(Columna de opinión del sociólogo Alejandro Bonvecchi)
La reciente reforma a la Carta Orgánica del Banco Central constituye una maniobra ne - cesaria para la supervivencia política del grupo gobernante. Esta supervivencia de - pende de la capacidad de los gobernantes de mantener la lealtad de los miembros de su coalición. Esa capacidad depende de generar una distribución de bienes privados favorable a esos miembros y, por ende, del financiamiento y el formato institucional de esa distribución. La reforma en cuestión fortalece la capacidad de financiamiento y de asignación discrecional de bienes privados.
Pero su naturaleza reduce la utilidad de esos bienes privados para los miembros de la coalición y, por consiguiente, incrementa en el mediano plazo el riesgo de su defección hacia alguna coalición alternativa. La coalición kirchnerista, como toda coalición gobernante, se ha sostenido recompensando la lealtad de sus miembros con una distribución diferencialmente favorable de bie - nes privados: obras públicas y transferencias financieras para gobiernos provinciales y municipales; créditos blandos y negocios con el Estado para grupos empresarios; subsidios tarifarios para la clase media urbana bonaerense; estabilidad cambiaria para los sectores medios y altos; programas de trabajo y transferencias de ingreso para sectores pobres. Esta distribución se financió mayormente, hasta 2006, con ingresos impositivos provenientes del comercio exterior y de la reactivación económica.
Desde entonces ?por la combinación de los efectos de la política monetaria expansiva, la recuperación del empleo y el agotamiento de la capacidad instalada? el impuesto inflacionario y el uso de recursos públicos detraídos de otros destinos (como la seguridad social) fueron incrementando su participación en el esquema de financiamiento de la coalición. En simultáneo, las decisiones de gasto tomadas por el Gobierno para ampliar el tamaño y luego mantener la lealtad de su coalición aumentaron las necesidades de financiamiento.
El resultado agregado fue el feedback entre gasto y presión tributaria. Para sostener el empleo generado por la obra pública y la expansión de la planta salarial, el nivel de actividad estimulado por créditos y contratos públicos, las compras de energía para mantener las tarifas bajas, la acumulación de reservas internacionales, y los programas sociales, fue necesario incrementar la presión tributaria ?aumentando las retencines, expandiendo el impuesto a las ganancias y a los bienes personales, reasignando los fondos previsionales (lo cual introduce el equivalente a un impuesto a las jubilaciones futuras) y, al cabo, reponiendo el impuesto inflacionario?.
Cada incremento de la presión tributaria realimentó la expansión del gasto: para obtener apoyo al aumento de las retenciones se asignó parte de la recaudación a obras públicas provinciales; los ingresos por ganancias y bienes personales financian programas sociales y abastecen los fondos previsionales que se derivan al sector financiero y a empresas; la inflación presiona al incremento generalizado del gasto a través de las negociaciones salariales y de la actualización de los contratos con el Estado. Esta doble espiralización de gasto y presión tributaria parece haber arrojado la escalera por la cual subió. En parte por el antecedente del conflicto agrario, el Gobierno carece de margen político para aumentar las retenciones.
Tampoco puede extender las bases ni las alícuotas de los impuestos ordinarios (IVA, Ganancias, Bienes Personales, Transacciones Financieras) sin estimular su traslado a precios y salarios y, con ello, la inflación y el riesgo de estancamiento de la actividad económica. Cerradas esas vías de financiamiento, el grupo gobernante ha optado por el mecanismo menos visible e inmediatamente más efectivo: el impuesto inflacionario. La reforma del BCRA apuntó precisamente a ese objetivo al remover todo obstáculo tanto a la emisión de dinero sin respaldo en reservas internacionales de divisas como a la financiación del Tesoro.
Emitir pesos sin respaldo en reservas en un país bimonetario induciría a la suba del precio de la otra moneda utilizada y, por ello, al aumento de los precios de los insumos y bienes transados en esa moneda. Financiar los gastos del Tesoro en una economía con agotamiento de su capacidad instalada y cuasi pleno empleo implicaría volcar en los circuitos transaccionales más pesos que los demandados. Por ambas vías, pues, se estimularía la inflación y la recaudación de otro impuesto en principio no coparticipable con las provincias. Al eliminarse también la independencia política del BCRA se otorgaría al Ejecutivo el control discrecional no sólo de este financiamiento sino también de la asignación de créditos y tasas de interés para actividades productivas.
Con esta reforma, entonces, el Gobierno consigue maximizar en el corto plazo la única fuente de financiamiento disponible y el control discrecional sobre su uso. La racionalidad de supervivencia política sería impecable: con más recursos se mantiene la lealtad de la coalición; con control discrecional se excluye la posibilidad de que potenciales rivales prometan creíblemente una distribución diferente de bie - nes privados. Subsiste, empero, un problema: el impuesto inflacionario disminuye la utilidad de los miembros de la coalición al reducir el valor real de sus bienes privados.
Cuanto mayor sea la reducción, menor será la lealtad. Cuanto más sea percibida como permanente la pérdida de valor de las recompensas, mayor será el atractivo de una oferta de liderazgo alternativa que restaure ese valor. Cuanto más persistente resulte el deterioro, mayor será la búsqueda de compensaciones: emisión de bonos provinciales, reclamos salariales, evasión de impuestos regulares, dolarización de carteras, fuga de capitales. Es que también para los miembros de la coalición está en juego la supervivencia política: gobernadores e intendentes necesitan controlar sus administraciones para aspirar a la reelección; sindicalistas y piqueteros necesitan abastecer las demandas de sus bases para conservar su adhesión; empresarios y banqueros necesitan sostener la rentabilidad para mantener sus negocios a flote.
Si el Gobierno Nacional no puede garantizarles el financiamiento necesario, habrán de procurárselo como puedan, y en ese intento incrementarán su autonomía. Así, pues, esta política monetaria proinflacionaria fortalece hoy la supervivencia política del gobierno, pero la debilita en el mediano plazo minando las bases de la lealtad de los miembros de su coalición. Si esta política se mantiene, que el riesgo de desarticulación se realice dependerá cada vez menos del arte político de los potenciales rivales y cada vez más de la dinámica política típica de las economías de alta inflación ?por más ingentes que sean los esfuerzos de los gobernantes y de sus epígonos por olvidar y hacer olvidar las lecciones duramente aprendidas en la historia económica argentina y mundial?.
Si se gradúa y modifica a tiempo, el gobierno kirchnerista podría sobrevivir, pero el ajuste económico lo forzaría a cambiar de coalición, y no hay operación más riesgosa que esa para la supervivencia política.
(De la edición impresa)
