El apellido Moyano estuvo ayer al tope de las noticias judiciales. Por la mañana, personal de la Policía Federal allanó la sede central del Sindicato de Camioneros, en el barrio porteño de Constitución, en el marco de una causa en la que se investigan supuestas maniobras extorsivas contra empresarios del transporte. Más tarde, la Justicia Federal de Córdoba citó al líder camionero, Hugo Moyano, para el próximo 31 de mayo, para que preste declaración indagatoria, en una causa por supuesto lavado de dinero y defraudación vinculadas a operaciones de compra de terrenos en la localidad cordobesa de La Falda.
El encargado de responder políticamente a esas requisitorias fue Pablo Moyano, secretario gremial de la CGT y dirigente de Camioneros. Y apuntó contra el Gobierno. “Todo esto responde a una maniobra llevada adelante por el presidente (Mauricio) Macri contra nuestra organización gremial”, acusó el sindicalista e interpretó que eso sucedía “por no apoyar la reforma laboral, rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y no aceptar el 15 % en las paritarias”. “Como Moyano y Camioneros no se arrodilla ni se calla, recibimos este tipo de presiones”, dijo en referencia a las causas en las que está involucrado su padre que también está investigado por lavado de dinero en relación a pases y contrataciones de futbolistas en Independiente, el club que preside desde 2014. Días atrás habían presentado una denuncia en el Juzgado Federal Número 4, que encabeza Ariel Lijo, para pedir que se investigue la existencia “de un plan sistemático para influenciar” a los funcionarios judiciales con el propósito de que se inicien causas en contra de la familia.
Los Moyano intensificaron su enfrentamiento con el gobierno de Cambiemos desde fines del año pasado, luego de dos años de relaciones entre cordiales y distantes. La movilización multitudiaria en la avenida 9 de Julio, el 21 de febrero, fue el hito de esa ruptura, que dividió aguas incluso en el seno del sindicalismo. Moyano perdió aliados tradicionales en la dirigencia sindical, pero logró confluencia (inesperada) con sectores con los que hasta hacía poco predominaba la distancia. En particular la CTA. Y, en términos políticos, con el kirchnerismo.
En los días previos a los reveses de ayer, los Moyano se mostraron con referentes de esa oposición más crítica. Hugo, por caso, se reunió con el intendente de Avellaneda y miembro del Instituto Patria, Jorge Ferraresi. Juntos cuestionaron al Gobierno y llamaron a “la unidad del sindicalismo con diferentes sectores políticos del movimiento nacional” para enfrentar a Cambiemos para impedir primero que se avance con la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo y presentarse luego como alternativa de gobierno en las presidenciales de 2019. Mientras que Pablo se encontró con el bancario Sergio Palazzo y coincidieron en criticar la solicitud del Gobierno de apoyo financiero al Fondo Monetario Internacional.
Los Moyano anunciaron que se opondrán a la reforma laboral propuesta por el Gobierno y volvieron atrás con la renuncia a discutir la conducción de la CGT, que quedó para agosto. A partir de esa confluencia con Palazzo, precisamente. A su vez, prometen una de las paritarias más peleadas con un pedido inicial de 27% de aumento, muy por encima del tope que trata de imponer el Gobierno. Mientras que preparan para el 25 de mayo para una manifestación de protesta.
