En la Historia Argentina, y especialmente en las últimas décadas, la deuda externa tuvo un rol protagónico. Salió a escena con la última dictadura, que disponía de fluido financiamiento desde el exterior. Tras su paso, la deuda pública subió de 13,8% del PIB a 46,8%, según datos del FMI. A principios de los noventa llegó el lavado de deuda que implicó el Plan Brady.
Los nuevos gobiernos democráticos reconocieron como propia la deuda de la dictadura, acto que abrió nuevamente el acceso a los mercados de deuda para América Latina. Sin sacar ni una moraleja del pasado, la Argentina arrancó otra panzada de endeudamiento externo en la década de los noventa. La deuda pública pasó de US$ 64 mil millones en 1993 a US$ 141 mil millones minutos antes de anunciar un nuevo default del 2001. La necesidad de compensar a bancos y ahorristas por la trampa de la convertibilidad, más los intereses que corrían de la deuda en default, llevó la deuda pública a un total de US$191 mil millones en 2004, equivalente a 124% del PIB. En 2005 llega el canje de deuda e inicia el periodo de desendeudamiento del Estado. El exitoso canje logró una adhesión voluntaria del 92%, y redujo el monto adeudado en US$ 48 mil millones, además de reducir el pago de intereses y alargar plazos para su pago.
La crisis internacional y la sequía local de 2009 pulverizan el superávit fiscal. El Gobierno estatiza las AFJP para hacerse del flujo de los aportes, además de reducir el stock de deuda pública en manos de privados en cerca de US$ 36 mil millones. El Gobierno nunca procuró recuperar el superávit fiscal y comenzó a pagar la deuda pública solamente a través del impuesto inflacionario. En efecto, en 2010 y 2011 la cosecha se recuperó y la economía volvió a crecer a tasas chinas. No obstante el déficit primario se incrementó a 1,3% del PIB en 2011 y este año volvería a crecer hasta 1,6%.
No querer recuperar el superávit fiscal fue una decisión política, como también lo fue reemplazarlo por el impuesto inflacionario, para no tomar deuda como alternativa de financiamiento. Estas decisiones políticas marcan el nuevo esquema macroeconómico 2009 ? 2012: ahora, la deuda pública se paga con inflación. Desde 2009 al 2011 el uso del impuesto inflacionario no implicaba devaluación gracias al colchón cambiario existente. Pero la constante pérdida de competitividad llevó al atraso cambiario hacia finales de 2011. Para ese entonces la deuda pública en manos privadas y organismos internacionales había descendido en US$ 108 mil millones desde finales de 2004.
La diferencia entre la deuda pública bruta y la deuda pública neta, que implica restar de la bruta, es toda aquella que esté en poder de otras instituciones públicas. Tomando el criterio de deuda pública neta, deja en evidencia el bajo nivel de endeudamiento del sector público argentino. El Gobierno mexicano adeuda el 40% del PIB, el brasileño el 36%, el colombiano el 27% y el argentino, sólo el 19% del producto. La deuda neta sumó US$ 83 mil millones a fines de 2011, equivalente a 19% del PIB, los cuales US$ 25 mil millones se adeudan a organismos internacionales y US$ 58 mil millones a privados. De ellos, sólo US$ 41.000 M en moneda extranjera. En 2004, la deuda pública per capita era de US$ 5.000, actualmente representa US$ 2.000: cayó 60%. Los números son elocuentes y el desendeudamiento es un hecho. En 2013 sólo se necesitan US$ 4.600 millones para el pago de la deuda en dólares, y en 2014 sólo US$ 2.400 (0,5% del producto), si no paga el cupón PIB.
Ahora bien, por más baja que sea la deuda, se agotó el margen para financiarse con el impuesto inflacionario, sin que ello no implique devaluación. Una vez agotado el colchón cambiario, seguir esta estrategia de cara a 2015 tiene un impacto económico y político no menor. La notable baja en los vencimientos de deuda en 2013 y 2014 advierte que la necesidad futura de impuesto inflacionario dependerá exclusivamente de la magnitud que alcance el déficit fiscal. Si se acompaña la baja en los vencimientos de deuda con una baja en el déficit fiscal (con quita de subsidios, principalmente al gas), la necesidad de financiarse vía impuesto inflacionario se reduciría significativamente, alentando, en consecuencia, también una baja en la inflación.
En suma, la Argentina ya no dispone de la fortaleza macroeconómica de unos años atrás, pero tampoco la debilidad estructural de décadas previas, tal como fue la deuda externa. La deuda fue un lastre que impidió el crecimiento económico y sumó frustraciones. La realidad de la Argentina hoy es otra: se sacó de encima la deuda externa, cerrando otra herida que dejó el paso de la dictadura y la convertibilidad.
Por último, el mundo está mirando cómo se desarrolla la crisis del euro, que se esconde bajo una montaña de deuda pública. Si Europa finalmente “patea el tablero”, el impacto de la crisis internacional sobre las economías emergentes se magnificará en aquellos países que tengan un elevado nivel de endeudamiento en moneda extranjera. El posible estrangulamiento del crédito externo, el derrumbe de las exportaciones y caída de precios de las commodities sería el natural escenario del “euroggedon”.
En ese caso, la Argentina no lograría evitar la crisis, como tampoco ningún país del mundo, pero sí evitará su propio colapso económico, gracias al desendeudamiento de los últimos años.
(De la edición impresa)
