Luego de anunciar un decreto de necesidad y urgencia para aplicar el procedimiento de extinción de dominio, parte de la oposición salió a criticar la medida, cuestionando su constitucionalidad. Como se esperaba, el kirchnerismo fue el más duro en sus cuestionamientos.
“El DNU de Macri no sirve para castigar la corrupción, es inconstitucional y una distracción más simulando responder a una demanda de la sociedad”, señaló el presidente del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi. “En el día en que el FMI anuncia mayor contracción económica para la Argentina, Macri intenta tapar una nueva mala noticia con humo electoral”, agregó el diputado santafesino. Y volvió a apuntar contra su carácter irregular para la Carta Magna. “Los DNU están vedados en materia penal. El anunciado por Macri involucra directamente cuestiones penales. La extinción es una penalidad más para los delitos que refiere”, concluyó.
“Una vez más, el Ejecutivo demuestra su autoritarismo, dándole la espalda al Congreso Nacional cuando no acciona de acuerdo a sus deseos”, sostuvo Fernanda Vallejos, también diputada del FpV, en el mismo sentido. “La extinción de dominio podrá aplicarse a Franco Macri que está inhabilitado para ser imputado en causa penal. Macri y sus ministros Garavano y Bullrich, ayer en la Casa Rosada ¡Que huevos Presidente! No vaya ser que sus hermanos pidan la inconstitucionalidad del DNU”, sostuvo, irónico, Aníbal Fernández.
Desde el peronismo federal, Miguel Angel Pichetto mostró sus reparos. “Atento a la importancia de la ley de extinción de dominio habría que haber agotado todos los esfuerzos para que se tratara en la Cámara de Diputados, en la que Cambiemos es el bloque mayoritario. El Senado había sancionado una buena ley”, dijo.
No obstante, también se sumaron críticas, de derecha a izquierda del espectro político. “DNU de extinción de dominio es fulbito para la tribuna. No tendrá efectos jurídicos. No se puede perseguir a las mafias vulnerando la Constitución Nacional. Demuestra la incapacidad del Gobierno para ser soporte del Poder Judicial en la investigación de esos delitos”, sostuvo el economista liberal José Luis Espert, que pretende convertirse en precandidato presidencial.
En tanto, Myriam Bregman criticó el decreto al considerarlo una “medida demagógica” porque “ya existen medidas para recuperar bienes de origen ilegal”. La legisladora porteña por el FIT sostuvo que “hay que mirar muy bien el texto del proyecto porque lo que se trató oportunamente en el Congreso era inconstitucional”.
