Por Pablo Neira Economista (UBA)
El ingreso de 800.000 personas a la pobreza en la primera mitad del año, pese a contar con un buen primer trimestre, señala que el porvenir será aún peor. Esto es un reflejo de la tendencia de degradación del entramado social: el desempleo creció de 8,7% a 9,6% y la informalidad laboral de 33,7% a 34,3% en el último año, mientras que los salarios han perdido poder adquisitivo en distintas proporciones, impactando a su vez en las prestaciones de todo el sistema de seguridad social. En este contexto, la caída de millones de argentinos en la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida eran inevitables ante el menor traspié económico.
Con la inflación disparada en el segundo semestre, la pérdida de poder adquisitivo alcanzará a todos los sectores: las paritarias cerraron muy por debajo de la suba de precios; la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones se encuentra atrasada con la nueva fórmula previsional y perderán cerca del 8% de su poder adquisitivo entre julio y diciembre; y el salario real de los trabajadores informales, que representan a los sectores sociales más vulnerables, pierden aun más por su comportamiento procíclico. También persistirá la suba del desempleo, que superará los dos dígitos por la destrucción de puestos de trabajo tanto formales como informales y golpeará a la clase trabajadora en su conjunto.
La profundización de las medidas de ajuste en el primer semestre de 2019 producto del nuevo acuerdo con el FMI agudizará la crisis, cuya reversión resulta difícil de vislumbrar por la incertidumbre macroeconómica. Esto dificultará mejorar los indicadores económicos y lograr que pasen de resultados pésimos a, al menos, malos. De esta forma, es probable que Mauricio Macri termine el mandato con la estadística de pobreza en el punto más alto de su gobierno, superando el 30,3% del segundo semestre de 2016. Será una muestra de la incapacidad de su modelo económico de impulsar el crecimiento y de su incompatibilidad con la inclusión social.
