“Sabemos que es un impuesto malísimo, es una emergencia y necesitamos de su aporte”, así anticipó la vuelta de las retenciones el presidente Mauricio Macri. Minutos más tarde, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne en la conferencia de prensa de refirió al paquete de medidas de ingresos para alcanzar el equilibrio fiscal, las cuales se encuentran directamente relacionadas al sector agropecuario. Durante el fin de semana los productores ya venían palpitando un posible cambio. La aplicación de derechos de exportación (DEX), lo que comúnmente se denomina retenciones hasta diciembre de 2020. La medida implica que por cada dólar exportado por productos primarios y servicios, tributarán $ 4, y por cada dólar exportado para el resto de las actividades, $3 quedarían para el Fisco.
Aporte del agro
Durante la conferencia, Dujovne anunció la reducción al 18% en la alícuota para porotos, harinas y aceite de soja. Pasando en limpio, cabe preguntarse cómo quedaría el esquema de retenciones para el agro. En primer lugar, vale recordar que hace tres años, los DEX tenían una alícuota del 35% para la soja, 23% para el trigo y 20% para el maíz. Antes de las medidas anunciadas ayer, los cereales tenían 0% y la soja el 25,5% con un esquema de reducción gradual. Con la nueva alícuota, la cual algunos referentes del sector han calificado de retenciones móviles, considerando un dólar de entre $37 y $40, las retenciones para los cereales serían aproximadamente del 10%. En tanto, para el caso de la soja al considerar que se redujo al 18%, si se le suma el nuevo adicional rondaría entre el 28% y el 29%.
Para tomar dimensión de cuánto aportaría el agro, en diálogo con El Economista, David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), calculó que sobre las exportaciones del 2017 que significaron US$ 58.384 millones si se aplicara el nuevo esquema anunciado ayer en base a un dólar de $38, la recaudación por estos DEX sería en total de US$ 8.249.000 millones. De este monto, explicó que “el campo aportaría US$ 6.503.000 millones, es decir, el 78,8% de la recaudación evaluada sobre todas las exportaciones del año pasado, y dentro de esos US$ 6.503.000 millones, el complejo granos aportaría el 85%, carnes y leche el 4%, el agregado de economías regionales el 6%, pesca 3% y el resto de los alimentos y bebidas 2%”.
Malestar
Ante las medidas anunciadas, las dirigentes gremiales del sector pusieron el grito en el cielo, algunos más que otros. Tan es así, que el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe, apuntó contra el Gobierno y enfatizó: “Se condena otra vez a los pequeños y medianos productores, sin diferenciarlos, a pagar más para sostener la timba financiera y al FMI”. En este sentido, explicó: “Hace tiempo que venimos planteando al Gobierno esta situación. No se nos puede poner a todos en el mismo lugar: los pequeños y medianos productores, las economías regionales, el movimiento cooperativo, los de menor escala, estamos trabajando sin acompañamiento, sin financiamiento”. Para Príncipe, las medidas anunciadas serían un paso más hacia la desaparición de muchos productores y mayor concentración, y apuntó: “En trigo o en maíz, habrá que restar el 10% al valor, con un trigo ya sembrado se cambia la reglas de juego. Hay muchos que se endeudaron para sembrar maíz y se modifica el escenario”.
En la misma línea, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro manifestó: “Los anuncios no han sido una buena señal para el campo ni para la economía. Han tenido una mirada fiscalista y la solución es la que hemos visto muchas veces: más impuestos. No hay un mensaje claro de mayor productividad y empleo”. Por su parte, la Sociedad Rural Argentina, un poco más serena, reiteró que “los derechos de exportación son instrumentos distorsivos que desalientan la producción, la inversión, el empleo y el comercio exterior, como quedó demostrado en varias oportunidades a lo largo de la historia”. Si bien reconocieron que en esta oportunidad también se solicitó un esfuerzo compartido con otros sectores exportadores, insistieron en que “la contribución mayor debe hacerse desde el lado de la reducción del gasto público improductivo, sin dejar de atender las necesidades de los sectores sociales más vulnerables”.
En tanto, el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, Enrique Mantilla, sostuvo: “Estamos analizando el impacto sobre el sector exportador desde el punto de vista del tipo de cambio efectivo y no desde el nominal. Cabe recordar que para un análisis integral, es necesario tener en cuenta el componente importado de cada producto, el tipo de cambio bilateral con nuestros socios comerciales, la inflación y su relación con el tipo de cambio nominal”. Por otro lado, señaló que “al fijarse el derecho de exportación en pesos (y no proporcional), su incidencia real dependerá de la evolución de la paridad nominal”. Por último, consideró necesario que se defina de forma urgente “una estrategia nacional exportadora”.
