Por Ramón Frediani Economista (UNC)
Ante el reciente e insuficiente reajuste del precio de venta al público de los cigarrillos, es oportuno aportar algunas reflexiones y propuestas para otorgar racionalidad a las políticas públicas nacionales aplicadas a este discutido y cuestionado sector.
Mientras el Ministerio de Salud persigue políticas para desalentar el tabaquismo y sus consecuencias negativas en la salud de la población, el Ministerio de Hacienda alienta la producción y consumo del tabaco mediante dos vías: 1) otorgando mensualmente subsidios desde 1972 a productores de tabaco en seis provincias mediante el Fondo Especial del Tabaco (FET), que en 2018 totalizó $9.371 millones (aproximadamente, US$ 315 millones, según la evolución mensual de los desembolsos), y 2) aplicando insuficientes impuestos al consumo de un paquete de 20 cigarrillos, que en Argentina tiene un precio de venta final al público, incluido impuestos, de menos de US$ 2 frente a un promedio de US$ 7 vigente en los países con mayor conciencia del impacto negativo en la salud que tiene el hábito de fumar. Un precio deliberadamente alto para desalentar su consumo mediante la aplicación de elevados impuestos.
Los datos
Así, a modo de ejemplo, en Australia el paquete cuesta U$S 20,67 y gradualmente el Gobierno tiene previsto llevarlo hasta U$S 30 en los próximos cuatro años; en Nueva Zelanda cuesta U$S 18,43; en Noruega e Islandia U$S 12,60; Irlanda U$S 12,25; Reino Unido U$S 11,70; Suiza U$S 8,10; EE.UU U$S 7 y Alemania U$S 6,80.
También en América Latina los precios al público más que duplican el de Argentina: Chile U$S 5,40, Uruguay U$S 4,40 y Perú U$S 4,13 por paquete. También Colombia, siguiendo recomendaciones de la OMS, en el último año y medio subió 200% los impuestos a los cigarrillos. En la ciudad de New York, donde el tabaquismo mata 12.000 personas por año, el actual alcalde Bill de Blasio decidió desde junio de 2018 subir los impuestos municipales al paquete de cigarrillos para llevar su precio al público en toda la ciudad a U$S 13 como mínimo, para reducir en 5 años de 850.000 a 300.000 los fumadores residentes en la ciudad.
El tabaco genera diversos tipos de cáncer, especialmente el de pulmón, aunque en menor número también en boca, garganta, esófago, vejiga y riñón, y también otras afecciones como ACV, EPOC, enfermedades cardíacas y demás. Según informes técnicos del Ministerio de Salud, en nuestro país hay casi 8 millones de fumadores, y por causa del tabaquismo mueren por año 44.851 personas, otras 20.620 son diagnosticadas con cáncer, 14.405 con accidentes cardiovasculares y 68.100 hospitalizadas, entre otras falencias, por EPOC.
La Fundación Oncológica de Córdoba determinó en una conferencia reciente, que el costo directo e indirecto que soporta la sociedad argentina por cada caso de cáncer de pulmón asciende a $ 3.361.600, es decir, alrededor de U$S 87.000.
Las sugerencias
Las sugerencias para una efectiva lucha contra el tabaquismo serían dos: eliminar el otorgamiento de subsidios al sector tabacalero vía el FET, reemplazando dicho fondo y destinando sus actuales recursos a crear y financiar un Fondo para la Modernización y Equipamiento de los Hospitales Públicos en todo el país, en especial en las áreas oncológicas.
Adicionalmente, acercarnos al precio internacional promedio de venta al público de U$S 7 por paquete de 20 cigarrillos mediante la aplicación gradual de un nuevo impuesto a su consumo interno (pero no aplicable a su exportación pues Argentina exporta alrededor de U$S 350 millones en tabaco), equivalente a US$ 5, no ad valorem sino como monto fijo y actualizable trimestralmente según la variación del tipo de cambio minorista vendedor del Banco Nación, destinando también el 100% de su recaudación al antes propuesto fondo para la modernización de los hospitales públicos en todo el país. Es decir, que los fumadores financien con su vicio el equipamiento y modernización de la infraestructura hospitalaria del país.
Respecto a cigarrillos electrónicos, que también generan adicción, acertadamente la Anmat prohibió en 2011 su importación, distribución y venta en el país, incluyendo sus accesorios como los vaporizadores y líquidos para recargarlos, situación que se mantiene.
Los cigarrillos electrónicos, invento chino del 2003, cada vez más utilizado por menores y adolescentes, y de dudosa efectividad para dejar de fumar, son igualmente perniciosos para la salud pues aunque cautivante por sus colores y diseños atractivos y apariencia inocente, contienen diversas sustancias cancerígenas, tales como nicotina, propilenglicol, formaldehído, tolueno, plomo, cadmio y acetaldehído.
El mito, sostenido por productores, acopiadores, industriales y comerciantes de que elevar el precio al público del paquete de cigarrillos aumentaría su contrabando y salida de divisas del país es de impacto marginal en el PIB del país y, en realidad, es usado como argumento y lobby para mantener baja la carga tributaria del precio al público del cigarrillo, y así aumentar las ventas y ganancias de las firmas tabacaleras, muchas de ellas multinacionales, que compran a precios irrisorios el tabaco a los 25.000 productores rurales, la mayoría minifundistas y sin capacidad de negociación del precio ante los acopiadores.
Según la OMS, el instrumento más efectivo para desalentar el tabaquismo es hacer que el acto de fumar sea extremadamente caro para el fumador porque, para reorientar la conducta de estos consumidores, el sistema de precios es más contundente y efectivo que mostrar, en cada paquete, impactantes fotografías de pulmones ennegrecidos y esófagos destrozados.
Lo absurdo surge también cuando comparamos el bajo precio que los acopiadores pagaron a los 25.000 productores rurales en las seis provincias productoras en 2017 por 93.000 toneladas: $ 3.483 millones, frente al subsidio estatal vía el FET que fue de $ 7.591 millones.
El bajo precio al público de un paquete de cigarrillos en Argentina, menos de un tercio respecto al promedio vigente en países con conciencia del problema social que ocasiona, y los subsidios de más de US$ 300 millones al año a productores de tabaco, debe interpretarse como que, sin saberlo ni quererlo, el Estado argentino mantiene desde 1972 una estrategia siniestra de promoción de, entre otros, el cáncer de pulmón en la población, que ocasiona más de 44.000 muertes por año.
En síntesis, el tema de la producción y venta de tabaco en Argentina va más allá del logro de objetivos económicos, por más loables que sean, tales como promover las economías regionales, generar empleo, ayudar a la economía familiar de microproductores rurales y minifundistas, evitar contrabando e importaciones, etcétera, y a cambio debe ser asumido no sólo por el Ministerio de Salud sino también por el Ministerio de Hacienda y el Congreso, como una estrategia nacional de largo plazo para la preservación de la salud pública, como ya lo están haciendo desde hace varios años los países que han asumido con responsabilidad esta problemática.
Hay que tener claras las prioridades. No se trata de crear un nuevo impuesto para subir la recaudación tributaria y la insaciable voracidad fiscal. Se trata de perseguir un objetivo mayor: salvar vidas y mejorar en general la salud de toda la población del país, a través de un menor consumo de tabaco, pero en especial en grupos vulnerables como menores de edad y adolecentes, mujeres embarazadas y personas de menores ingresos.
