Por Carlos Leyba
El discurso oficial ha incorporado un nuevo eje. Al eje del “metro cuadrado” más “abrirnos al mundo” -del que ya hemos hablado-, se le ha agregado el eje de “PPP (Participación Público Privada) más el mundo”.
En este caso, “abrirnos” es esperar que vengan con dinerillos, conceder a concesionarios.
Los empresarios españoles que nos visitaron vinieron “a por energías renovables, transmisión eléctrica, sistema ferroviario, transporte y finanzas” (sic).
De riesgo empresario, de producir y vender, poco. De concesiones públicas, todo.
Nota “simpática”. Mariano Rajoy en el CARI, improvisando algo que los diarios no reflejaron, dijo “no es bueno para las familias y para los gobiernos eso de endeudarse, porque siempre termina mal”.
Todo el interés manifestado por los empresarios estuvo referido a “concesiones públicas” que ?de una u otra manera? terminan siendo “deuda pública”.
Recuerde que la megaconcesionaria Repsol ?además de no invertir lo indispensable? se llevó, gracias a Axel Kicillof, US$ 5.000 millones más las utilidades de una larga serie de años. Sabio consejo de Rajoy.
Volvamos. El desiderátum de este nuevo eje discursivo (PPP más el mundo) se genera a partir de la oportunidad que brinda la “nueva” medición multidimensional de la pobreza al reflejar una disminución de la misma pari passu con la realización de las obras públicas (cloacas, servicios, pavimentos, viviendas, mejoras, etcétera).
“Mientras aumentó la obra pública disminuyó la pobreza”. Una síntesis del marketing PRO. ¿Será?
Poco importa si las obras destinadas a los sectores más postergados se llevan o no a cabo con el sistema PPP, financiado por contratistas extranjeros.
Poco importa porque las concesiones PPP generarían una mayor capacidad de obra pública que se agregaría a la del Presupuesto.
La PPP es un método utilizado en países desarrollado para realizar obras públicas concediéndolas a quienes obtienen la financiación y se hacen cargo del repago.
La “ventaja” para los privados, en nuestra norma, es que el Estado garantiza el 100% del recupero del capital y los intereses, más la utilidad empresaria de las obras y servicios.
Esa garantía se dispara, entre otras razones, toda vez que la obra pública concesionada no obtiene el resultado económico financiero esperado.
Tan seguro como la deuda y más rentable que la obra pública. Para el que administra el Estado la obra se hace y la deuda potencial (aunque generalmente inevitable) no figura como deuda. “Las deudas son de nosotros, las obritas son ajenas”. Con música de Yupanqui.
El relato deslumbra porque, con el nuevo método de medición de la pobreza (con obra pública incluida) se puede bajar la pobreza con obra pública a pagar con deuda y la deuda no figura hasta que se empieza a pagar.
La más resonante de las PPP mereció una impecable editorial de La Nación (11/4/2018), que advirtió la ligereza pública en el proyecto de Red de Expresos Regionales (RER) que comprende la prolongación, bajo tierra, de los trenes que llegan a Constitución, Retiro y Once, hasta una estación subterránea debajo del Obelisco.
La obra civil demandará US$ 3.500 millones siendo que “el tráfico pasante es inferior a 5% de los que llegan a las terminales”. ¿Prioridad?
El RER no tiene evaluación económica ni estudio de factibilidad. Lo pagará un fondo del impuesto al gasoil. Para La Nación, “se trata de inversión pública y no riesgo privado”.
Este ejemplo de las tres P (Participación Pública Privada) pone en evidencia la ausencia: Plan, Prioridades y un criterio consistente de Promoción.
Gobernar exige un plan, formalizar prioridades y procurar promociones.
Sin plan de Gobierno es probable que el interés circunstancial afecte negativamente al conjunto y al largo plazo. Sin prioridades no hay lógica de recursos. Y sin un sistema de promoción, ni las prioridades ni los planes se realizan.
La política exige tener esas tres P y la política honesta (¿podría haber otra?) debe responder a que “el Plan es ética en acción”, como dijo Paul Ricoeur, maestro de Emanuel Macron tan admirado por los PRO. ¿Y si le hacen caso?
En los compromisos inmensos ya contraídos y no prioritarios se encuentra, por ejemplo, la represa “Cordon Cilff La Barrancosa”. Nunca estuvo primera.
Las mismas advertencias que La Nación hizo al RER caben para esta obra definida por los Kirchner y decidida por Mauricio Macri. Y entre los ejemplos de decisiones injustificables, felizmente no puesta en marcha, se destaca el proyecto del tren bala Buenos Aires?Rosario.
Obras de enorme costo, baja rentabilidad, escasa prioridad y cargos a pagar por el Estado, obedecen a gobernar sin plan, sin prioridades y sin promociones apropiadas.
El RER contiene una inmensa promoción oculta que financiará el Estado, al igual que la represa, y esas “promociones” no repercutirán (en proporción a lo que pagaremos y a lo que hemos dejado de hacer por priorizarlas) en la mejora del desarrollo nacional.
La ausencia de plan, prioridades y promoción ha sido el eje dominante de los últimos 40 años. En este período recuperamos, al menos, el consenso del sistema electoral. Y ?aunque cueste aceptarlo? generamos implícitamente un “gran consenso por el estancamiento”.
El Rodrigazo y la dictadura genocida tuvieron la misma visión del mundo y de la economía, y aunque resulte extraño, esa visión ha dominado las gestiones de la democracia a nuestros días. Los “policy makers” desarrollaron, sin saberlo, “el gran consenso argentino del estancamiento” al derogar todas las instituciones que atendían al desarrollo (planea
miento, prioridades, promoción). Eso derivó en estancamiento y pérdida de oportunidades.
Esas PPP “instituciones para el desarrollo” son comunes a la totalidad de los países que crecieron velozmente.
Nosotros somos la rara avis de la economía mundial que hizo desaparecer el organismo de planeamiento (Conade e Inpe), el organismo de financiamiento de desarrollo, y las normas fiscales y financieras de apoyo a la inversión privada de riesgo de largo plazo. Un caso único.
¿Cómo podríamos haber crecido sin ninguna de las herramientas que el mundo utilizó y utiliza para crecer?
Recordemos nuestra real situación. En 1980, nuestro PIB por habitante, estadísticas de agencias oficiales de Estados Unidos, superaba en 27% el promedio mundial. En 2016, nuestro PIB per capita está por debajo del promedio mundial. En 2017, el PIB per capita es igual al de 2011. Estancamiento comparado.
Algunos países (Corea o Taiwán) duplican hoy nuestro PIB por habitante y en 1980 orillaban la mitad.
Hay muchas estrategias que conforman lecciones para el desarrollo. Pero todas, sin excepción, incluyen plan, prioridades y promoción.
En 37 años nuestro valor agregado por habitante ha crecido a una tasa anual que de mantenerse nuestro PIB por habitante se duplicaría en 2096.
Macri propone el triple de crecimiento sin plan, sin prioridades ni promoción, cree poder crecer 3% por año a lo largo de 20 años. Si se cumple ese propósito, duplicamos el PIB por habitante en 43 años. No es ambiciosa, ¿pero es una meta posible? Paradoja: la escasa ambición la hace imposible.
La mitad de los menores de 14 años han nacido en la pobreza o en su periferia. Esa demografía implica un costo social y fiscal creciente, si es que no ocurre una expansión económica tal que pueda absorberla mediante puestos de trabajo de mayor productividad que la media actual.
La clave de la reducción de la pobreza es la distribución primaria del ingreso que surge del trabajo y de su productividad. Esta “clave” es lo que no figura en el “consenso argentino para el estancamiento”.
Desde la crisis del hiperdesempleo se gestó el consenso de que la pobreza se reduce mediante la “distribución secundaria” (y ahora la obra pública), es decir, mediante los mecanismos de ayuda social, sin trabajo asociado a la productividad y a años luz de una productividad promedio mayor que la vigente.
La reducción de la pobreza es, a la vez, el mecanismo de crecimiento del mercado interno. Pero sin incremento de la producción y de la productividad tiene otros impactos que, finalmente, la retroalimentan.
El aumento de la pobreza reduce el mercado interno: es lo que nos pasa o pasó.
La reducción de la pobreza que no se basa en el aumento de la productividad media, genera el modelo de desequilibrio externo. La actual estructura de funcionamiento de la economía hace que, por ejemplo en 2017, cada 1% de crecimiento del PIB se generó un incremento del 5% en las importaciones: inevitable desequilibrio externo.
La solución transitoria del endeudamiento externo sistemáticamente termina en crisis del Balance de Pagos y en el aumento de la pobreza.
La pobreza y el endeudamiento externo tienen el mismo origen: “el consenso argentino por el estancamiento” que une a macrismo y kirchnerismo.
El programa de gradualismo en el crecimiento no es sostenible. La Argentina viable necesita una tasa de crecimiento que, por lo menos, duplique la que el Gobierno imagina para su gestión.
La condición necesaria para lograr esa expansión es, como lo ha sido para todos los países que lo han logrado, tres condiciones a saber.
Primero “planeamiento”, pensar el largo plazo; segundo “prioridades”, pensar en orden al desarrollo y, tercero, “promoción” incentivar la alocación planeada y prioritaria de recursos.
Pero nada de eso es posible sin el desarrollo de otro consenso que reemplace al vigente. “Nada desaparece hasta que se lo reemplaza”, decía August Comte.
El consenso no es la negociación del toma y daca que en la actualidad llevan a cabo gobierno y gobernadores.
El consenso requiere un diagnóstico compartido de los ejes dominantes de la actual coyuntura internacional y un diagnóstico compartido de las decisiones de planeamiento, prioridades y promoción que harán posible un crecimiento que permita sostener el desarrollo interno. El consenso es la consecuencia de la madurez política que conjuga la verdadera PPP.
