Por Pablo Mira Docente e investigador de la UBAInflación
La crisis cambiaria de 2018 provocó una brusca devaluación que indujo una aceleración rápida de la inflación, que completó el año en 47,6% para la canasta promedio y en 53,5% para la canasta básica. Este repunte, como todos sabemos, ha traído elevados costos sociales, y una de las razones es que se trata de un evento inesperado. Estos costos son más perceptibles en el corto plazo debido a que la capacidad de cobertura ante shocks imprevistos es diferente según el actor. En particular, los que logran transferir los aumentos inmediatamente a sus precios de venta se resguardan con mayor rapidez.
Las privilegiadas son las firmas con poder de mercado, que suelen tomar ventaja gracias a su capacidad de fijación de precios. Los grandes productores de insumos básicos, las empresas de servicios públicos y las cadenas comerciales suelen liderar los ajustes post devaluación. En el segundo lugar de esta suerte de cadena trófica de ajuste de precios se ubican los empresarios medianos y pequeños, y los comerciantes, quienes trasladan los aumentos de costos con relativa rapidez (si esto no sucediera, no veríamos un shock inflacionario). Es cierto que en una recesión esta sucesión no es completa y que los márgenes ceden (la inflación mayorista acelera más rápido que la minorista), pero aun así estas firmas ajustan el precio final, bajo el supuesto de que el resto también deberá hacerlo, lo que evitaría la pérdida de clientela a manos de competidores.
El siguiente grupo en términos de prioridad de ajuste son los asalariados formales. La mayoría de los trabajadores registrados firman acuerdos de paritarias cuyo plazo de reajuste tiende a extenderse en la medida que las perspectivas de inflación menguan. Por eso, la sorpresa inflacionaria los toma contractualmente desprevenidos y les provoca una caída de poder adquisitivo súbita y profunda. La baja de los salarios reales registrados superaría el 10% en 2018, pero la reducción tiene una porción transitoria que podría corregirse este año, de modo que la baja real final será más atenuada.
A continuación se ubica el empleo informal. Se trata de un grupo heterogéneo poblado de profesionales por cuenta propia, empleadas domésticas y los que hacen “changas”. Estos dos últimos grupos son los más golpeados en términos permanentes por la inflación imprevista, siendo que no están bajo ningún contrato de ajuste de sus servicios. Si bien algunos informales podrían corregir parcialmente sus precios de venta (por ejemplo, los vendedores ambulantes), en épocas recesivas el gasto en estos items cae aceleradamente, lo que limita las posibilidades de ajuste.
Finalmente contamos a jubilados y grupos vulnerables que dependen de la asistencia estatal. Siendo la pelea contra la inflación una prioridad oficial, las redes de contención de ingresos se relajaron en la medida que la agenda de desinflación tomaba forma. El shock inflacionario contrajo los ingresos en términos reales de estos grupos entre 10 y 15% debido a que los ajustes se modificaron para hacerse consistentes con una inflación esperada más baja.
Estas son en parte las razones por las cuales hoy en Argentina existe una preocupación considerable por los impactos de la crisis sobre los ingresos reales, y no tanto sobre el desempleo, que sufrió pero en mucho menor magnitud. En términos de mayores plazos habrá que discernir los costos netos en términos de empleo, ingreso y distribución.
