La convocatoria tiene fecha precisa y la habilitó el propio presidente Mauricio Macri. Será este jueves, en Casa Rosada. Allí funcionarios de diversas áreas recibirán a ministros de Hacienda de los veinticuatro distritos del país. El Gobierno pretende “contener” el malhumor de la mayoría de los gobernadores ante la eliminación del Fondo Federal Solidario y neutralizar la articulación incipiente entre ellos para negociar en condiciones de mayor fuerza el Presupuesto 2019. A su vez, supone que la reunión extendida permitirá mostrar control de la situación, algo que necesita en un contexto de zozobra en los mercados y examen ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La palabra que está en juego es “ajuste” y no resulta amigable para los Ejecutivos. Más aún en años electorales. Del recorte estipulado de $300.000 millones que se requiere para el año próximo, con el objetivo de cumplir con el déficit de 1,3% acordado con el organismo multilateral de crédito, la Nación asumirá $200.000 millones, mientras que el resto quedará para las provincias. Donde recortar es la cuestión que estará en discusión en las próximas semanas. Entre los gobernadores quedaron resquemores por la manera unilateral e inconsulta con la que el Gobierno decidió dar de baja al fondo sojero, como se lo conoció desde 2009, cuando se lo implementó, y lo consideran un mal antecedente. El Gobierno se muestra dispuesto a escuchar propuestas alternativas pero dentro de ciertos márgenes. Mientras espera que los gobernadores, a su vez, puedan asegurar el acompañamiento de lo acordado en el Congreso.
La semana pasada fue movida entre los funcionarios de las provincias. Encuentros entre ministros de Hacienda en la Casa de la provincia de Salta en Buenos Aires y reunión ampliada, con algunos gobernadores, en el Consejo Federal de Inversiones, el viernes. No hubo trazos finos de una contrapropuesta, pero sí la voluntad de ampliar el arco de aliados a los bloques de la oposición en el Congreso e, incluso, a la CGT. A su vez, tampoco descartan una presentación judicial que llegue a la Corte Suprema, encargada de dirimir las disputas entre las provincias o entre los Estados provinciales y la Nación, como en este caso. El objetivo, en primera instancia, sería lograr que se suspenda el Decreto de Necesidad y Urgencia, para luego ir por la cuestión de fondo: la legalidad de la medida.
En el Gobierno son moderadamente optimistas. Vuelven a apelar a la voluntad de diálogo de la gestión nacional y confían en el mano a mano para superar las diferencias. E insisten en que la reducción de los reintegros a las exportaciones de las grandes empresas genera mayores recursos coparticipables, de modo que el saldo no sería necesariamente negativo. Entre los gobernadores sacan cuentan y no comparten los cálculos. “Todos los gobernadores estamos enojados porque se toman medidas inconsultas que nos enteramos por el Boletín Oficial”, señaló el chubutense Mariano Arcioni, uno de los más duros durante estos días. De hoy al jueves, por cierto, el Gobierno intentará acortar las diferencias. Por caso, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, estará hoy en Misiones, junto al gobernador Hugo Passalacqua, uno de los más cercanos al Gobierno.
