(Columna de Maximiliano Castillo Carrillo, director de ACM)
En los últimos meses, la coyuntura fiscal y financiera de las provincias ha estado en el candelero por las dificultades de varios gobiernos subnacionales para poder atender con normalidad sus necesidades de financiamiento. La desaceleración en los ingresos impositivos, tanto nacionales como provinciales, en conjunto con la propia rigidez del gasto provincial, principalmente concentrado en el plano salarial, están explicando un nuevo aumento del déficit primario que se ubicaría en 0,9% del PIB este año, luego de un resultado primario negativo de aproximadamente 0,3% el año pasado.
Aunque el deterioro del resultado fiscal no es nuevo y, de hecho, se observa desde 2006, la virtual ausencia de financiamiento voluntario y la falta de un esquema transparente de asistencia financiera de la Nación están ampliando las dificultades financieras de las provincias. En este contexto, la ejecución presupuestaria de las provincias durante los primeros meses del año permite confirmar que, a diferencia de lo que se observa a nivel nacional, el gasto público provincial en términos nominales está mostrando una mayor desaceleración.
En particular, luego de crecer a un ritmo de aproximadamente 34,6% en 2011 (aún no están disponibles las cifras oficiales para el consolidado de las 24 jurisdicciones), según nuestras propias estimaciones en el primer semestre del año el gasto provincial habría crecido 25,1%, dinámica que incluso implicaría una estabilidad en términos reales. Esta performance contrasta con la evolución observada en los últimos nueve años, durante los cuales las provincias, a ritmo similar que la Nación, expandieron su gasto público en promedio 9,6% en términos reales.
Hacia el interior de cada uno de los segmentos de las erogaciones públicas subnacionales, claramente se observa que la desaceleración del gasto es más bien generalizada, afectando a todos los rubros. Por ejemplo, luego de avanzar a un ritmo de 38% en 2011, el gasto salarial, que representa 51% del gasto primario total, estaría creciendo a 30,7% en el primer semestre de este año. Este desempeño también se observa en otros conceptos como las transferencias a municipios, cuyo crecimiento en 2011 se habría ubicado en 31,3%, mientras que en este primer semestre estaría creciendo cerca de 26%.
Más allá de esta moderación general, la dinámica del gasto también exhibe una importante heterogeneidad. En efecto, con una estructura del gasto que, como dijimos, está básicamente concentrada en rubros más inflexibles, no son muchos los conceptos en los que se puede aplicar la tijera cuando el cinturón fiscal ajusta más de lo previsto. En particular, y tal cual era esperado, el gasto de capital (obra pública) ha sido uno de los principales afectados en estos últimos meses, principalmente en aquellas provincias con mayores presiones financieras.
De hecho, en la mayor parte de las jurisdicciones, la obra pública en realidad está mostrando una retracción en términos nominales. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe la obra pública se redujo 20% en el primer semestre, mientras que en Buenos Aires la retracción del gasto de capital fue de 10%, similar a Mendoza donde la caída nominal alcanzó 12,5%. Más aún, en Córdoba la baja en estos gastos suma 40%, aunque esta ejecución corresponde al primer trimestre del año.
De todas maneras, también hay algunas jurisdicciones que, por las propias condiciones estructurales de sus finanzas públicas o por la asistencia que reciben del Tesoro Nacional, han podido diferenciarse de las provincias más comprometidas. En este lote, podemos encontrar a Santiago del Estero y a Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aun reflejan una mejora en promedio de 36% en estos gastos durante el primer trimestre de 2012, aunque también está algo más pausada que en 2011.
Comparaciones y efectos
Aunque el ajuste sobre el gasto de capital parece un resultado “natural” teniendo en cuenta la propia inflexibilidad del gasto en un año más complejo que el originalmente previsto, de cualquier manera no deja de llamar la atención la magnitud de estos ajustes. De hecho, en 2009, año en el cual la actividad había mostrado un deterioro mayor al de este año, el gasto de capital a nivel provincial había mostrado un desempeño algo menos procíclico que en la actualidad.
En aquel año, el gasto de capital mostró un crecimiento nominal de 15%, mientras que el gasto primario aumentó 20%. Asimismo, al analizar la evolución a nivel individual se puede apreciar que fueron ocho las administraciones que redujeron en términos nominales el gasto de capital y, exceptuando a Santa Fe, las jurisdicciones más grandes, como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza mostraron, en contraposición a la dinámica actual, un crecimiento nominal promedio de 36%. Tampoco hay que perder de vista que esta desaceleración tendrá un correlato importante sobre la dinámica de la actividad de la construcción, toda vez que son las jurisdicciones provinciales las que ejecutan aproximadamente 60% del gasto de capital en términos consolidados, es decir, incluyendo las propias erogaciones nacionales de esta índole.
En este sentido, el gasto en obra pública a nivel nacional también está mostrando una desaceleración aunque mantiene un ritmo de crecimiento de 18,3% en los primeros siete meses del año. En este contexto, posiblemente el gasto de capital consolidado muestre la primera retracción en términos reales desde 2002.
En definitiva, el paulatino deterioro de las finanzas públicas provinciales, en conjunto con la ausencia de un esquema transparente y con menores márgenes de discrecionalidad, está forzando a las provincias a concentrar el ajuste en el gasto de capital, a la vez que está potenciando la histórica prociclicidad de la política fiscal. En este contexto, se hace cada vez más necesario un reordenamiento institucional del esquema de distribución de recursos entre la Nación y las provincias, no sólo para cumplir con el propio mandato constitucional, sino también para adecuarlo a la nueva realidad económica.
