En la cuestión tarifaria, el Gobierno acude a las provincias por dos razones: para conseguir los votos que impidan el triunfo opositor en el Congreso, y para compartir el costo político y fiscal de los aumentos. Los gobernadores, con cintura, acompañan el primer pedido pero rechazan el segundo. En la Casa Rosada agradecen el gesto de los mandatarios en desautorizar a los diputados por legislar sobre tarifas, pero en el interbloque Cambiemos desconfían del impacto que el mensaje de los mandatarios puede lograr en sus legisladores.
Si insisten con el proyecto de “razonabilidad tarifaria”, la oposición estará exigida a conseguir 129 escaños para alcanzar el quórum y garantizar la mayoría simple, que podría variar según cantidad de legisladores presentes. En la anterior semana la embestida opositora superó las 138 voluntades, pero el oficialismo buscará torcer ese número a partir de la negociación con los gobernadores. Por ejemplo, Juan Schiaretti (Córdoba) objetó la idea de que el Congreso fije las tarifas de servicios públicos y su bloque está integrado por cuatro diputados. En el mismo sentido se expresaron Hugo Passalacqua (Misiones), que ostenta una numerosa bancada con cinco escaños, Gustavo Bordet (Entre Ríos), al que le responden dos bancas y Juan Manzur (Tucumán), con mismo número de representación.
Pero en Cambiemos temen a que se replique el episodio previsional, en el que el apoyo de los gobernadores no replicó en el Congreso, causando malestar en las espadas legislativas del oficialismo, que habían delegado la negociación en la Casa Rosada.
Apoyo parcial
“No es el Congreso el ámbito de definición de la política tarifaria energética, sino que es responsabilidad del Gobierno Nacional que es el que debe hacerse cargo de sus decisiones”, firmó el entrerriano Bordet, que nunca escatimó gestos hacia el presidente Mauricio Macri. Pero, y en línea a varios de sus pares, aseguró que “el esfuerzo tiene que ser compartido y sostenido en todos los niveles de gobierno” y le reprochó al Ejecutivo la falta de gradualismo en el “sinceramiento de tarifas”.
“La provincia viene ayudando a al Gobierno Nacional y vamos a esperar a ver qué es lo que resuelven los diputados los que espero salgan propuestas superadoras”, fue el mensaje que envió Manzur al Gobierno, pero se arrimó también una crítica: “Creo que, como dijo la Corte Suprema de Justicia, las tarifas de los servicios públicos deben tener cierta razonabilidad para que la gente pueda pagarlos”. Similar a lo que ocurrió en el debate previsional, el Gobierno recibió respaldos de gobernadores que poco gravitan en el Congreso. En este caso, fue el rionegrino Alberto Weretilneck, al aseverar que “no se puede discutir las cosas de la macroeconomía cada tres meses porque haya sectores de la oposición que quieran hacerlo”. No obstante, se animó también a una crítica, al sostener que el Presidente “se equivoca al hacer algo tan brusco”.
No hubo comentarios hasta el momento de Sergio Uñac (San Juan), con incidencia en el Congreso y de relación ambivalente con el Gobierno. Tampoco del Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque Justicialista, que respaldó semanas atrás el proyecto de la oposición pero que tiene a su vez un fluido diálogo con el Ejecutivo.
