algún momento hacia un modelo competitivo y libre de subsidios. El problema ha estado vinculado al mecanismo de transición elegido, que derivó en una caída de la exportación en el último cuatrimestre del 58%. Por otra parte, es posible que la intervención del Estado haya generado un sobreequipamiento, que deparará ociosidad en condiciones normales en el sector del biodiésel, y probablemente ocurra lo propio en el de bioetanol, si no se toman los adecuados recaudos del caso. La sucesión de resoluciones dictadas a partir de agosto de 2012 ha modificado tanto los valores de retención a los exportadores como los precios para las PYMEs que abastecen a las petroleras locales de biodiésel para la mezcla con el gasoil a partir de una intervención (a priori acertada) en la que el Estado buscó reducir el impacto ambiental por emisiones de CO2. También es cierto que el cambio regulatorio incorporó la necesidad de mejorarle los resultados a la YPF estatizada.
La multiplicidad de objetivos terminó chocando con uno de los apotegmas del planeamiento económico, que nos remonta al profesor Jan Tinbergen (1903- 1994), y que afirma que para evitar problemas de sobre o subdeterminación el sistema debe contar con tantos instrumentos como objetivos se persigan.
Pero si hablamos de planeamiento, donde el rol del Estado es sin dudas estratégico, parecería que en nuestro sector energético ese instituto padece extrema fragilidad, y esto no se debe a una falta de capacidad de los profesionales que pertenecen al área sino a una falla en la coordinación. Me explico: en el año 2008 el grupo de profesionales conducidos por el Ingeniero Juan Legisa desarrolló un Plan Energético en el que alertaba acerca de la declinación de la producción y la brecha de demanda a cubrirse con importaciones crecientes. También recomendaba aplicar medidas de eficiencia energética y diversificación de fuentes, más dinámicas que las que logrará el modesto programa GENREN, de la Secretaría de Energía, cuya realización difícilmente llegue a cumplir con el 20% del objetivo propuesto al 2015.
El Plan Energético duerme en los cajones del secretario del área desde ese año, y nuestro país perdió la oportunidad de reducir los costos de importación de energía construyendo una terminal de almacenamiento de gas licuado que nos permitiera realizar contratos de suministro de largo plazo en condiciones ventajosas, en lugar de contratar desesperadamente en el mercado spot. Sin mencionar que los requerimientos de importaciones crecientes son consecuencia de la implementación de una política de Estado inapropiada que subsidió la oferta en lugar de la demanda, y que derivó en el cepo cambiario y la escalada inflacionaria.
La teoría del valor, fuente de la teoría marxista, también nos recuerda que si bien algunos consumidores residenciales siguen manteniendo tarifas de energía muy inferiores a su costo económico, al país esta energía, que contiene cada vez más componentes fósiles contaminantes, le cuesta mucho más de lo que la pagan en otros países en los que el Estado interviene callada e inteligentemente.
