Cada día se escuchan más voces en el oficialismo proponiendo reformar la Constitución para habilitar la posibilidad de que la Presidenta compita por un tercer período consecutivo. Sin embargo, hoy no están dadas las condiciones para la reforma y, por lo tanto, no es un proyecto viable, aun cuando esté en el centro del debate político.
En primer lugar, la propia Presidenta no ha hecho una manifestación explícita sobre cuál es su voluntas. En segundo lugar, el oficialismo no cuenta con el suficiente número de legisladores para declarar la necesidad de la reforma. Aun obteniendo muy buenos resultados en las legislativas de 2013 ?45% de los votos sería un porcentaje razonable teniendo en cuenta los antecedentes de elecciones con contextos similares? no alcanzaría el apoyo necesario. En tercer lugar, cabe recordar que todos los procesos reformistas en América Latina se hicieron a partir de acuerdos entre el Gobierno y al menos un partido relevante de la oposición. Esta posibilidad parece clausurada mirando el actual mapa político del país. No hay ningún partido opositor dispuesto a acompañar al oficialismo que, por otra parte, no tiene como práctica habitual la búsqueda de acuerdos. Por último no existe un clima social que esté impulsando un cambio en la Constitución. Las prioridades hoy son otras.
A partir de estos datos surge una pregunta inevitable: ¿por qué se habla tanto de algo que casi no tiene posibilidades de concretarse? Y la respuesta es: porque a los principales actores políticos les conviene que el tema esté instalado.
Por el lado del Gobierno, logra postergar todos los debates por la sucesión consolidando aún más su posición. Quien tenga aspiraciones presidenciales no podrá hacerlas explícitas hasta tanto la Presidenta tome una decisión o se cuenten los votos de las elecciones legislativas. De lo contrario, le puede ocurrir lo mismo que a Daniel Scioli, que tuvo que enfrentar embates desde que dejó en claro sus ambiciones presidenciales.
Los partidos de oposición, a su vez, tienen un tema que los unifica y que les da un motivo claro para movilizarse contra el Gobierno. El debate por la reforma también tiene consecuencias hacia el interior de cada una de las fuerzas políticas.
En el oficialismo, todos aquellos que estaban pensando en una construcción política poskirchnerista ?que incluía una oferta electoral propia en 2013? darán un paso al costado y esperarán a que se defina, primero, la posibilidad de una reforma constitucional.
A su vez, entre los opositores ganarán terreno aquellos que impulsan acuerdos amplios, porque pueden sostener que frenar una re-reelección es una obligación que va más allá de las diferencias ideológicas que pueda haber en otros temas. En definitiva, se hablará cada vez más de un tema que cada vez tiene menos posibilidades de convertirse en realidad.
Pero el riesgo que corren, tanto oficialistas como opositores, es aparecer frente a la sociedad discutiendo temas que tienen poca relación con sus preocupaciones cotidianas.
