Por Matías Rajnerman Coordinador de Análisis Económico de Ecolatina
La semana pasada, el equipo económico anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En él, se pautó un desembolso de ?como máximo? US$ 50.000 millones (poco más de 8% del PIB) a efectivizarse en tres años y sujeto, entre otras cosas, al cumplimiento de metas de inflación y de déficit fiscal. Con el mismo se apunta a calmar las turbulencias del mercado cambiario, mostrando que la oferta de divisas se encuentra sólida.
Sin embargo, el cumplimiento de las condicionalidades impuestas por el organismo multilateral luce a priori muy ambicioso ?y contradictorio?. En 2019, la suba de precios no deberá superar el 17%. Asimismo, el rojo primario del Sector Público No Financiero deberá pasar de 2,7% del PIB en 2018 a 1,3% en 2019, lo que implicaría un esfuerzo fiscal de 1,4 punto en un año electoral.
En este último caso, es central el crecimiento económico para alcanzar la meta. El dinamismo de la actividad no sólo agrandará el denominador, sino que también apuntalará la recaudación, impactando positivamente en el numerador. A modo de ejemplo, mientras que en la primera mitad de 2017 la economía avanzó casi 2% y los ingresos del Estado se redujeron 2,5% en términos reales (excluyendo al blanqueo), en la segunda parte del año pasado la actividad saltó alrededor de 4% y la recaudación ordinaria escaló 6%.
Por ende, tal como se desprende de estos números, los ingresos del sector público dependen más que proporcionalmente de la evolución del PIB. En este punto, cabe destacar que la propuesta del oficialismo ?avalada por el FMI? es reducir significativamente los gastos (casi 70% de la contracción del déficit, 1 punto del PIB llegará por esta vía, mientras que el 30% restante, 0,4 punto del PIB, se alcanzaría por el incremento de la recaudación), de modo de ajustar el bache fiscal.
Sin embargo, este ajuste sería contractivo en términos de actividad. Conforme al esquema presentado el último jueves, los gastos de capital caerían alrededor de 30% en términos nominales ?según las estimaciones de PIB nominal de Ecolatina? en 2019, golpeando a la construcción, y los subsidios económicos retrocederían en torno a 5%, por lo que continuaría el ajuste al alza de los precios relativos de las tarifas, reduciendo el ingreso disponible para consumo. Por último, los gastos en personal del sector público aumentarían menos de 15% en 2019, registrando así su segundo año de caída real e impactando negativamente en la actividad.
Con todo este panorama, las perspectivas oficiales de crecimiento de 2,5% para el próximo año anunciadas en la última conferencia de prensa son optimistas. Si a este escenario le sumamos que el cumplimiento de la meta de inflación demandará una política monetaria contractiva durante gran parte del 2019 ?tasa de interés real positiva?, tiene sentido pensar que las decisiones entre consumo y ahorro se volcarán a favor de estas últimas de modo que habrá otro golpe para la economía real por esta vía.
Cabe destacar que la desaceleración de la inflación, además de sus connotaciones positivas, abre una potencial contradicción. Alrededor de la mitad del gasto público nacional se ajusta en base a la suba de precios pasada ?prestaciones sociales principalmente? a la par que los ingresos se mueven conforme a la inflación del período ?IVA, Ganancias, Contribuciones a la Seguridad Social?. En consecuencia, un descenso brusco de la misma -que pasaría de 27% según el último consenso del mercado en el acumulado 2018 a 17% en 2019, de forma tal de ser consistente con la pauta del FMI? provocaría un desfase entre ingresos y gastos, dificultando el cumplimiento de la meta fiscal.
De este análisis se desprende que el acelerado cierre del rojo del Sector Público Nacional será más difícil que lo planteado por el oficialismo. A modo de resumen, en primer lugar, porque el menor gasto público impactará en la dinámica de la actividad; en segunda instancia, porque esa menor actividad provocará que los ingresos crezcan por debajo de lo esperado; por último, porque el potencial cumplimiento de la meta de inflación profundizaría la diferencia entre gastos ? que se actualizan en base al pasado? e ingresos ?que toman como base al presente?.
Como resultado, se generaría un círculo vicioso de “más ajuste y menos crecimiento”, que, en el peor de los casos, afectaría negativamente a los desembolsos del FMI. En este escenario pesimista, se agudizaría la incertidumbre ?en un año electoral?, revirtiendo el efecto positivo que se logró con el anuncio del acuerdo. Por lo tanto, y a la luz del pasado de la economía argentina, es importante tener presente que la reducción del gasto no es la única forma de mejorar las cuentas públicas, sino que impulsar la actividad cumple un papel central a la hora de cumplir de dicho objetivo. Asimismo, la importante desaceleración de la inflación planteada golpeará al resultado de las cuentas públicas, de modo que el cumplimiento simultáneo de ambos objetivos conlleva una contradicción en sí mismo.
