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¿En qué cancha se juega el partido del desarrollo?

Se cree que hay un trade-off entre la protección a los sectores industriales que generan empleo y la especialización en recursos naturales, pero eso no es necesariamente cierto

02 julio de 2018

Por Leandro Mora Alfonsín (*) y Martín Trombetta (**) 

La economía argentina presenta un cuadro de estancamiento desde 2011. El crecimiento acumulado en los últimos siete años es de 4,8%, muy inferior a la media regional y factiblemente menor al crecimiento poblacional, lo cual implica que en términos per cápita la economía argentina se ha reducido. La cancha en la que juega nuestra economía se viene achicando. No parece coincidencia que casi no se hayan registrado mejoras relevantes en el mercado de trabajo en ese período, con la creación de empresas y el empleo formal privado prácticamente estancado. Solo se observa un crecimiento considerable en el empleo público (que ya luce un tanto sobredimensionado) y en los monotributistas, categoría ocupacional precaria que siquiera garantiza que los que son contabilizados en ella efectivamente estén ocupados de manera continua. En este contexto, cabe preguntarse cuál es el sendero de desarrollo que Argentina necesita seguir para asegurar una reactivación sustancial del mercado de trabajo.

La respuesta a esta pregunta se aleja de los grandes titulares coyunturales, de la neurosis del F5 a la cotización del dólar y de la bola de nieve de Lebac. Y aunque una de las claves tiene que ver con mejorar las condiciones que favorecen las exportaciones, fuente genuina de divisas para los países de menor desarrollo relativo, hay que rascar más profundo. El partido se juega en otro terreno. Para precisar dónde, podemos recorrer dos caminos en estas breves líneas: por un lado, caracterizar los sectores productivos con los que contamos, los que generan valor, tecnología y empleo. Y por el otro, identificar los problemas estructurales que una política para el desarrollo debe atender.

Argentina cuenta con una estructura productiva heterogénea y compleja, pero no necesariamente cohesionada. El abordaje que sucesivos gobiernos le han dado a la matriz productiva de desarrollo fortaleció la idea de que existe un trade-off inevitable entre políticas de protección a los sectores industriales con mayores capacidades de generación de empleo y la especialización productiva en sectores con base en recursos naturales y menor impacto en el mercado laboral. Pero esto no es necesariamente cierto.

Argentina cuenta con una estructura productiva heterogénea y compleja, pero no necesariamente cohesionada

Una investigación reciente de dos destacados colegas especializados en estos temas (Diego Coatz y Daniel Schteingart) señala que Argentina debe aprovechar sus recursos naturales, pero además necesita contar con sectores industriales que permitan generar otros encadenamientos, de tal modo que la fuerza laboral quede plenamente integrada en actividades de alta productividad. Una política industrial integral que vea el big picture de nuestro entramado productivo debe estimular los encadenamientos que implican aquellas actividades de mayores ventajas comparativas (pasar del pellet al alimento elaborado para el supermercado mundial) y estimular los segmentos que en cadenas de mayor intensidad tecnológica tienen una base interesante para desarrollar y proteger aquellos cuya competitividad es menor pero cohesionan en clave laboral segmentos amplios de población, sin perder de vista el equilibrio fiscal asociado. En este sentido, el hilo conductor de estas tres estrategias es el estímulo a la innovación y al desarrollo de capacidades tecnológicas. El elemento clave para un mejor aprovechamiento integral de los recursos naturales en coexistencia mutual con sectores manufactureros con distintas gradaciones de desarrollo es la inversión en ciencia y tecnología: la búsqueda de integración de distintas cadenas a partir de las ventajas con las que se cuenta, partiendo de una política industrial estratégica y dinámica, que marque metas, tiempos y objetivos a través de consensos y articulaciones público-privadas.

Y para que esta política industrial sea efectiva en su estrategia deben darse respuesta a problemas de larga data en influencia y solución. En primer lugar, la competitividad estructural. No puede ser sujeto de dudas la necesidad de inversión pública en infraestructura que facilite las actividades productivas y baje los costos logísticos y de transporte: rutas, caminos, ferrocarriles, hidrovías, generación y distribución de energía. Nuestro país presenta un atraso y un deterioro en estos aspectos sobre el cual no solo no puede pensarse en inversiones rentables, sino que acumulan costos que vuelven fútiles los intentos de política cambiaria para ganar competitividad precio de corto plazo. Por otro lado, atenuar las asimetrías regionales. Un país en el que un tercio de la población vive en la casi milésima parte del territorio, cinco provincias explican el 80% de las exportaciones y una sola el 90% del crédito industrial, muestra claros desincentivos al aprovechamiento pleno de sus recursos, riqueza y diversidad.

El elemento clave para un mejor aprovechamiento integral de los recursos naturales en coexistencia mutual con sectores manufactureros con distintas gradaciones de desarrollo es la inversión en ciencia y tecnología

Con esta visión sobre estructura y desafíos, afinando el diagnóstico más allá de lo inmediato, se puede abordar con mejores herramientas el desafío de la creación de empleo de calidad. En este sentido, poco tienen para aportar las esperanzas de una “sociedad de emprendedores”, a la luz de la experiencia reciente que indica que un alto porcentaje de las pymes y microemprendimientos desaparecen al enfrentar su primera recesión. La calidad de empleo que este tipo de establecimientos es capaz de generar es invariablemente baja, mientras que la inserción laboral por medio del monotributo sigue sin asegurar derechos laborales elementales como la indemnización por despido, el salario mínimo o la negociación colectiva. La innovación productiva tiene como condición de base la existencia de relaciones laborales sólidas y duraderas, que incentiven tanto a trabajadores como a empresas a la acumulación de capital humano específico.

Cuarenta y cinco millones de personas no pueden vivir “del campo”. Y un país plenamente integrado en el mundo actual no puede desaprovechar la versatilidad de sus recursos, ni ignorar que la industria en sentido tradicional evoluciona de la mano del permanente cambio tecnológico y la creación de valor en base a conocimiento. Detrás de esto, para conjugar elementos, se requiere una mirada política para el desarrollo, que integre no solo aspectos productivos para la generación de valor, sino distributivos para la cohesión social. En una época de estabilizaciones salpimentadas con ajustes y recortes, pensar en esta cancha ensanchada es mandatorio, para que la pelota no siga picando en pozos que nos alejan del jogo bonito.

(*) Licenciado en Economía UBA, Director Ejecutivo de FAIMA y docente de UBA, UCES y UNGS

(**) Doctor en Economía (UADE) y docente e investigador de UNGS y UADE

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