Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
La misión del FMI está de regreso en Buenos Aires. A diferencia de septiembre, se encuentran con un escenario bastante más alentador. Las tasas de interés dejaron de subir y al menos en el corto plazo amagan con iniciar una gradual reducción, más que necesaria para detener la destrucción de producción y empleo en curso. Las medidas de la nueva conducción del BCRA también revirtieron el exceso de demanda de dólares y el tipo de cambio se encamina a perforar el piso de la banda de no intervención a partir de hoy. Una pausa necesaria, pero que es el inicio de un sendero de rumbo por ahora incierto.
Las metas de inflación abandonadas a fin de septiembre apuntaban a “domesticar” los reclamos sindicales. Si bien el discurso y la supuesta esencia teórica de dicho enfoque abreva en modelos con expectativas racionales, en la práctica apuntó fundamentalmente a tratar de limitar reclamos de aumentos de precios de un factor de producción. Sin embargo, frente a la aceptación oficial de la necesidad de actualizar tarifas públicas para evitar los cortes de suministro de gobiernos anteriores, a su efecto observable sobre la inflación y el deterioro del ingreso disponible, se sumó una expectativa de futuros ajustes que siempre superaron las metas oficiales bajo el anterior régimen de flotación administrada.
La realidad ahora con una banda cambiaria no parece ser muy diferente. Los márgenes de intervención para evitar un nuevo atraso del tipo de cambio real no parecen ser muy amplios. Un BCRA que compre divisas imprimiendo billetes alimentaría expectativas inflacionarias tornando dificultoso el descenso de las tasas de interés de mercado y la necesaria reactivación para retomar una dinámica de recuperación de la demanda de pesos, con desdolarización permanente de ahorros. Hacerlo vía rescate de Leliq en el corto plazo estaría limitado por el calendario de vencimiento de esos títulos día a día, y el impacto dependería de los stocks disponibles de los bancos, no afectados a la integración de encajes. Algo que en un contexto de no reversión de la desmonetización real de la economía no va a ser fácil de instrumentar con impacto desinflacionario.
El informe monetario de octubre del BCRA publicado el jueves pasado muestra que los préstamos al sector privado registraron el mes pasado un desplome de 5,3% en términos reales y ajustados por estacionalidad. La caída se inicia en el segundo trimestre de 2018, pero en 12 meses registró un aumento de 31,8%. Frente a una inflación en igual periodo en torno de 50%, significa un desplome de casi 20%. Esta caída del crédito, con salto de tasas activas a niveles récord en más de una década y media, torna inevitable una agudización de la estanflación y de manera permanente, no transitoria. Revertir este escenario es relevante tanto para los perceptores de ingresos no indexados, como para las aspiraciones del propio Gobierno para las próximas elecciones presidenciales.
El nuevo régimen apunta a revertir la “fiebre” por el dólar y cortar la hemorragia de reservas internacionales, pero con el correr de los días enfrentará desafíos por ahora postergados en la agenda de exigencias del sector privado: reducir tasas de interés, proveer un esquema de reducción de expectativas inflacionarias y realinear precios relativos presentes y esperados, con un sendero de crecimiento económico y estabilidad. Caso contrario, las proyecciones de reducción de superávit fiscal primario a partir de 2020, con crecimiento económico e inflación a la baja quedarán como un ejercicio numérico apena decorativo.
La adopción del “ancla monetaria” se propone lograr un sendero de inflación en inequívoca baja, remonetización real de la economía, caída del costo del crédito, y resucitar la demanda de deuda del Tesoro (dentro y fuera del país). Pero esto requiere afirmar el terreno con éxitos, esto es, con significativas bajas en la inflación observada, y no tan sólo en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA. Este no es, ni por asomo, tenido en cuenta en la formación de expectativas ni en la marcación de precios de ningún mercado.
La realidad muestra demás que precios regulados clave (tarifas públicas, transporte, entre otros) no dejan de aumentar. Se aguardan nuevas subas de tarifas al menos hasta mediados de 2019, y la controversia en torno del bono de $5.000 coincide con una suba de impuestos con impacto negativo en la liquidez de las empresas endeudadas y de menor escala.
Aun así, es inevitable que los sindicatos rechacen toda negociación que suponga, ex post, dejar a un lado: a) exigencias de subas salariales que reparen el deterioro del salario real de 2018, y b) reclamos de subas preventivas combinando ajustes de básicos de convenio, pagos de sumas fijas y cláusulas gatillo.
Esto significa, y más con paritarias de distinta frecuencia según el gremio y desincronizadas, una tendencia a reclamos salariales por remuneraciones que tienden a superar los promedios de 2018 en términos reales.
La fuerte desaceleración del crecimiento de la base monetaria no sería entonces tan eficaz para neutralizar este mecanismo de inflación inercial, aun con un dólar en calma. Por consiguiente, aun cuando se supere un año 2018 con demasiado dinero corriendo detrás de cada vez menos bienes, la estabilidad no se logrará consolidar al menos hasta el próximo gobierno. De ahí el escepticismo prevaleciente sobre la factibilidad de escenarios de futuros superávit fiscal y el repago de la deuda pública sin mora ni default para la próxima década. Un escepticismo que aun con el dólar en baja va a cobrar cada vez mayor fuerza, a medida que con el correr las semanas se exacerbe la puja distributiva, y no se observen medidas más convincentes para estabilizar la inflación. Caso contrario, será inevitable el cierre de paritarias con subas de salariales de tendencia creciente y/o con acortamiento de la frecuencia de las paritarias. Pero ello no necesariamente calmará los recursos ni evitará un ajuste vía mayor desempleo.
Un ajuste tolerado quizá por el FMI, pero que puede ser uno de los puntos más débiles del nuevo régimen y que no puede controlarse simplemente con atarse las manos en materia de expansión monetaria. Si la inflación se desacelera rápidamente, el camino se torna más transitable. Caso contrario, las autoridades se enfrentan a una complicada disyuntiva: el desempleo masivo, o las políticas de ingresos. Dos opciones no deseadas por las autoridades, pero nada imposibles si la economía se comporta de manera muy diferente a lo proyectado según el programa acordado con el FMI.
