Por Atilio Molteni (*)
Cuando, en mayo pasado, Donald Trump se retiró unilateralmente del Acuerdo Nuclear aprobado el 14 de julio de 2015 entre Irán y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania (PAIC), estaba decidiendo jugar sus fichas a una lista alternativa de demandas a ser cumplidas por el Gobierno de Teherán, lo que suponía una voluntaria quema de naves.
Tras esperar 180 días, Washington relanzó sin más una versión nueva y extrema de la campaña de presiones sobre Irán, destinada a reimplantar las sanciones dejadas del lado al suscribirse el antedicho Acuerdo, medida que supuso volcar el peso de su influencia en el esquema configurado por Israel y algunas monarquías del Golfo. Con tales sanciones la Casa Blanca dio un vuelco total a su política iraní, pues Barack Obama, el predecesor de Trump, había optado por condicionar los desarrollos nucleares e iniciar una política pragmática y no hostil, reduciendo, al mismo tiempo, el papel de Estados Unidos en Medio Oriente.
Las actuales sanciones recaen sobre sectores esenciales de la economía de Teherán, incluyendo al sector energético y marítimo, con el obvio propósito de reducir sus exportaciones a una mínima expresión. El propósito es que Irán modifique tanto sus conductas regionales como el apoyo al terrorismo. En estos años muchas multinacionales se retiraron de esa región por temor a que se les apliquen sanciones secundarias que afectan a compañías aéreas como British Airways y Air France, petroleras como Total y firmas de ingeniería como Siemens, que temen perder el mercado estadounidense.
Por todo ello, la decisión norteamericana fue criticada por las partes europeas del Acuerdo Nuclear, en especial el Reino Unido, Francia y Alemania, naciones que habían previsto organizar un sistema de pagos para el comercio con Irán para reemplazar al sistema de transferencias bancarias Swift, basado en Bruselas, el que ahora va a cumplir con el embargo comercial a pesar de que aún no se aprobó la relevante decisión.
Aunque la reimposición de sanciones comenzó a dañar inmediatamente la economía iraní y el valor de su moneda, el último 5 de noviembre, el Gobierno de Trump otorgó excepciones por seis meses a ocho países importadores de petróleo iraní, las que incluyen a China, India, y Corea del Sur, que son los principales consumidores al ponderar las consecuencias de este escenario sobre el mercado mundial del petróleo. En la actualidad los precios del barril Brent son los más bajos de los últimos ocho meses. En tanto ello sucedía, Arabia Saudita y Rusia decidieron aumentar su producción para cubrir los faltantes iraníes, pero ello no impide que en diciembre la OPEP disminuya su producción para obtener mayores precios. Al mismo tiempo, la producción de “shale oil” en Estados Unidos ya alcanzó los 7,8 millones de bpd.
El conjunto de esas movidas demostraron la existencia de una amplia oferta del producto en relación a la marcha de la economía mundial, donde ya empiezan a verificarse los primeros estragos de las guerras comerciales y las penurias que padecen las economías emergentes.
Tan complejo escenario se agravó con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido el 2 de octubre en Estambul, episodio en el que Estados Unidos se abstuvo de cuestionar al príncipe saudita Mohammed Bin Salman, del mismo modo en que omitió actuar en forma decisiva para impedir la ofensiva de los comandos de ese origen en Yemen, lo que resultó un fracaso militar de un proceso que había comenzado en 2015 y creó la mayor crisis humanitaria para los 28 millones de habitantes de esa paupérrima nación.
Los aviones sauditas suelen recibir cooperación de Washington en materia de municiones, logística e inteligencia. Hasta ahora la Casa Blanca solo pidió la realización de negociaciones con los rebeldes huzíes, pero la presión en el Capitolio para terminar con la cooperación militar con Rihad está en creciente y considerable aumento.
Desde su primer viaje al exterior en mayo de 2017, el presidente Trump optó por forjar una alianza con los países sunitas, especialmente, con Arabia Saudita con el objetivo de enfrentar a Irán, al que declaró su principal enemigo regional. Los contactos y entendimientos del yerno del presidente, Jared Kushner, con los líderes sauditas han sido constantes e incluyen su participación en un intento de acuerdo entre israelíes y palestinos.
Además, Trump quiere continuar con las ventas militares a Rihad. Ello explica esa condescendencia con la manera de operar saudita, la que sin duda afecta la credibilidad estadounidense y genera consecuencias en países centrales, como es el caso de Turquía, que con una nueva política exterior de relativa independencia motoriza una campaña destinada a denunciar la responsabilidad del Gobierno que decidió matar al mencionado periodista saudí.
El enfrentamiento de Estados Unidos con Irán nació con la caída del Shah y el triunfo de la Revolución Islámica de 1979, la que supuso una gran pérdida estratégica en su enfrentamiento con la Unión Soviética.
Desde entonces las sanciones aplicadas por Washington a Teherán han sido amplísimas. Sin embargo, la experiencia indica que los iraníes no modificaron sus políticas y hasta el momento absorbieron, una tras otra, las consecuencias económicas para su pueblo ante la existencia de este escenario, con el agravante de que las autoridades de ese país tienen libertad de consolidar al sector más combativo y duro del Gobierno y a la Guardia Revolucionaria, y debilitar a los que han buscado una modificación gradual de la situación existente, como es el caso del Presidente Hassan Rohuani, que es un pragmático de moderadas tendencias reformistas. Por otra parte, tampoco se detectan indicios de que la sociedad iraní esté a favor de un cambio de régimen en el país, lo que sería el objetivo cumbre de Washington.
Desde otra perspectiva, Estados Unidos tiene otros problemas geopolíticos de mayor dimensión. En ese inventario figuran la presente competencia estratégica entre las tres grandes potencias o países que constituyen severos riesgos bélicos, como los que surgen de la creciente capacidad económica y militar de China, de las asertivas políticas de la Federación Rusa y la falta de avances en las negociaciones nucleares y misilísticas con Corea del Norte.
También cabe incluir el hecho de que Irán aprovechó en su momento los vacíos de poder creados por el Despertar Arabe, algo que permitió consolidar su influencia en Irak, donde ejerce control sobre las denominadas Fuerzas de Movilización Popular (60.000 efectivos chiitas), su apoyo al Gobierno de Al Assad en Siria y el despliegue de sus fuerzas militares en su territorio, mientras que la estabilidad del Líbano depende de las fuerzas de Hezbolá, también asociadas con Teherán. Por ello, enfrentar militarmente a Irán no parece constituir la estrategia más razonable para Washington, motivo por el que fue abandonada por los dos gobernantes predecesores de Trump, quienes no olvidaron el fracaso de la invasión a Irak de 2003.
Ante esa acumulación de hechos y tendencias, un sector del pensamiento norteamericano suele respaldar una política de menor confrontación y anteponer proyectos destinados a crear una nueva estructura de seguridad regional, que ayude a administrar las crisis existentes y otorgue ciertos equilibrios a todas las partes, tanto sunitas como chiitas, con la obvia finalidad de terminar el conflicto en Afganistán; las guerras civiles en Siria y Yemen; el enfrentamiento entre israelíes y palestinos y otros sustantivos problemas de seguridad.
Lo esencial para esta corriente de pensamiento es obtener garantías creíbles de que Irán no va a continuar con sus políticas agresivas y terroristas en la región y con sus programas nucleares y misilísticos. Ese paquete choca de frente con la prioridad de la consigna América First y con el retiro que hizo Trump de los Estados Unidos como gestor de un orden internacional más equilibrado, por lo que muchos opinan que será necesario esperar momentos más propicios para gestar la siempre esquiva paz en Medio Oriente.
(*) Embajador
