Por Atilio Molteni Embajador
Cuando asumió la Presidencia, en diciembre de 2015, Mauricio Macri llevó al Congreso la tesis de que Argentina recibiría el aporte de una inversión inteligente y expansiva, cuyo papel habría de ser la mejora de la infraestructura con el fin de sentar las bases del crecimiento de la producción, crear nuevas oportunidades de negocios y generar prosperidad. La idea era auspiciar la Inversión Extranjera Directa (IED), basándose en el hecho de que el país contaba con un marco supuestamente propicio para lograr su desarrollo sostenible tras neutralizar los errores y distorsiones creadas por las políticas que implantó la gestión precedente.
La IED es el tipo de inversión externa que refleja el objetivo de una entidad residente en otra economía (inversor directo), de participar en forma duradera en las actividades de la antedicha economía. Según el grado de participación esos capitales pueden colocarse en filiales propias, empresas asociadas o sucursales. La evolución de la IED es un elemento esencial en el financiamiento de la cuenta corriente de la balanza de pagos y en la evolución del riesgo país, por su asociación con inversiones a largo plazo y una rentabilidad ligada a los resultados de la empresa en cuestión.
Si tomamos en cuenta diversos informes de la Unctad (como el correspondiente al año 2018), podemos apreciar que el marco mundial se fue modificando y que los flujos mundiales de IED descendieron 23% en 2017 (US$ 1,4 billones mientras en 2016 el nivel alcanzado se había situado en US$ 1,8 millones), tendencia que se contrapone a la marcha del PIB y del comercio internacional, los que aumentaron en forma relativamente modesta pero crecieron al fin. Este nuevo horizonte surgió, en parte, de la disminución de las tasas de rendimiento de las aludidas inversiones, que fue del 6,7% (en 2012 había llegado al 8,1%), de los avances tecnológicos, de la robotización y de la expansión de la economía digital, en la que la mano de obra barata ya no ofrece las grandes ventajas diferenciales que eran comunes en tiempos pasados. Por ello muchos gobiernos modificaron sus políticas y adoptaron nuevas estrategias de desarrollo industrial, que es la otra cara de la moneda de la IED, pues éstas son un motor clave de las políticas de inversión y existe interacción entre ambas corrientes económicas.
En 2017, los flujos de IED hacia las economías en desarrollo se mantuvieron estables en US$ 671.000 millones, pero los grandes receptores fueron los países de Asia (US$ 476.000 millones) mientras en América Latina el nivel sólo aumentaba en 8% y era de US$ 151.000 millones, siendo los mayores receptores Brasil y México, con US$ 63.000 y US$ 30.000 millones respectivamente (a pesar de la renegociación del NAFTA), Colombia con US$ 14.500 millones y Argentina, con US$ 12.000 millones (lo que no supone que dichos niveles fuesen un incremento importante con relación a años anteriores). Pero nuestro país se sitúa sólo en el quinto lugar de los países receptores de América del Sur, si se toma como referencia el stock de la IED (después de Brasil, Chile Colombia y Perú) y de los flujos de IED hacia sus respectivos mercados. En nuestro caso, los tres mayores inversores fueron Estados Unidos, España y los Países Bajos. Y el hecho sugestivo es que estos flujos resultaron ser la principal fuente externa de financiación del período. También las entradas de IED en las economías desarrolladas se contrajeron en 37% y llegaron sólo a los US$ 712.000 millones. Ello se debió a la reducción de las fusiones y adquisiciones internacionales y de la ya mencionada caída de las tasas de rendimiento. Estados Unidos fue el mayor receptor con US$ 275.000 millones, seguido por China que absorbió US$ 136.000 millones. En cambio, aumentaron los flujos transfronterizos de capital del 5,6% al 6,9 % del PIB, por medio de préstamos bancarios e inversiones de cartera (en su mayoría surgidas de operaciones de deuda). El caso argentino es un ejemplo. Paralelamente, los flujos de salida procedentes de China fueron de US$ 125.000 millones, como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por ese país. Las empresas latinoamericanas aportaron US$ 17.300 millones a las transacciones de este rubro pues aumentaron sus inversiones internacionales.
Según la Unctad, Argentina se encuentra lejos de estar sola en la búsqueda de IED, pues en 2017 sesenta y cinco países adoptaron al menos 165 políticas de inversión, de las que el 84% se destinaron a fomentar la recepción de capitales externos, al liberalizar una serie de condiciones, abriendo la economía, aumentando la transparencia y aboliendo las medidas discriminatorias. En nuestro caso, las facilidades para hacer negocios todavía no son buenas. El último informe del Banco Mundial (2018) señala que nuestro país se encuentra en el puesto 119 dentro de las 190 naciones analizadas. Además, varios países comenzaron a desarrollar una serie de restricciones por motivos de seguridad nacional, en particular al examinar el acceso de activos estratégicos y empresas tecnológicas, como resultaron las disputas bilaterales entre Estados Unidos y China (el caso ZTE y Huawei, por ejemplo).
Desde esa perspectiva, el auspicioso panorama que existió en los primeros meses de la gestión Macri se fue diluyendo y, a principios de 2018, se frustró como consecuencia del enfoque gradual aplicado a la política económica, la dimensión del gasto público, la falta de cambios estructurales, la inflación (del 47,6% en ese período) y la altísima presión fiscal. El PIB expresado en dólares cayó sustancialmente por la devaluación y tuvimos que acudir al FMI para obtener un préstamo de Stand-By de casi US$ 57.000 millones hasta 2021. Ello explica los actuales niveles de deuda bruta registrados a fines de 2018, la que ahora alcanza a US$ 308.000 millones (o sea que equivale al 95,4% del PIB).
Adicionalmente, la economía nacional volverá a registrar, en 2019, otro año recesivo, pues según las consultoras más conocidas la actividad económica se contraerá 0,9% (el Gobierno estima en 0,5%) y la inflación será del 29%, lo que no quita que haya especialistas que auguran la posibilidad de salir de la recesión en forma gradual debido al repunte de la producción agrícola y al superávit comercial. Ante semejante panorama los analistas creen que la expansión de la IED se va a tomar otro respiro antes de volver al mercado nacional.
Es obvio que las antedichas expectativas subordinan los atractivos del mercado argentino a la falta de certidumbre política e institucional. Argentina sigue castigada en materia de IED por su defectuoso clima de negocios, que incluye el alto nivel de impuestos. Sólo una creíble agenda de reformas podría contribuir a mejorar con suficiente rapidez el nivel de competitividad de las empresas extranjeras, asegurando un marco legal estable que facilite el financiamiento de proyectos importantes de inversión.
