(Columna de Marina Dal Poggetto y Martín Vauthier, directora y economista de Estudio Bein & Asociados, respectivamente)
Hacia 2006, cuando la economía ya había recuperado lo perdido durante la crisis, advertíamos sobre la necesidad de moderar la trayectoria del gasto primario, ubicando su tasa de crecimiento unos puntos por debajo de la dinámica de los recursos, situación que hubiera permitido avanzar en el desendeudamiento con superávit y no con reservas. También planteábamos, a medida que el mercado de trabajo se acercaba a una situación de pleno empleo, el tipo de cambio tendía al equilibrio y la competitividad de las compañías a achicarse, la necesidad de comenzar a vincular la política de ingresos con la dinámica de la productividad.
No obstante, la política fue por otro carril.
La maximización permanente del corto plazo y políticas sistemáticamente expansivas, independientemente del momento del ciclo, llevaron a la Argentina a perder el superávit del sector externo, vis-à-vis una fuerte apreciación del tipo de cambio real que fue la contracara del salto en los salarios en dólares (que crecieron 47% acumulado en 2010 y 2011). Esta situación llevó a la necesidad de implantar controles cambiarios para limitar el desplome en el nivel de reservas, en un contexto en el cual la política optó por no acelerar aún más la pauta de devaluación ?con sus consecuentes impactos sobre los ingresos reales y, por ende, sobre el consumo? ni abrir el grifo del crédito externo, aún cuando el ratio de deuda en el mercado contra el PIB se ubica en mínimos de tres décadas.
En 2012 comenzó a apreciarse el dilema de la política, y que el exceso de dólares durante la década previa había permitido sortear. La Argentina abandonó las tasas “chinas” con las que había convivido desde 2003, y la política se encuentra frente a un delicado equilibrio para intentar evitar que la tasa de inflación escale sin frenar aún más el crecimiento de la economía. Con una inflación de base en torno a 24% en el cierre del año pasado, si la política de ingresos (y, en consecuencia, la fiscal) se pasa de largo, como demandan los sindicatos, se acelera la inflación. Pero si no se fuerza lo suficiente, se frena aun más la economía por la caída en los ingresos reales resultante.
Esto explica por qué el Gobierno tiene todas las fichas puestas en evitar que los acuerdos alcanzados en paritarias salten en relación a un año atrás, en un contexto en el que empezó a desarmar las anclas cambiarias y tarifarias a un ritmo mayor. Más allá de lo rústico de algunos planteos, todas las medidas adoptadas en las últimas dos semanas apuntan a controlar las paritarias en una coyuntura donde la división del sindicalismo no ayuda. División del sindicalismo que, entre otras cosas, es la resultante directa de un modelo donde la caja ya no alcanza para todos.
En este sentido, finalmente se avanzó en el aumento de los mínimos no imponibles del Impuesto a las Ganancias, devolviendo 3 de los 5 puntos que un aumento en los salarios del 24% hubiera generado sobre las alícuotas. Se acotó, por unos meses, el corrimiento del dólar oficial que en diciembre había alcanzado un ritmo del 23% anualizado procurando evitar que el tipo de cambio real siga atrasándose. En enero y febrero, la devaluación retornó al 14% anualizado. Y se promocionó el “acuerdo” con supermercados para congelar precios por dos meses para intentar mostrar una inflación de arranque algo más baja que la de diciembre y enero en la previa a las paritarias. Como en toda negociación, ambas partes empiezan en extremos: el 20% que pide el Gobierno contrasta con el 30%, y más, que piden algunos sindicatos. Los incentivos a llegar a un acuerdo no son evidentes, más allá de los riesgos en torno a una aceleración de la inflación con la cual necesariamente ambas partes pierden.
Frente a este contexto, el conflicto va a ser lo que caracterizará a los próximos meses.
