(Artículo de Maximiliano Castillo Carrillo, director de la consultora ACM)
El contundente resultado de las elecciones primarias despejó, por cierto, las dudas sobre el escenario electoral y, fundamentalmente, sobre la continuidad de la actual administración. Continuidad que, entre otros elementos, también estará caracterizada por la mayor influencia que podría tener el actual ministro de Economía sobre las decisiones de política económica. Por otra parte, el resultado de las elecciones primarias también ha despejado las dudas sobre las facilidades que efectivamente tendrá el oficialismo en el Congreso para avanzar en los proyectos que se impulsen desde el Ejecutivo. Con mayor fortaleza política y también tomando alguna declaraciones de la Presidenta, no fueron pocos los que esperaban (y especulaban) que el Gobierno comenzara a dar algunas señales de que finalmente se iban a ir atendiendo, al menos parcialmente, algunos de los crecientes desafíos que enfrenta nuestra economía. Desafíos que pueden potenciarse a la luz del creciente deterioro del contexto internacional. En este sentido, una pieza informativa clave para ir modelando las expectativas es la propia presentación del proyecto de Presupuesto Nacional para 2012. En efecto, el Presupuesto, al igual que el Programa Monetario del Banco Central, deberían ser herramientas clave para intentar entender y anticipar el curso de acción de la política económica.
Sin embargo, el proyecto oficial poco ayuda a tratar de delinear los principales objetivos oficiales en materia económica y no aporta información relevante sobre la dinámica fiscal para los próximos trimestres. Visto de otra manera, la pauta oficial se acerca más a un ejercicio de evolución pasiva del gasto, basado sobre un escenario macroeconómico que está lejos de las perspectivas del consenso de mercado, principalmente sobre el aumento nominal del PIB. En particular, por el lado del gasto, las previsiones presupuestarias no contemplan aumentos en los salarios ni en los gastos sociales, más allá de los ya otorgados este año, salvo en el caso de las jubilaciones cuya pauta de incremento sería menor al 10%. Además, se mantendría vigente el esquema actual de los subsidios que incluso mostrarían un crecimiento respecto a los gastos previstos para 2011. Visto de otra manera, la pauta oficial de crecimiento del gasto primario es de 18,4% versus un incremento de aproximadamente el 10% explicado sólo por el arrastre del gasto que dejaría este año.
Resulta evidente que el próximo año se deberán ajustar los salarios y el gasto social, por ejemplo, razón por la cual la previsión de aumento del gasto quedará naturalmente desactualizada. En este contexto, surgen la dudas de si el Gobierno optará por compensar los ajustes salariales que efectivamente se otorgarán o si finalmente la ejecución del Presupuesto terminará siendo mucho más amplia a la inicialmente prevista, tal cual ocurrió en los años anteriores. Como ejemplo, el Proyecto de Presupuesto presentado en septiembre del año pasado preveía un crecimiento del gasto primario de 17% para 2011, mientras que las propias estimaciones oficiales indican que el gasto primario crecería casi 30% este año. A pesar de la posible subestimación de los ingresos impositivos (por la probable subestimación del PIB nominal), los abultados ingresos previstos para los recursos no tributarios, junto con la previsión prácticamente pasiva del gasto primario, son los elementos que justifican la importante recuperación para el superávit primario que alcanzaría el próximo año $51.339 millones, casi 2,5% del PIB. Un resultado de este nivel sería altamente deseable, en la medida en que permitirá recuperar uno de los pilares del modelo y, fundamentalmente, moderar las necesidades de financiamiento del sector público.
Sin embargo, no es el objetivo lo que está en discusión, sino cómo alcanzarlo. En este sentido, la política de financiamiento también sostiene los lineamientos de los años anteriores, previendo que nuevamente se hará un uso intensivo de los recursos hacia el interior del propio sector público. De hecho, según la pauta oficial, el BCRA aportaría proximadamente U$S 9.900 millones en todas sus variantes, como los adelantos transitorios y la transferencias de utilidades, incluyendo también un uso adicional de reservas internacionales para el pago a acreedores privados por U$S 5.674 millones. De hecho, este financiamiento podría ser incluso mayor si, al igual que en 2010 y 2011, se decidiera cancelar los servicios de deuda con organismos internacionales con un uso de reservas que sumarían aproximadamente U$S 2.200 millones adicionales. Sin embargo, y a diferencia de los dos años anteriores, no está claro que el Tesoro pueda efectivamente utilizar esos recursos, teniendo en cuenta que las reservas de libre disponibilidad previstas hacia fin de año no serían suficientes para afrontar los requerimientos del Fondo de Desendeudamiento. De todas maneras, y más allá de la disponibilidad legal de estos recursos, las condiciones económica locales (i.e. salida de capitales) e internacionales (i.e. creciente incertidumbre y vuelo a la calidad) ameritan considerar distintas estrategias de financiamiento que eventualmente no recaigan tan intensivamente sobre el BCRA. Es obvio que para acceder al financiamiento voluntario a tasas razonables se requiere una previsión fiscal creíble.
En definitiva, y más allá de estos detalles específicos, esperamos que la discusión parlamentaria, mucho más después de las elecciones generales del próximo domingo 23, generen un ámbito más adecuado para una discusión abierta y abarcativa de las previsiones presupuestarias para el año próximo. Discusión que esperamos que concluya con la aprobación de un Presupuesto que contemple la realidad actual de nuestro país y los desafíos económicos a nivel local e internacional. Contar con un sendero fiscal previsible ayudará a reducir y moderar la creciente incertidumbre global, elemento que, más temprano que tarde, jugará a favor del nivel de actividad local.
(De la edición impresa)
