El sector empresarial recibió con entusiasmo la ley que reforma el régimen de ART para frenar la industria del juicio. Hasta ahora, el sistema vigente permitía la doble vía, por la cual el damnificado por accidente de trabajo cobraba la indemnización en la aseguradora y luego, por la vía judicial, demandaba a la empresa, generándoles grandes costos, sobre todo a las firmas de menor tamaño.
El proyecto aprobado refuerza los montos indemnizatorios que fija el régimen de ART y al mismo tiempo elimina la posibilidad de abrir las dos vías para obtener una indemnización. Así, el damnificado en adelante deberá elegir una u otra opción. A pesar de su aprobación, desde diversos frentes se advirtió que la nueva legislación no resuelve el problema, porque será fácil presentar recursos declarando la inconstitucionalidad de la nueva ley por cerrar la doble vía, tal como sucedió con el régimen original de ART. Desde el oficialismo, en tanto, si bien no descartaron esa posibilidad, ven esta reforma como un paso adelante.
Pero no fue el único cambió que ingresó por estos días. La presidenta Cristina Kirchner presentó en la Casa Rosada el Plan Estratégico de Seguros 2020 y el proyecto de Ley de Mercado de Capitales, por los que se destinarán $7.000 millones a financiar emprendimientos productivos. Para ello se estableció que las ART tendrán que destinar un piso mínimo de 5% de sus fondos a financiar emprendimientos productivos con un techo de 10%. En el caso de los seguros generales y reaseguradoras, el piso será de 10% y el techo de 20%, y para las aseguradoras de vida, que cuentan con fondos a mayor plazo, el piso será de 12% y el techo de 30%.
Simultáneamente, se envió al Congreso para su discusión una nueva ley de mercados de capitales que amplía las facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para intervenir los mercados financieros. El proyecto de ley faculta a la CNV a crear nuevos instrumentos financieros y aspira a que las universidades y algunos organismos públicos intervengan en el sector. El objetivo final es eliminar la autorregulación que tiene actualmente el mercado e incrementar la fiscalización de la actividad por parte del Estado para darle transparencia. Sin dudas que son objetivos, en principio, genuinos.
