El “fifty-fifty de Perón”

Entre el mito y la realidad

31 de enero, 2013

El "fifty-fifty de Perón"

(Columna de José Anchorena, director de Desarrollo Económico de la Fundación Pensar)

Hace unos días el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, volvió a destacar el logro por parte del presente Gobierno Nacional del “fifty-fifty de Perón”. Como se sabe, el fifty-fifty se refiere a la distribución del ingreso nacional en partes iguales entre los trabajadores y los dueños del capital. Lo primero que llama la atención de esta declaración es que el INDEC intervenido por el mismo Moreno ha dejado de calcular desde el 2008 las cuentas nacionales de ingreso por lo que no hay fuentes oficiales que puedan determinar la proporción que obtienen los trabajadores. En efecto, el equipo que elaboraba esas cuentas era el mismo que fue desplazado por negarse a adulterar hacia arriba los datos de crecimiento de 2008 y 2009.

A partir de la falta de estadísticas confiables sobre el tema hemos elaborado una serie desde 1995 hasta 2010 con una metodología propia basada en datos provenientes de diversas fuentes, incluyendo los elaborados por el Sedlac en base a la EPH. Así, computamos la remuneración al trabajo a partir del número de trabajadores en cada categoría (asalariados registrados privados y públicos, no registrados y cuentapropistas) y multiplicamos por el salario promedio correspondiente. Luego calculamos la renta de la tierra a partir de precios de alquileres de campos. El residuo respecto al ingreso (producto bruto interno a precios de mercado) resulta la renta del capital antes de impuestos.

El "fifty-fifty de Perón"

La tabla adjunta muestra los resultados de ese cálculo para cuatro años: 1995, 1998, 2003 y 2010. La proporción del ingreso nacional obtenida por el factor trabajo era de 35 y 33% en los primeros dos años, cayó a 27% luego de la crisis del 2001-2002, y se recuperó a 30% para el año 2010. No tenemos todavía la información, pero no creemos que estas cifras hayan cambiado significativamente en 2011 y 2012. La renta de la tierra aumentó fuertemente pasando del 2% en la década del ‘90 a 5% en 2003 y 4% en 2010. Estos son incrementos significativos, primero a partir de la gran devaluación posconvertibilidad, y luego debido a la suba de los precios internacionales de commodities, pero está claro que un aumento significativo de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional no se logrará a través de la redistribución de la renta agraria, como suelen aducir algunos economistas. El residuo, también llamado excedente de explotación bruta, fue en el año 2010 algo mayor que en el año 1995, y casi idéntico al del año 1998.

En suma, si uno compara los años del menemismo con los últimos del kirchnerismo, los trabajadores han perdido participación en el ingreso nacional. Una perspectiva algo distinta se obtiene si uno separa el residuo entre ingresos tributarios (restándole gasto en salarios) y renta del capital luego de impuestos. Mientras que los ingresos tributarios netos de salarios públicos pasaron de 13% del ingreso nacional en 1995 a 26% en 2010, la renta del capital después de impuestos pasó de 49% en 1995 a 51% en 2003 y a 40% en 2010. Esta redistribución del capital privado no contratista al Estado tiene varios componentes pero no son menores los subsidios a empresas de transporte y energía, la estatización de los fondos de pensión y la estatización de empresas.

Esta mayor participación del Estado en la renta nacional, más allá del empleo público, vis-à-vis la renta del capital privado es el gran cambio de la distribución funcional de los últimos 10 años. Está es la contraparte estadística del pasaje del capitalismo poco competitivo pero privado de fines de los ‘90 al capitalismo de Estado del presente. Si nos restringimos al sector privado, la distribución funcional del ingreso era en 2010 muy parecida a la de 1995 y 1998, con una proporción alcanzada por los trabajadores cercana al 35%, muy lejos del “fifty-fifty de Perón”.

Debemos destacar que estos números no son muy diferentes de los que elaboraron J. Lindemboim, D. Kennedy y J. M. Graña del Ceped de la Universidad de Buenos Aires, quienes construyeron series largas desde 1935 hasta el presente. En efecto, esos autores calculan para el año 2010 una participación de la masa salarial en el ingreso nacional algo menor a 35%. Si a eso se le suma la proporción obtenida por cuentapropistas, que no supera el 5%, la proporción obtenida por el total de trabajadores no supera el 40%. Otra vez lejos, del fifty-fifty.

El escenario y los desafíos

En síntesis, durante la última década ni los trabajadores ni el capital privado ganaron en términos relativos. Sí lo hicieron los terratenientes y, sobre todo, los que obtienen ingresos no salariales por parte del Estado: políticos y contratistas. Una pregunta que surge naturalmente es por qué han permitido trabajadores y capitalistas el aumento de la participación de los rentistas políticos. Dos respuestas saltan a la luz.

Primero, porque todos ganaron en términos absolutos a partir, sobre todo, de los altos precios internacionales de las exportaciones argentinas y de la fructificación de las inversiones y el cambio tecnológico de los ‘90 en varios sectores: agropecuario, agroindustrial, energético, telefonía, etcétera. Cuando crece el ingreso recibido, no hay tanta preocupación por una caída en la participación.

Segundo, porque la vuelta a una economía inflacionaria (mientras no se desboque) le da mayores herramientas de negociación al Estado central vis-à-vis los privados, sean trabajadores o capitalistas. Así, el control de precios y las paritarias son herramientas que se activan con la inflación y que le son útiles al Estado para disciplinar a empresarios y trabajadores respectivamente. Estas respuestas nos llevan a una predicción alarmante: agotados los aumentos de producción debido a inversiones en los ‘90, con una posible reversión de los precios internacionales y con una política monetaria ya sin tracción, no hay motivos para que capitalistas y trabajadores no exijan al Estado una mayor participación en el ingreso nacional. Por eso hemos empezado a ver en el último año las quejas de la CGT y de la UIA.

Debe recordarse que en la mayoría de los países avanzados los trabajadores suelen obtener una proporción de entre 55 y 70% del ingreso nacional, bien por encima de lo propuesto por Perón. Por ejemplo, recientemente Paul Krugman se ha preocupado de que la proporción obtenida por los trabajadores en Estados Unidos ha caído desde cerca de 60% en 1970 a 55% en 2011.

El dato cercano a 35% para la Argentina nos lleva a una pregunta fundamental: ¿Por qué es tan baja la participación de los trabajadores en el ingreso nacional de nuestro país? Parte de la respuesta la dimos más arriba: la ineficiencia del Estado impide la transformación de recursos en valorización del trabajo y, por lo tanto, en aumento de salarios. La otra parte se encuentra observando la composición de la renta del capital. Esta se obtiene multiplicando la cantidad de capital por su retribución. La renta del capital en la Argentina es alta, no tanto porque las cantidades de capital sean vastas, sino porque la retribución al capital es grande: se invierte poco con altos márgenes de ganancia por altos riesgos.

Una política desarrollista genuina disminuiría por todos los medios posibles (seguridad jurídica, estabilidad de reglas, estabilidad política y macroeconómica, promoción de competencia, etcétera) las exigencias de alto retorno, lo que llevaría a una capitalización mayor del país. Esto, a su vez, aumentaría la productividad del trabajo, lo que aumentaría los salarios. La ironía consiste en que asegurando y promocionando el capital obtendremos una renta mayor para los trabajadores. No es inaudito: lo han hecho los países desarrollados y lo están haciendo los que aspiran a serlo.