La inversión en infraestructura

Otra oportunidad perdida.

12 de diciembre, 2012

La inversión en infraestructura

(Escrita junto a José Barbero, investigador principal de CIPPEC)

El escenario para financiar los masivos requerimientos de infraestructura en los próximos años es sombrío. Mientras que la inversión total en infraestructura en la Argentina está cerca de llegar al 3% del Producto Bruto Interno (PBI), se estima que en los próximos años el país debería invertir en el orden del 5% anual. La Argentina enfrenta un enorme desafío vinculado con la calidad de la infraestructura en diferentes sectores. Se requieren muchas obras de rehabilitación de redes ya existentes y nuevas obras y trabajos de ampliación de capacidad, tanto para cubrir la brecha actual como para acompañar un proceso de crecimiento sostenido.

Los requerimientos de recursos son masivos. Por eso, es fundamental que las necesidades de inversión se inserten en un contexto de estrategia- país de planes sectoriales –energía, transporte, agua y saneamiento, entre otros– dentro de los cuales se identifiquen los proyectos prioritarios. Sin embargo, no existen muchas opciones para financiar las enormes obras necesarias, en un contexto en el que el Gobierno perdió el superávit fiscal.

Además, el país tiene prácticamente cerrado el financiamiento en los mercados voluntarios o privados de crédito internacional. Por su parte, el reducido tamaño del mercado financiero local –menos del 30% del PIB en términos de depósitos, comparado con una media en América Latina del 65%– complica el financiamiento a largo plazo de obras importantes de infraestructura, como demuestran las dificultades de financiar el plan de inversiones de YPF de más de US$ 35.000 millones.

Otras opciones, recientemente ensayadas en algunas provincias, como la imposición de impuestos específicos o el direccionamiento “forzoso” de crédito privado al financiamiento de obras públicas, como el impulsado por el Banco Central, tienen dos inconvenientes. Los montos generados por las primera vía pueden tener efectos negativos sobre el nivel de actividad, y el financiamiento generado por la segunda vía es insuficiente para sufragar el esfuerzo de inversión en infraestructura requerido por la Argentina.

Además, puede generar un efecto crowding out de los préstamos al sector privado.

A esta situación se suman las dificultades de las provincias, en su mayoría con una situación fiscal aún más delicada que la Nación, que dificulta el financiamiento de nuevas inversiones e, incluso, hacer frente a los gastos operativos de la infraestructura existente y que tienen a su cargo. Por su parte, las políticas de precios y la elevada incertidumbre regulatoria –con entes de control debilitados– reducen los incentivos de las inversiones privadas de magnitud. Además, en 2013 el presupuesto público estará muy demandado por requerimientos sociales y subsidios, en un contexto de creciente deterioro del resultado fiscal de la Nación.

La interminable saga de la restructuración de la deuda y la intervención de las estadísticas oficiales restringen significativamente el acceso a financiamiento internacional a tasas razonables. Bolivia y Uruguay acceden a financiamiento internacional a tasas apenas superiores al 4% a 30 años, mientras que la Argentina enfrenta tasas de más del doble a un año. Así, el país está perdiendo la oportunidad de acceder a financiamiento a largo plazo en un contexto internacional casi inédito de elevadísima liquidez.

Otros países de la región están explotando diversas fuentes de financiamiento de la infraestructura (México, Brasil, Perú, Colombia); en la Argentina, en tanto, corremos el riesgo de limitarnos a los fondos públicos, a asistencias bilaterales fuertemente condicionadas y a aportes de entes multilaterales de alcance muy limitado. En esa perspectiva, es muy posible que la Argentina esté perdiendo una buena oportunidad, y que la brecha de infraestructura se constituya en un obstáculo para el crecimiento sostenido.

Pero para superar esa brecha no sólo hacen falta recursos financieros: también se precisan instituciones con capacidad de planificar, proyectar, contratar y supervisar adecuadamente los proyectos, y un manejo integral de los aspectos sociales, ambientales y de participación comunitaria vinculados con las obras.