El presidente de la Nación, Mauricio Macri, y los extitulares de la cartera de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel fueron imputados en una causa iniciada por diputados kirchneristas en la que se los investigará por privatizaciones de centrales hidroeléctricas realizadas, presuntamente, a un precio vil.
Se trata de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, que habían sido establecidas por el decreto 882/2017, publicado el 1 de noviembre de 2017 y firmado por Macri.
La causa está a cargo del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita, quienes además están investigando al presidente de Ieasa (ex Enarsa), Mario Dell'Acqua; el director ejecutivo y gerente de Termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de Control de Proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario y primo del Presidente Ángelo Calcaterra, exdueño de Iecsa.
Central Puerto fue la única sociedad admitida para la usina Brigadier López; por Ensenada de Barragán preclasificaron YPF y la misma Central Puerto.
La central Barragán fue tasada por el Estado en más de US$ 305 millones y un monto mínimo de oferta en efectivo de US$ 229 millones. Para Brigadier López, la valuación oficial fue de US$ 207 millones con un mínimo de oferta en efectivo de US$ 155 millones. En total, serían casi US$ 400 millones menos que el valor real de las usinas.
La denuncia fue presentada el año pasado por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, quienes se preguntaron en aquella oportunidad “¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 -Barragán- y 110 -Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”.
