Por Enrique Pizarro
La AFIP puso en marcha ayer el impuesto a las exportaciones de servicio. En el Boletín Oficial, el organismo publicó dos resoluciones en donde expone la forma de aplicación, excepciones y procedimientos para el abono de esta retención, que fue decretada por el Gobierno los primeros días del año y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
La norma que fue emitida mediante un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Hacienda y Producción, Nicolás Dujovne y Dante Sica, respectivamente, fija una retención del 12%, que abarca a servicios profesionales, de consultoría, servicios de software y tecnología. El impuesto aplica para exportadores que superen los US$ 600.000 anuales y no podrá exceder los $4 por dólar exportado.
El Gobierno estima que en 2018 se exportaron entre US$7.000 y US$8.000 millones en servicios y, por lo tanto, esperan recaudar cerca de $32.000 millones por este impuesto. Algunos analistas estiman que la normativa alcanza a más de mil empresas en el país. Mientras el decreto justifica la adopción de la medida para atender necesidades financieras, la industria desde el principio manifestó que va en detrimento de la actividad.
“No estamos de acuerdo. Esta medida perjudica al sector, le quita competitividad a las empresas. Entendemos el contexto del déficit fiscal, pero nosotros apostamos al libre comercio y a que no haya ningún tipo de barrera arancelaria en las exportaciones”, expresó a El Economista Andrés Traverso, jefe de departamento de Comercio Exterior de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Para Traverso, es contradictorio que el Gobierno aplique esta retención. “Hoy las empresas más valiosas del mundo son de servicios, como Amazon, Google o Apple, y si queremos un país que crezca, no debemos aplicar estas medidas”, comentó el especialista, y añadió que desde la CAC no saben cuanto puede impactar esto en la recaudación fiscal, porque es una actividad que no siempre es fácil de medir.
“Es una señal regresiva para el sector. Aunque lo entendemos dentro del contexto del gran déficit fiscal que tiene el país. Mientras sea provisorio, el sector lo va a entender. El problema es si se queda para siempre”, opinó ante El Economista Aníbal Carmona, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), que también asume a esta medida como contradictoria.
Carmona indica que la industria del software viene creciendo 16% anual desde hace 15 años, cuando se creó la Ley de Software, y destaca la importancia de la exportaciones ya que en esta actividad la Argentina envía al exterior el 40% de lo que produce, mientras que Brasil sólo exporta el 4%. Desde CESSI estiman que esta industria 2018 exportó hasta US$ 1.750 millones, por lo cual el impacto en el sector sería de US$ 200 millones, que es el valor de casi 5.000 puestos de trabajo, según indicó el presidente de esta cámara.
“Los agentes de la economía del conocimiento, abarcando al rubro del software, videojuegos, audiovisual, entre otros, somos el tercer sector más importante de la industria nacional. Producimos anualmente US$ 6.500 millones”, afirmó Carmona, que señala además que esta industria, conformada por 110.000 profesionales, es la que más genera divisas en la balanza comercial, e indicó que esta medida alcanzará al 30% de este rubro, que serían 350 empresas.
En tanto, Claus Noceti, director de Comercio y Aduana de PwC Argentina, considera que el impacto de esta retención sobre el sector no será tan fuerte. “El impuesto es mucho menor a la devaluación, así que, aún con el impuesto, la devaluación seguirá dejando un saldo positivo a los exportadores de servicios. Lo que haces atenuar el efecto positivo a través del impuesto”, comentó Noceti a este diario.
“No creo que con esto disminuyan las exportaciones de servicios. Podría desacelerarse un poco el impulso que tenía, pero no que reduzca el volumen. Las exportaciones de conocimiento crecen año tras año, más que las exportaciones de autos”, afirmó Noceti, que desde su percepción el Gobierno, ante la coyuntura económica y fiscal, se vio obligado a recurrir a esta norma, contrario a lo que venía haciendo desde un principio, que era favorecer a las exportaciones.
