“El ingreso medio de la Capital Federal es casi ocho veces superior al de la provincia más pobre, que es Formosa. En la provincia de Santa Cruz reside apenas el 0,7% de la población argentina, cuyo ingreso medio es tres veces superior al de los residentes de la provincia de Buenos Aires, donde se localiza el 39% de la población total del país”. Estos impactantes datos sirven de prólogo a la investigación divulgada en estos días por la Fundación Observatorio Pyme, dedicada a analizar las asimetrías regionales y el desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas industrias en la Argentina.
La descripción incluye, por cierto, el caso paradójico de dos jurisdicciones vecinas: la Capital Federal, donde vive apenas el 7% del total de la población, pero concentra casi una cuarta parte (22%) del PIB nacional, y la provincia de Buenos Aires, en cuyo extenso territorio se asientan los hogares del 39% de los argentinos, pero participa con el 33% de producto.
El trabajo refuta, además, la generalizada noción de que la Argentina es una suerte de isla de equidad en medio de una región caracterizada por los fuertes contrastes. Para corregir esta perspectiva, apela a la comparación del PIB per capita de cada una de las cinco jurisdicciones más ricas del país frente a las cinco más pobres. La brecha que surge de este cálculo es más elevada que las que registran Brasil y Chile, y también que las observadas entre la legendaria pobreza del Sur italiano frente al Norte desarrollado de la península.
Sobre este trasfondo de desigualdad, el mapa que muestra cómo se distribuyen por la geografía nacional las pequeñas y medianas industrias reproduce, naturalmente, los mismos rasgos. (Lo cual parece, a la vez, causa y consecuencia del mismo fenómeno: los bajos ingresos no favorecen el surgimiento de unidades productivas, y la relativa ausencia de éstas no hace más que profundizar y perpetuar el paisaje de la pobreza). Es así como ocho de cada diez Pymes industriales argentinas aparecen instaladas en la región Centro y el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en tanto que el Noroeste y el Noreste exhiben apenas entre 3% y 5% de gravitación en el total.
Nuevamente, esta extrema concentración del entramado productivo resulta más llamativa que la tradicional brecha entre el mezzogiorno italiano (donde se encuentra el 25% de la industria del país) y el próspero norte (que acumula el 55%). Las fuertes diferencias no son, por cierto, sólo cuantitativas. El grado de desarrollo de las firmas, medido a través de indicadores tales como su capacidad exportadora, su participación en programas de gestión de calidad o su estructura societaria, proporciona también contundentes evidencias de los desniveles regionales.
Indices en pugna
En el campo de la organización formal adoptada por las firmas industriales, puede verse que en el distrito bonaerense de Pilar, el 91% de las Pymes fabriles son sociedades anónimas o SRL. El porcentaje desciende a 87% en el AMBA, en tanto que el promedio nacional exhibe un nivel relativamente elevado, de 80%. En cambio, en el Chaco, sólo una cuarta parte de los emprendimientos industriales se ha formalizado como sociedad comercial. E incluso distritos importantes, como la provincia de Santa Fe y las provincias de Cuyo exhiben índices que rondan apenas el 70%.
La certificación de normas de calidad ISO suele representar un desafío importante para las pequeñas y medianas industrias, por el grado de compromiso, esfuerzo y perseverancia que imponen estos procesos. Lo cual se refleja en el modesto índice nacional de 18% de Pymes manufactureras que han accedido a este diploma de excelencia. Sólo la región del AMBA (con 22%) y en particular el distrito de Pilar (con 29%) muestran promedios superiores. En Salta, apenas el 10% de las firmas industriales ostenta estas certificaciones, y en Chaco y Corrientes las cifras son aún más bajas (3% y 2%, respectivamente).
Pero quizá el desafío más riguroso para los pequeños y medianos fabricantes de bienes manufacturados es alcanzar el desarrollo organizacional y productivo necesario para competir fronteras afuera. “En general, las empresas que logran exportar presentan un mejor desempeño relativo que el resto, ya que es frecuente que deban hacer (y sostener) mejoras sustanciales en su organización productiva o en la elaboración de sus productos, lo que requiere gestión de calidad, mejoras en el método productivo y la implementación de estrategias de comercialización y logística. A la vez, esta condición de exportadora retroalimenta las mejoras cualitativas y favorece el desempeño de la empresa”, describe el texto del estudio.
Si se contempla a las Pymes desde esta perspectiva, y se dejan a un lado las ventas al exterior de firmas que operan en base a las ventajas naturales de una región para exportar productos específicos, la localidad bonaerense de Pilar asoma nuevamente como un caso excepcional: el 27% de las firmas industriales radicadas allí exporta por valores superiores al 5% de su facturación total. Le siguen en el ranking de exportadores las Pymes del Conurbano bonaerense (con 21%) y las de la región del AMBA (con 19%). Estas tres jurisdicciones superan el promedio nacional, que se ubica en 17% de pequeñas y medianas industrias que colocan en mercados foráneos más del 5% de sus ventas. Cuyo, la región Centro y el Sur alcanzan 15% cada uno, levemente por debajo de la media general. En tanto que Chaco, Tucumán y Salta cierran la nómina con escasos índices de participación (entre 4 y 3%) en esta nómina de pequeños y medianos exportadores.
Primeros pasos
“Las dificultades que encuentran las Pymes para exportar sus productos llevan a pensar en un conjunto de mecanismos que permitan facilitar el desarrollo productivo regional, con base en las pequeñas y medianas industrias. Los primeros estarán condicionados a la propia productividad de la empresa (organización, conocimiento aplicado, experiencia y capital físico) y a la calidad de los productos que producen. Los otros, al grado de integración económica existente, concepto íntimamente ligado a las tecnologías de transporte y sus costos, que repercuten en su precio de venta. La integración económica de los territorios es uno de los primeros pasos que deben darse para lograr relaciones económicas densas, aspecto fundamental para la reducción de las asimetrías regionales”, apuntan los autores del estudio del Observatorio Pyme.
La idea que se despliega a lo largo de la investigación es que los mecanismos de mercado difícilmente pueden ser considerados, por sí mismos, como la herramienta adecuada para corregir las fuertes inequidades que impiden pensar siquiera en un desarrollo productivo regional armónico, y que lo que se impone, claramente, es la necesidad de diseñar políticas públicas que tiendan a reducir la brecha económica y social en el extenso territorio argentino.
“La desigualdad territorial y social de la Argentina es el origen de importantes ineficiencias económicas debido a que gran parte de los recursos materiales y humanos de las provincias/departamentos/ municipios rezagados quedan subutilizados en el proceso productivo nacional. Así, la subutilización de los recursos produce más inequidad. De esta manera, la insuficiente cohesión territorial produce las dos trampas clásicas del subdesarrollo: el desaprovechamiento de los recursos potenciales y la exclusión social”, define la investigación.
Se destacan, en ese sentido, las severas limitaciones que ha demostrado, en la práctica, el mecanismo de coparticipación federal como herramienta apta para nivelar el terreno en el entramado productivo del país.
Los investigadores no procuran, tampoco, instalar una visión forzadamente optimista de la situación si no se introducen cambios significativos en las estrategias públicas. “En ausencia de una política regional suficientemente incisiva y eficaz, los desequilibrios territoriales de la Argentina continuarán aumentando, ya que la dotación de infraestructura inicial ha favorecido e incentivado un modelo de localización económica que tiende a reforzarse naturalmente en el tiempo, mediante las llamadas economías de aglomeración”, advierten los autores.
“El 80% de los departamentos actualmente calificados como industriales fueron aquellos históricamente atravesados por las redes ferroviarias trazadas durante el siglo pasado. Las economías iniciales de localización derivadas de la ventaja por existencia de la red ferroviaria se consolida y reproduce naturalmente en el tiempo”, diagnostican. “Por lo tanto, solo una fuerte política regional que tienda a revertir esta situación puede interrumpir este proceso natural acumulativo de concentración territorial”.
En ese sentido, los investigadores resaltan el contraste entre los dos grandes enfoques que hoy dominan los modelos de intervención pública en esta área. Por un lado, el de “áreas de competencia” y, por el otro, el territorial. El primero, dominante en Estados Unidos, apunta a la creación de fondos para alentar proyectos (de infraestructura, salud, educación, innovación, etcétera.), generados por cada jurisdicción, que compiten entre sí para captar recursos públicos.
De este modo, se supone que se establecerá una regla de distribución del ingreso, independientemente de las afinidades políticas entre el gobierno federal y el del territorio. La desventaja de este modelo es que, por su especialización sectorial, no suele coordinarse con otras iniciativas de fomento destinadas a la misma región. En el modelo territorial, típico de la Unión Europea, la herramienta elegida es la asignación de fondos multisectoriales para que las autoridades locales los destinen a proyectos integrados, que apunten a la inclusión y al crecimiento. El riesgo implícito aquí radica, desde luego, en que proliferen las prácticas clientelares propias de la política.
(De la edición impresa)
