El decreto 1277 y el sector energético

Las 3 preguntas: opinan Navajas, Apud y Montamat.

6 de agosto, 2012

El decreto 1277 y el sector energético

Fernando Navajas, economista jefe de Fiel

Emilio Apud, ex secretario de Energía

Daniel Montamat, ex secretario de Energía y director de Montamant y Asociados

1. ¿Qué significa el decreto 1277 sobre la intervención del Estado en el sector hidrocarburífero?

Fernando Navajas (F.N.): En lo sustancial, el decreto es un big-bang regulatorio porque implica la abolición de tres pilares sobre los que estaba organizado el upstream, basados en tres decretos de desregulación de 1989 (la libre disponibilidad de crudo, la formación de precios con criterio de mercado y la libre exportación y disponibilidad de divisas). A esto se agrega una parafernalia de controles y seguimiento de inversiones y regulación de precios, costos y ganancias. Es un retorno a una regulación estatal muy chapada a la antigua, no es una planificación moderna.

Emilio Apud (E.A.): En los papeles es la reglamentación de la Ley 26.741. En los hechos es un salvoconducto para un mayor intervencionismo del Estado en el sector petrolero y, en consecuencia, un gran obstáculo para que vengan inversiones, única solución posible a la dependencia creciente de las importaciones. Agrava la situación el haber creado una comisión a cargo de Axel Kicillof y Guillermo Moreno, quienes no son muy adeptos a la seguridad jurídica ni a los climas de negocios. El decreto adolece de defectos legales en perjuicio de las provincias petroleras. Pone en evidencia que esa ley no se refería solamente a la expropiación de las acciones de Repsol sino que apuntaba a todo el sector. No obstante, la mayoría del espectro político de la oposición la aprobó y contó con la ayuda irrestricta de las provincias petroleras, de la UIA y de gran parte de la población.

Daniel Montamat (D.M.): El decreto 1.277 reglamenta la Ley 26.741. Esa ley en su artículo 1º declaraba de “interés público nacional” los distintos segmentos de la industria petrolera. La reglamentación explicita qué se entiende por “interés público”. Se entiende que inversiones, costos, precios, rentabilidad y nivel de actividad, tanto aguas arriba como aguas abajo, quedan sujetos a la intervención del Estado. Para ello se crea una Comisión con tres representantes: dos de Economía y uno del Ministerio de Planificación. Los distintos actores de la industria deberán presentar todos los años a esa Comisión un plan de inversión, para ser analizado y aprobado. Los decretos de desregulación de la industria de Carlos Menem pierden vigencia.

2. ¿Cómo cree que impactará en YPF? ¿Beneficiará a la empresa?

F.N.: Hay diferentes impactos. Un primer impacto positivo para YPF es que al volver al túnel del tiempo en materia de funcionamiento hidrocarburífero el rol de la empresa se va a agigantar porque va a ser el pivot de un manejo más estatal del sector. El costado negativo es que puede alejar mucho más a la empresa de atraer financiamiento internacional, porque entrar a la Argentina con las reglas anteriores no va a ocurrir voluntariamente. Excepto que existan contratos de asociación de YPF que tengan “excepciones” al decreto 1.277 y consagren una discriminación a favor de YPF.

E.A.: Impactará negativamente, ya que al espantar inversiones no complementa el esfuerzo de Miguel Gallucio, quien se esmera en reorganizar la empresa con prácticas de gestión adecuadas y la incorporación de buenos profesionales. Hay que capitalizar a YPF, y el decreto provoca lo contrario. Pero es necesario advertir que este decreto reglamentario se refiere a toda la industria petrolera de la cual YPF sólo significa un 30% de la producción y reservas.

D.M.: Creo que YPF será la primera víctima de esta reglamentación. Ya tenía problemas para encontrar socios estratégicos y financiamiento para su plan de inversiones de US$ 7.000 millones por año. Ahora deberá explicar el rol de esa Comisión en su estructura de precios y costos. Si hay dudas de interferencia política en su gestión y en la renta apropiable, va a tener menos interesados y mayores costos de financiamiento.

3. ¿Qué saldo comercial energético proyecta para este y el próximo año?

F.N.: Lejos de los pronósticos más exagerados, la extrapolación “mecánica” de las tendencias de años previos daba al comienzo de este año algo en el orden de US$ 5.500 millones, es decir que se iban a agregar US$ 2.500 millones a lo de 2011. Pero la evolución del primer semestre indica que este salto va a reducirse en US$ 1.000 millones y estar más cercano a US$ 4.500 millones, en gran medida debido a la desaceleración de la demanda y, en parte, a que algún repunte inesperado, aunque pequeño, de las exportaciones. El próximo año es incierto porque hay que esperar a ver si va a existir reacción de la oferta y la producción en el segundo semestre.

E.A.: Depende de la recesión, la que incidirá en la demanda interna. En 2012, siempre que no haya cambios bruscos en los precios internacionales, puede que el déficit de la balanza comercial de energía esté en el orden de los US$ 5.000 millones. En el 2013, podría superar los US$ 7.000 por una merma en la producción local a causa de estas medidas intervencionistas que afectarán el ya reducido nivel de inversión.

D.M.: El saldo comercial energético de este año va a ser negativo. El déficit rondará los US$ 5.000/6.000 millones según la perfomance económica del próximo semestre. El próximo año el déficit va a seguir creciendo, entre otras razones, como consecuencia de las señales a la inversión que da este decreto.

(De la edición impresa)