Cristina Kirchner tiene desde ayer el noveno procesamiento en su contra confirmado. En realidad, se trata de dos procesamientos, pero dictados sobre expedientes que se refieren al mismo tema: irregularidades en subsidios al transporte. La decisión corrió por cuenta del juez federal Claudio Bonadio, que anteayer la procesó en la causa del gas natural licuado. El procesamiento es, como en otros casos, con prisión preventiva, punto la expresidenta elude por sus fueros de senadora.
El juez procesó a Cristina por “asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, y administración fraudulenta”. Se trata de hechos que se desprenden de la causa de los cuadernos de la corrupción, que tramita en el juzgado federal de Bonadio, y tienen que ver con la entrega de subsidios irregulares a empresas ferroviarias y de transporte público automotor.
El magistrado consideró a Cristina como jefa de una asociación ilícita de la que también participaron tres exfuncionarios del kirchnerismo que están detenidos: el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Todos fueron procesados con prisión preventiva.
La exmandataria se encuentra en Cuba, donde acompaña a su hija quien, según informó la propia Cristina en un video, está siendo tratada por una enfermedad. El cuadro sería de linfedema, según trascendió, aunque no hubo confirmaciones oficiales al respecto.
Además de esta causa por subsidios y la del gas licuado, sus dos procesamientos más recientes, Cristina tiene vigentes procesamientos por las causas cuadernos, Vialidad, Hotesur, Los Sauces, memorándum con Irán, dólar futuro, y por el hallazgo de una carta de San Martín y un prontuario de Hipólito Yrigoyen en un allanamiento realizado su casa de El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Bonadio también procesó a empresarios vinculados al transporte que habrían pagado retornos por los subsidios. Son Sergio Taselli, Claudio Cirigliano y Gabriel Romero (concesionarios de ferrocarriles) y Aldo Roggio (ferrocarriles y subte). Según el fallo de Bonadio, que consignó en parte la Agencia Télam, “a cambio de esos pagos, los referidos funcionarios públicos, valiéndose de las facultades inherentes a sus cargos de secretarios de Transporte, les mantenían las concesiones y garantizaban las entregas de subsidios”. También dictó procesamientos para Pedro Ochoa Romero (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y el empresario Mario Cirigliano, por los subsidios a colectivos, que habrían sido de montos superiores a los correspondientes.
