Entrevista a Marcelo Capello Presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea Por Alejandro Radonjic
En diálogo exclusivo con El Economista, Marcelo Capello (economista jefe y, además, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea) ofrece su visión sobre las turbulencias cambiarias, el efecto que tendrán sobre la economía, los anuncios del Presidente la semana pasada, el acuerdo con el FMI y los items que no pueden faltar en el “Gran Acuerdo Nacional” que plantea el Gobierno.
Arranquemos por lo urgente. ¿Hay manera de saber con algún grado de certeza cómo sigue la cosa? Lo pregunto porque, en rigor, la huida de capitales nos tomó por sorpresa a todos. Y, si la hay, ¿cómo cree que seguirá la película?
En lo que falta del año se producirán algunas subas adicionales en la tasa de interés en EE.UU., lo que nos tendrá expectantes de sus repercusiones, como así también los vencimientos masivos de Lebac que restan en 2018. Pero si se firma el acuerdo con el FMI, por montos importantes, despejará lo que constituía la vulnerabilidad de fondo de la economía en un plan gradualista de reducción del déficit fiscal que, tal como estaba planteado hasta antes de la novedad del FMI, era un plan sin red. Ahora se podría garantizar el financiamiento hasta 2019, lo cual generaría un shock de confianza hacia el modelo económico, siempre que se cumplan las metas fiscales, y especialmente si éstas se vuelven más ambiciosas.
Ciertamente, la volatilidad general y el salto del dólar, junto a la medicina aplicada para contenerlas, dejarán cicatrices en la macroeconomía. ¿Cuáles serán? Más inflación y menos crecimiento parece ser el consenso básico, ¿coincide?
Si el dólar se estabiliza en los niveles actuales, la secuela serán dos meses de inflación bastante mayor a la prevista, en mayo y en junio. En ese contexto, el Gobierno debería estar satisfecho si la inflación de 2018 no supera a la de 2017. En estos meses va a caer el salario real y, con ello, el consumo masivo de no durables, que ya venía con problemas. Y una posible ralentización del crédito, con mayores tasas, y con menor confianza, crecerán menos actividades que venían muy bien, como la venta de autos y motos, y la construcción, en este caso también afectada por una menor obra pública en los próximos meses. Pero también existe la posibilidad para un escenario optimista.
"Si el acuerdo con el FMI es importante, se podría garantizar el financiamiento hasta 2019: sería un shock de confianza", dice Capello
¿Cuál sería?
Si el déficit fiscal baja más rápido que lo que se esperaba inicialmente para 2018 ? 2019, el FMI garantiza financiamiento hasta 2019 y si el tipo de cambio real se mantiene en un nuevo valor, no mucho más abajo que el valor actual, entonces podrá bajar el riesgo país y la tasa de interés local, y generarse una visión más favorable respecto a la viabilidad del programa económico a largo plazo, con aumento de exportaciones, morigeración de importaciones, menor déficit turístico y mayor inversión, que podrían ayudar a compensar, dentro de algunos meses, la desaceleración en la actividad.
El Presidente pidió acelerar el ajuste y dijo que el Presupuesto 2019, y su discusión va a ser el momento de hacerlo. ¿Qué probabilidades de que eso ocurra avizora y en qué renglones hay que poner el ojo? Algunos colegas suyos dicen que hay poco por recortar sin tocar el “gasto social”?
Con una tasa de pobreza arriba del 25%, que difícilmente baje en 2018, el recorte no podrá venir del gasto social, salvo en lo que pueda aportar una mayor focalización en su instrumentación, evitando duplicaciones de beneficios que no se justifiquen. Está claro que el mayor ahorro deviene de la disminución de subsidios económicos en energía y transporte. Parar ese proceso, como plantea la oposición (inclusive retrotraerlo), no sólo heriría de muerte el ajuste del gasto sino que además constituiría una gran injusticia para las jurisdicciones del interior, dado que todavía hoy algunas tarifas en transporte y electricidad en el Gran Buenos Aires, que no llegan a la mitad de lo que suele observarse en provincias del interior. Y luego habrá que estudiar detalladamente el Presupuesto para detectar todas las posibilidades de ahorro de erogaciones evitables sin demasiados costos sociales y en términos de eficiencia. También se necesitan gestos políticos, en los tres niveles de gobierno, de que el sector público acompaña el esfuerzo de los privados, porque la quita de subsidios en definitiva lo pagan familias y empresas. Por ejemplo, congelando los salarios más altos de la administración pública durante 2019, a partir de salarios públicos que dupliquen el salario privado formal promedio.
"Con una tasa de pobreza arriba del 25%, que difícilmente baje en 2018, el recorte no podrá venir del gasto social, salvo en lo que pueda aportar una mayor focalización en su instrumentación", sostiene
¿Qué rol le cabe en eso a las provincias y se pueden hacer diferenciaciones a nivel subnacional, ya que no todas son deficitarias?
El conjunto de provincias tiene un déficit menor a 1% del PIB. Pero algunas provincias en particular tienen inconvenientes más importantes, como la mayoría de las patagónicas y algunas del norte del país, como Salta y Jujuy. Aquí entiendo que el poder central debería continuar con la ayuda a jurisdicciones con peores condiciones sociales, pero dejar que ajusten por su cuenta las provincias más ricas, como son las patagónicas. En todo caso, las provincias deben contener sus erogaciones también para cumplir con la reducción de impuestos que prometieron con el Consenso Fiscal porque, además del problema fiscal, debe recordarse que subsiste el problema de competitividad, que no se arregla sólo con un dólar a $25.
"Tras la reciente suba del dólar, el Gobierno debería estar satisfecho si la inflación de 2018 no supera a la de 2017", agrega
Más allá del déficit y las cuentas públicas, que son importantes desde ya, ¿qué otros items deberían estar en la agenda virtuosa del Gobierno? Para que el “gran acuerdo nacional”, si se hace, no quede únicamente subsumido a la cuestión fiscal?
Salvo que de pronto prime un sentido patriótico en la mayoría de los dirigentes políticos, que dejen a un lado esta vez sus intereses particulares, la única posibilidad que le veo a ese acuerdo, en el sentido que participen los gobiernos provinciales, es que el mayor costo político lo pague el Gobierno, de modo que aquellos vean en ese acuerdo la posibilidad de poder administrar sin grandes sobresaltos sus jurisdicciones hasta 2019 (aunque con algunos ajustes a producir), pero con el Gobierno arreglando los grandes problemas económicos, como el tema tarifario y el déficit fiscal, pagando costos políticos asociados a ellos, de manera que la oposición vea en esa situación una doble oportunidad: la de volver al poder en 2019 y, además, la de tener la mayor parte del trabajo duro ya hecho. Del otro lado, que en el Gobierno vean la posibilidad de que, aun realizando esos ajustes, recuperen apoyo político en 2019 y lleguen con probabilidades a las elecciones
