(Columna de Marcos Makón, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública -ASAP-)
Con la aprobación del Presupuesto 2013 la semana pasada, se da continuidad al proceso iniciado en el año 1992 por los distintos gobiernos, de presentación por parte del Poder Ejecutivo del proyecto en los términos previstos en las normas legales y su sanción con anterioridad al inicio del ejercicio fiscal. Una excepción a ello fue el caso del presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 que, si bien fue presentado en término por el Poder Ejecutivo, no fue aprobado por el Congreso Nacional. Esta continuidad en el tiempo en el cumplimiento de las normas legales es inédita en la Argentina. El último antecedente de un Presupuesto presentado en término y aprobado en fecha había sido el correspondiente al ejercicio fiscal 1953/54. Cabe señalar que en esa época el ejercicio fiscal se iniciaba el 1º de julio y finalizaba el 30 de junio.
¿Por qué se resalta este aparente mera formalidad? El presupuesto público es una herramienta fundamental de gestión del Estado pues, además de su impacto global sobre el comportamiento de la economía, su formulación y aprobación implica definir y aprobar anualmente una forma de vida de la sociedad, a través del cual se determinan los sectores económicos y sociales que han de financiar el gasto público y la población a la cual se atenderán sus necesidades a través de los bienes, servicios y financiamiento que le suministra el Estado. Por tanto, es un instrumento fundamental para la concreción de las políticas de largo, mediano y corto plazos que requiere la intervención en tiempo y forma de dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo.
Pero esa participación no es suficiente. Es necesario ampliar la base de sustentabilidad e intervención y que la ciudadanía conozca en profundidad qué contiene el presupuesto. Las discusiones que se dan tanto en los ámbitos políticos, académicos y técnicos en oportunidad de tratarse en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto se concentran básicamente en el análisis de la veracidad y consistencia de las variables macroeconómicas que orientan el nivel y composición global del ingreso y gasto público, así como en las variaciones de dichos ingresos y gastos con respecto a su comportamiento en años anteriores.
No se da igual tratamiento al análisis en detalle de que hará el Estado con los recursos asignados, es decir, la cantidad y calidad de bienes y servicios que han de prestarse para satisfacer las necesidad de la población. Es necesario ampliar el ámbito de la discusión presupuestaria introduciendo el análisis y evaluación de en qué se gasta y los resultados que se obtienen de los bienes, servicios y financiamientos que se brindan y no sólo cuanto se gasta y cómo evoluciona el gasto. Como un aporte orientado a profundizar el conocimiento del contenido del presupuesto, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) ha publicado una serie de informes sobre los aspectos centrales del Presupuesto 2013.
A continuación se examinan lo que se considera son los aspectos centrales que contiene la Ley de Presupuesto 2013. En primer lugar, se puede señalar que el Presupuesto del próximo año no presenta variaciones sustanciales con relación a los de años anteriores en lo que se refiere a las políticas que contiene. Expresa una continuación y profundización de políticas ya definidas.
El 73,3% del total del gasto previsto se concentra en los siguientes conceptos, que el Poder Ejecutivo ha definido como prioritarios:
Concepto Participación porcentual
Seguridad Social 44,8%
Educación, Salud y Promoción Social 13,3%
Infraestructura económica y social 10,5%
Seguridad Interior y Sistema Penal 3,1%
Ciencia y técnica 1,6%
Si le adicionan los gastos en concepto de subsidios económicos, el total de prioridades tiene una participación del 85% con relación al total de gastos del Presupuesto Nacional.
La pregunta que surge inmediatamente es: ¿cuál es el destino de esos gastos? Para responder a esta pregunta es necesario analizar las metas físicas incluidas en la ley, tanto en términos de personas beneficiadas como de bienes y servicios prestados.
A simple título ilustrativo y sin agotar la totalidad de metas físicas incluidas en el presupuesto, se presentan los siguientes datos vinculados con algunas de las prioridades mencionadas, que deberían ser objeto de análisis y evaluación:
-Los gastos previstos en materia de seguridad social permitirán atender el financiamiento de 5,9 millones de beneficiarios de jubilaciones y pensiones, 1,3 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas y 3,8 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y embarazadas.
-Los subsidios sociales destinados a seguridad alimentaria y ingreso social por trabajo beneficiarán a 3,45 millones de personas.
-En materia de educación, además de financiarse la atención de casi 1,5 millones de estudios universitarios, se destinarán recursos para la adquisición y distribución de 0,6 millón de netbooks, 8,2 millones de libros y 5 millones de ejemplares del Plan Nacional de Lectura.
-Entre los servicios previstos en el área de Salud, se destacan la distribución a los gobiernos provinciales de 43,4 millones de dosis de vacunas, 16,0 millones de kilogramos de leche fortificada, ampliación de la cobertura del Plan Nacer ejecutado por los gobiernos provinciales y la distribución de 72 millones de productos médicos orientadas a la prevención del VIH/SIDA.
-El proyecto de presupuesto contempla la ejecución de 1.486 proyectos de inversión a ser ejecutados por el Gobierno Nacional, así como más de $ 50.000 millones destinados a financiar inversiones en empresas públicas nacionales y gobiernos provinciales.
El objetivo de la presentación de los indicadores mencionados es el de ilustrar las variables que también deberían haber sido objeto de análisis al momento de discutirse y aprobarse el proyecto de ley de presupuesto de cada año. Tradicionalmente se analiza y discute la magnitud del gasto y no su calidad. Este proceso debería revertirse en los próximos años. El gasto público, además de estar adecuadamente financiado, debe ser utilizado en forma eficiente y estar destinado a satisfacer las demandas prioritarias de la población. El gasto alto no es “malo per se” ni el gasto bajo es “bueno per se”. Lo que debe importar es que el gasto sea de calidad.
