(Columna de opinión de Rodrigo Alvarez Litre, economista jefe de Ecolatina)
La tradicional puja entre trabajadores y empresarios que se inicia en los próximos días vuelve a dominar la agenda. No es para menos. Se trata de un hito fundamental en la estrategia del Gobierno de reducir el ritmo de crecimiento de las principales variables nominales sin frenar abruptamente la marcha de la economía. Aunque los múltiples cruces de declaraciones de funcionarios, sindicalistas y empresarios alimentan la incertidumbre, un análisis detallado de las principales aristas indica que 2012 cerrará con una significativa reducción en el ritmo de suba de los salarios respecto del año pasado.
El punto de partida para la negociación presenta elementos alentadores. En 2011 los trabajadores
registraron una importante mejora de su poder adquisitivo producto de subas salariales promedio de 28% y una inflación real que finalizó en 22%. En otros términos no se deberá recomponer poder adquisitivo perdido. Además, la foto de marzo próximo será mejor a la del año pasado: la inflación se ubicará entre 3 y 4 puntos porcentuales por debajo. Lamentablemente, la falta de indicadores oficiales confiables impide que esta mejora objetiva se traduzca linealmente en un cambio de las expectativas inflacionarias (aún se ubican en torno de al%).
El contexto económico de la negociación también invita a la moderación. El mundo está creciendo a un menor ritmo y el desempleo en las economías desarrolladas sigue siendo muy elevado. Lógicamente la competencia por los mercados va a ser creciente y la presión política para avalar medidas proteccionistas irá en aumento. Esta lectura es compartida por el Gobierno cuando reconoce que el viento de cola se está perdiendo y es necesario comenzar a ordenar la macro para evitar un ajuste forzado.
Recomponer el superávit fiscal, sentarse sobre la caja en dólares y dar señales de moderación en
la política de ingresos son los lineamientos básicos elegidos por el Ejecutivo Nacional. Claro que algunas medidas generan efectos encontrados. Por ejemplo, la quita parcial de subsidios que se viene desplegando suma alguna presión a las próximas negociaciones. En rigor, el impacto en
el bolsillo de los trabajadores debería ser acotado teniendo en cuenta que las subas de tarifas
están siendo selectivas y la incidencia de las mismas en el costo de vida es baja. Aun así la decisión
resta poder adquisitivo en un contexto de desaceleración del consumo, lo que implicaría que las familias van a moderar sus gastos cuando acusen el impacto de la suba de tarifas. En la misma línea se inscribe la lectura sobre las mayores trabas a las importaciones para evitar la pérdida de divisas. Si bien tienden a proteger e incluso generar empleo doméstico, también pueden derivar en mayores presiones sobre los precios al reducir la oferta de ciertos productos y restringir la competencia.
Los aspectos más inciertos en este proceso de reducción de la nominalidad pasan por la relación del Gobierno con los gremios. Puntualmente, qué tan agresivos van a ser en la negociación los sindicatos más abiertamente enfrentados con el Ejecutivo Nacional (como Gastronómicos, la CTA o Camioneros). En el extremo opuesto se ubican gremios con buena sintonía con la Casa Rosada como los metalúrgicos (UOM o SMATA) que deberían alinearse más fácilmente en torno del 20%.
El reciente acuerdo logrado por aceiteros de 24% de suba y los pedidos iniciales de los sindicatos docentes (suba del sueldo básico superior al 30%) generan mucha presión a la meta oficial. De todas formas es muy prematuro inferir conclusiones en pleno proceso de negociaciones.
En este balance de fuerzas la contundente victoria de Cristina Fernández juega un rol fundamental
para inclinar el fiel de la balanza. El apoyo popular al Gobierno es muy elevado por lo que se vuelve difícil sostener posturas abiertamente confrontativas. Vale destacar la iniciativa de incluir
en las negociaciones, además de la inflación del “changuito del supermercado”, aspectos tales como el aumento de la productividad y la rentabilidad sectorial. Es básico, aunque durante muchos años estos parámetros fueron dejados a un lado. No todos los sectores han tenido el mismo desempeño, no han sido beneficiados con igual dad por el viento de cola internacional o la política económica del Gobierno. En consecuencia, estos factores deberían adquirir creciente gravitación en las negociaciones si se quieren preservar el consumo y la inversión como pilares del crecimiento.
De lo contrario se vuelven a reeditar las estériles disputas entre el trabajo y el capital que tantos
costos económicos y sociales han generado. En rigor, también hay que plantearlo, el margen para la diferenciación es muy escaso cuando el piso de suba salarial que surge del incremento del costo de vida es tan elevado como el actual. Es por ello que se vuelve tan importante reducir progresivamente el componente inflacionario de las negociaciones a través de las distintas
herramientas de la política económica. Por caso, el gasto debe reducir su ritmo de crecimiento y la política monetaria debe generar los incentivos para restablecer la demanda por ahorro en pesos. Lógicamente en este proceso debe protegerse el financiamiento para la inversión, que puede resultar dañado en un escenario de reacomodamiento monetario.
De lo contrario, el Gobierno no podrá cumplir con su promesa de evitar la devaluación mediante la convergencia de la inflación y el ritmo de crecimiento de los salarios a un dígito. En síntesis, la negociación salarial presenta elementos que se repiten año a año, pero también otros nuevos. Por caso, el cambio en las condiciones macroeconómicas, cierto giro oficial hacia la moderación en
la política de ingresos y un vínculo heterogéneo del Gobierno con los principales gremios. Si prima la madurez y la responsabilidad hay margen para ser optimistas.
(De la edición impresa)
