El juez federal Julián Ercolini dispuso hoy la elevación a juicio oral y público del caso Hotesur, en el que están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial.
La acusación sostiene que la familia Kirchner recibió retornos por millones de pesos de las obras públicas que adjudicaba a las empresas de Lázaro Báez a través del pago de alquileres de habitaciones en sus hoteles, cuartos que en realidad no se ocupaban. Las propiedades involucradas son Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea.
En el auto de elevación a juicio, Ercolini atribuyó a los procesados haber formado parte de "un complejo entramado societario" que se puso en marcha "para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado".
Según el sumario, tanto Cristina Fernández de Kirchner como su fallecido marido, Néstor Kirchner, recibieron por parte de Báez dinero "a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad". A través de tales maniobras ilícitas se habrían declarado unos $80 millones. De esta forma, Báez, procesado también en otras causas, fue beneficiario en contratos millonarios de obra pública.
También serán implicados en el juicio oral los procesados Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner; el empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice; el contador Víctor Manzanares; Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornos, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz y Oscar Leiva.
En diciembre, los fiscales del caso, Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahíques, habían solicitado que se la eleve a juicio oral. La causa inició en el 2014, con las denuncias de Margarita Stolbizer, líder del partido GEN.
Según los fiscales, la "organización permitió transferir y disimular parte de las ganancias en poder de los empresarios a los ex presidentes y a su núcleo familiar mediante préstamos, compra de propiedades y alquiler de los distintos complejos hoteleros".
Para el ministerio público el circuito de dinero se generaba a través de la asignación de una obra pública, luego los fondos se transferían a Báez, quien finalmente pagaba con parte de ellos las habitaciones del hotel.
Unos US$ 4.600 millones fueron hallados en una caja fuerte del Banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner y permanecen embargados desde 2016, ya que corresponderían a esas transferencias.
A mediados de 2016 Ercolini rechazó unificar la causa "Hotesur" con la conocida como "Los Sauces", en la que su colega el juez federal Claudio Bonadio investiga el alquiler de la propiedad a Báez y al también detenido empresario Cristóbal López.
