Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
El viernes 18 de mayo, la canciller de Alemania, Angela Merkel, no fue a Sochi, la residencia de verano de Vladimir Putin, con el que la Unión Europea (UE) mantiene sensibles disputas de carácter geopolítico, comercial, energético y migratorio, por un desperfecto de su radar político. Concertó y realizó esa visita con toda la intención de reconstituir el mapa de política exterior del Viejo Continente tras los sucesivos desencuentros con Donald Trump.
La dirigencia de Bruselas creyó necesario retomar los contactos con Moscú para asegurar el equilibrio y la paz regional; reactivar mercados de exportación y desguazar la malsana competencia que viene del Asia y origina la severa crisis de sobreproducción industrial que afecta al desarrollo de la siderurgia, la industria del aluminio y otros sectores que interfieren con la vida económica del variopinto capitalismo tradicional. Por esas y otras razones, Merkel también prevé reunirse antes del próximo viernes con Xi Jinping, presidente de China.
Era obvio que los pacientes conatos de diálogo que ella y el presidente de Francia. Emmanuel Macron, intentaron con Donald Trump, no iban a resultar prácticos ni alentadores. Esa realidad emergió sin anestesia desde el momento en que se efectuaran las primeras reuniones del G20 del año pasado, donde la propia Merkel hizo lo indecible para evitar un cortocircuito fenomenal con el presidente de Estados Unidos y sus apóstoles.
En vista de semejante tinglado, los líderes de la UE quedaron furiosos pero no se dedicaron a la meditación trascendental. Al ver que se cerraban las puertas para manejar los acuerdos y desacuerdos bilaterales bajo el entendimiento de que ningún problema, por grave que fuera, debía quebrar la sólida alianza estratégica que rigió el diálogo del Atlántico Norte durante los últimos setenta años, en Bruselas se dedujo que algo andaba muy mal en la Casa Blanca.
Aunque hasta fines de 2016 el plato nunca había estado libre de disputas económicas y políticas, casi ningún conflicto llegó a pisar el terreno de la enemistad ideológica, el diálogo inútil o los indisimulados chantajes de estos días.
Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión de la UE sostuvo, a fines de la semana que concluyó el 18 de mayo, que si Washington se aviene a discutir como aliado, exime a su bloque económico sin mayores condiciones de los sobre-aranceles de acero y aluminio, le brinda acceso a sus compras públicas e incrementa el abastecimiento energético al Viejo Continente, Bruselas aceptaría modificar sus requisitos técnicos y a bajar los aranceles a la importación de autos (hoy esos aranceles son del 2,5% en Estados Unidos y del 10% Europa). Semejante oferta suena mejor de lo que es por cuanto la UE acaba de suscribir sendos acuerdos sofisticados de librecomercio con Canadá (el CETA) y con México, y el camino de este parto ya está parcialmente recorrido por los primeros nacimientos. La industria automotriz mexicana está mucho mejor preparada para competir con el resto del mundo que la de los otros dos miembros del Nafta (Canadá y Estados Unidos).
Esta discusión fue bastante extraña e infantil por cuanto el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, presentó los hechos como si acabase de descubrir las limitaciones que impone el principio de “Nación más favorecida” a quienes se proponen hacer un enjuague bilateral a medida. Es de suponer que a Juncker no le pasa lo mismo, ya que esa regla “sólo” existe desde 1947 en el Artículo I del Gatt y dispone que las ventajas recíprocas de esta naturaleza sean extensibles a todos los demás miembros de la OMC en forma automática, sin negociación, algo que no es exactamente lo que predica y desea el ciudadano que hoy despacha en la Casa Blanca. El único de los sectores aludidos que tiene trato especial, son las compras del sector público.
Como se explicara en esta columna días atrás, el jueves 17 de mayo venció el plazo que indicaron Paul Ryan (republicano y presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos) y otros legisladores, cuando avisaron que ese era el límite para someter el proyecto de reforma del Nafta al Congreso, si el Gobierno quería que viera la luz con la actual mayoría republicana en ambas cámaras y bajo ley vigente, a punto de vencer, sobre Promoción del Comercio (“fast-track”). Tal objetivo no parecía viable y no lo fue.
Durante las últimas negociaciones de nivel ministerial, en lugar de achicarse las discrepancias conocidas que se registraban en la ruta de esta negociación, las mismas subsistieron y crecieron por la utópica maña de Washington de mostrar cómo le retuerce las muñecas a sus socios mexicanos y canadienses, a fin de que éstos ayuden al socio mayor a reducir el déficit comercial que Trump le atribuye al “desastroso” Nafta vigente. De mejorar la propia competitividad de la economía, ni una sola palabra.
De hecho, los exportadores estadounidenses, supuestos beneficiarios de la renegociación en curso, temían y temen que el planteo oficial de la Casa Blanca los perjudique en vez de mejorar un escenario que hoy da trabajo de alta calidad a más de 4 millones de personas, ya que para ellos la cosa funciona muy bien. Los representantes de los sectores agrícolas y automotrices le venían suplicando al gobierno que no los ayude tanto, porque las reformas oficiales llevan consigo el riesgo de aniquilar un enorme, sano y exitoso intercambio regional.
A todo esto, Ross había decidido no aplicar los nuevos aranceles que afectan a la importación de acero y aluminio (25% y 10%) provenientes de sus dos socios del NAFTA, a condición de que haya un avance satisfactorio en la renegociación de ese acuerdo “a juicio del presidente Trump”. La exención arancelaria para conseguir tal objetivo vence el 1/6/2018 y reina total incertidumbre acerca de cómo reaccionará el gobierno ante el cepo que el mismo concibió para el caso en que los negociadores no consigan alcanzar suficiente progreso, ya que cumplir la palabra del Presidente ante la falta de avance sería crear un enorme problema comercial, mientras que incumplir su amenaza equivaldría a profundizar la brecha de confiabilidad que hoy acompaña a toda la gestión de Trump.
Los últimos días hubo un mentiroso “tsunami” de información acerca de los resultados que alcanzaran los miembros del Gabinete de Estados Unidos que fueron a China a evitar la guerra comercial que ellos mismos habían iniciado. Se dijo que Pekín estaba preparado a recortar, mediante sendas decisiones oficiales, un monto de US$ 200.000 millones anuales del superávit comercial que registró con Estados Unidos (del orden de los US$ 375.000 millones). El jefe de esa misión, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aclaró, el domingo 20, que en esa dirección fueron las conversaciones, pero que al final del diálogo sólo se adoptó una tregua y se discutieron algunas intenciones, ideas y estilos bastantes familiares para quienes conocen el lenguaje de la diplomacia y los políticos chinos.
En lo inmediato, únicamente cabe esperar un salto de las compras agrícolas del 30 a 40% y un aumento de US$ 50.000 a 60.000 millones en las compras energéticas durante de los próximos tres años. Fue el embajador chino ante la OMC, el que horas antes había descripto estos hechos con singular ironía a la agencia Bloomberg. Sostuvo que llama la atención que, por un lado, Washington le pida a Pekín que cese la intervención del Estado en la economía y, al mismo tiempo, que ese Gobierno le emita órdenes de importación para bajar el déficit del comercio bilateral, que restrinja ciertas exportaciones y manipule la capacidad instalada empresaria para atenuar la crisis de sobreproducción industrial. Como se ve, el verso y los falsos relatos no son patrimonio argentino. Es obvio que en China estuvieron reunidos los representantes del hambre con los de las ganas de comer.
