(Columna de opinión de Ariel Melamud, economista de Analytica Consultora)
En el marco de la reciente decisión del Gobierno de nacionalizar YPF resulta oportuno reflexionar sobre la distribución actual de la renta petrolera en la Argentina. Desde inicios del 2012 la agenda política ubicó al sector energético como una parte sumamente importante de los desafíos macroeconómicos, principalmente porque su insuficiente producción e inversión obstaculizó el crecimiento, aunque también porque su gran expansión importadora influyó sobre la restricción externa. Primero, debe aclararse que el 86% de las necesidades energéticas del país se cubren con hidrocarburos.
Históricamente, las dos grandes discusiones argentinas sobre hidrocarburos se centraron en “¿de quién es su propiedad?” (Estado vs. Privados) y “¿quién entrega las áreas de concesión?” (Provincias vs. Nación). En el caso de la flamante YPF ?la mayor empresa argentina con $57.000 millones de ventas en 2011 (participa con el 34% de la extracción de petróleo y 23% de la extracción de gas natural)? se inició como una empresa estatal a comienzos del Siglo XX, Perón incorporó en 1954 a grandes capitales extranjeros para enfrentar un nuevo estrangulamiento externo, se privatizó entre 1992 y 1999 en línea con la fracasada política neoliberal y privatista de los '90 y el Estado volvió (con gran apoyo popular y de casi todo el arco político) a convertirse en su principal accionista.
Ahora bien, hay que remarcar que cerca del 90% de las reservas mundiales de hidrocarburos está a cargo de empresas estatales, como alternativa para lograr cierto control de la renta petrolera y gestionar un recurso estratégico para el desarrollo. En el caso argentino, las provincias aprueban las concesiones petroleras ?en algunos casos con mayor capacidad y en otros con menos?, mientras que el Gobierno Nacional administra la política de explotación y exploración. Así, las provincias petroleras (Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Neuquén), recaudaron $6.000 millones en 2011 por regalías, que promediaron el 25% de sus recursos. Los datos recientes de reservas y producción reflejan las fallas del mercado energético y respalda la decisión del Estado de involucrarse activamente en el sector: las reservas comprobadas y la producción de petróleo cayeron 57% y 36%, respectivamente, y no acompañaron dinámico proceso de crecimiento económico.
La renta petrolera y gasífera (precios menos costos) promedió 18.678 millones de dólares por año entre 2008-2010: 5% del PIB (50% más que entre 2005-2007 y tres veces más que entre 2002-2004). De la renta del período 2008-2010, el 70% correspondió a los consumidores (por la diferencia entre el precio local e internacional) y las refinerías (compran su materia prima a bajo costo), el sector público se llevó el 20% (impuestos y regalías: 10% la Nación y 10% las provincias), y las empresas el 10% restante. La disminución de la participación del sector privado alentó la sobreexplotación de los yacimientos en producción y desalentó nuevos descubrimientos. Cabe mencionar, no obstante, que la política de remisión de utilidades de las multinacionales del sector no sólo compensó las pérdidas de sus casas matrices, sino también financió las inversiones que hicieron en otros países.
El principal desafío en la gestión pública de YPF será lograr una fluida oferta energética a precios razonables, asociándose estratégicamente con firmas que prioricen el mercado interno, para apalancar un sostenido crecimiento económico.
(De la edición impresa)
