El conjunto de provincias concluirá 2012 con un déficit primario del orden del 0,7% del PIB, similar al del recesivo año 2009, y levemente superior al guarismo observado en 2011 (déficit de 0,6% del PIB). A este resultado se llegaría con una suba de ingresos del orden del 24,1% en 2012, a la vez que el gasto primario lo haría 24,6%. Desagregando, los recursos propios de las provincias aumentarían 30% en 2012, y los recibidos desde la Nación lo harían en 19,5%. Estos últimos, a su vez, tendrían una suba del 23,6% en el caso de los envíos automáticos y del 5% los discrecionales. Por el lado del gasto, existiría una suba del 26,8% en las erogaciones corrientes y del 5% en las de capital. Sumando servicios de la deuda ($ 14.500 millones) al que sería el déficit primario en 2012 ($ 15.119 millones), se obtienen las necesidades de financiamiento totales para el conjunto de provincias en el año, del orden de los $29.600 millones. Esta brecha se cubre con emisión de deuda e incremento de la deuda flotante (gastos devengados pero no pagados).
Resumiendo, la situación fiscal para el consolidado de provincias en 2012: déficit creciente, con menor asistencia por parte de Nación (transferencias discrecionales pasaron de crecer 26,7% en 2011 al 5% en 2012), lo que llevó a ajustar con subas de impuestos provinciales (cerca de $10 mil millones adicionales en 2012) y una marcada ralentización en el ritmo de ejecución de la obra pública (el gasto de capital subirían sólo 5% nominal en 2012, con una caída en términos reales cercana a los veinte puntos porcentuales).
Así las cosas, el gasto primario de las provincias aumentaría 24,6% en 2012, contra 28,9% que lo haría el nacional. Este último, además, subiría 31,6% si se excluyen las transferencias corrientes y de capital a provincias, que, como se dijo, resultaron objeto de recortes. Por su parte, el gasto de capital ejecutado directamente por el Gobierno Nacional aumentaría 18% en 2012, mientras que el de provincias lo haría sólo 5%. Las transferencias de capital a provincias (envíos en su mayoría discrecionales para que los gobiernos subnacionales concreten obras públicas) tuvieron un pico en 2010, cuando alcanzaron 1,06% del PIB, luego de la creación del Fondo Federal Solidario (FFS) en 2009 (participa a provincias el producido de los derechos de exportación sobre el complejo sojero).
Luego, las transferencias de capital comienzan a perder peso, y en 2012 resultarían 0,83% del PIB, las más bajas en los últimos cuatro años. En este sentido, la creación del FFS en 2009 en alguna medida sustituyó a recursos que antes llegaban en forma discrecional a provincias.
Claramente, existe una situación de marcada asimetría entre la forma en que deben afrontar la escasez fiscal el Gobierno Nacional y los provinciales: el primero sigue aumentando mucho el gasto, recorta envíos discrecionales a provincias y financia el déficit a través de colocaciones de deuda compulsivas intrasector público (especialmente al BCRA), mientras que las jurisdicciones provinciales debieron subir impuestos, recortar obras públicas y recurrir a los difíciles mercados voluntarios de deuda. En este contexto, son las jurisdicciones más pobladas las que llevan la de perder. En el caso de Buenos Aires, por el perjuicio relativo que le significa el hecho que se mantenga el tope nominal al Fondo del Conurbano Bonaerense, en lo que respecta a los envíos automáticos desde la Nación, y a una merma en la recepción de envíos discrecionales en 2012. En el caso de Córdoba y Santa Fe, porque la escasa afinidad política con el poder central ha llevado a que dichas jurisdicciones prácticamente no reciban envíos discrecionales desde éste para financiar sus sistemas previsionales, realizar obras y otros destinos. Algo similar ocurre con provincias como San Luis o Corrientes, que tienen muy escaso acceso a los fondos que se distribuyen con mayor discrecionalidad desde el gobierno nacional.
Para 2013 debe esperarse una mejora en los ingresos de las provincias por una previsible, aunque leve, mayor actividad económica. Así, los ingresos subirían cerca del 26% en 2013, contra el 24% al que lo vienen haciendo en 2012. También existiría una previsible recuperación de la obra pública el año entrante (período electoral), con un resultado fiscal que dependerá finalmente de la magnitud que adquieran las subas salariales: si éstas se ubican en torno al 25% anual, el resultado fiscal primario sería aproximadamente -0,4% del PIB (fue -0,7% en 2012). Si, en cambio, los salarios suben un 30%, el déficit fiscal primario subiría hasta 0,8% del PIB. Si bien no parecen cifras inalcanzables para obtener financiamiento en los mercados, el 2013 se muestra todavía como una incógnita con relación a la oferta y demanda de fondos para el sector público en los mercados voluntarios, donde ahora compiten también empresas públicas, como YPF.
