Por Juan Strasnoy Peyre
Las idas y vueltas y las ambigüedades del anuncio son una clara señal de la fragilidad del acuerdo y de las pujas a ambos lados de la mesa para torcer la letra chica. Cuando parecía todo encaminado a una pronta firma del decreto, a última hora de ayer el bono de fin de año de $5.000 ?acordado entre el Gobierno, la CGT y los empresarios? estaba tambaleando. El principal punto de discordia era la posibilidad de tomar esa suma como adelanto a cuenta de futuros aumentos paritarios que la cartera de Producción y Trabajo había sumado al borrador a pedido de las cámaras empresarias. La cúpula cegetista volvió a amagar con la convocatoria al quinto paro general.
Una fuente cercana al ministro Dante Sica le contó a El Economista que, en esas condiciones, es difícil que hoy se firme el DNU, como estaba previsto originalmente. El pacto por el bono es para el Ejecutivo una apuesta importante en su intento por desactivar la huelga que la central obrera iba a convocar para este mes. Además, es una carta para contener las revisiones paritarias: ni el Gobierno ni los empresarios quieren que el 40-45% alcanzado por Camioneros, Sanidad, Petroleros, Judiciales, Bancarios y Estaciones se convierta en la nueva pauta salarial. Todavía quedan muchos acuerdos (y muy importantes) con aumentos de entre 15% y 30%, cuando la inflación proyectada para 2018 por los analistas de mercado promedia el 47,5%. Las estimaciones del IET, Ecolatina e Invenómica hablan de una caída del salario real privado del 11-12% este año, que por supuesto no compensará el plus de fin de año.
Letra chica
Por lo pronto, el bono será de $5.000 no remunerativo y en dos tramos, a cobrar con los haberes de noviembre y enero. “Para las empresas que puedan pagar más, eso ya sería remunerativo”, aclaró Sica. El complemento salarial no incluye a los trabajadores del sector público, aunque UPCN dijo que está negociando con el Gobierno una ampliación del acuerdo.
Según le confirmó a este diario la misma fuente de Producción, el Ejecutivo está decidido a que el pago sea obligatorio para todo el sector privado. Acá empiezan los tironeos. Las cámaras empresarias dicen que, ante la crisis, muchas empresas no pueden afrontarlo y reclaman financiación y la posibilidad de pagarlo en más cuotas. Además, reclaman poder tomar el bono como adelanto de futuros aumentos.
Ese último punto tiene fuerte rechazo gremial. La cúpula de la CGT, que en su afán dialoguista dejó en suspenso el paro general que había prenunciado a cambio del bono, amenazó con convocarlo si el Gobierno lo incluye en el decreto.
Cuestionamientos
El titular de la Copal y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, advirtió que más del 60% de las empresas no puede pagarlo. “La mayoría del empleo en Argentina es pyme y el acceso al financiamiento está limitado por la tasa de interés”, argumentó. En una entrevista con radio La Red, dijo que el bono debería ser para “los convenios que han quedado desactualizados porque firmaron el 15 O 20%. Hay convenios de estos últimos tiempos que ya tienen en cuenta una inflación más alta”, pese a que en todos los casos no compensarán el poder adquisitivo perdido durante los meses anteriores.
CAME también planteó sus reparos: “Los primeros interesados en instrumentar herramientas que fomenten al consumo somos nosotros, pero para los pequeños y medianos comercios es inalcanzable”.
Desde la vereda opuesta, el sindicalismo disidente, que encabeza Hugo Moyano y se materializa en el Frente Sindical por el Modelo Nacional, cuestionó el acuerdo y adelantó que llamará al paro de 36 horas con movilización que no convocó la CGT.
Pablo Moyano, otro de los referentes del espacio, se mostró escéptico acerca de las posibilidades de cumplimiento del acuerdo: “Cuando se firmó hace dos años el bono de $2.000, nadie lo cobró”. “Es una maniobra más del Gobierno para dilatar un paro que tiene que ser ya. La CGT volvió a fallarle a los trabajadores. Los que no acordamos con el Gobierno estaremos en la calle”, dijo en diálogo con Radio Cooperativa.
